Avalancha de casos de discriminación lingüística

Los ataques constantes a la lengua catalana y los casos de discriminación lingüística, es decir, de personas que se ven escarnecida por el solo hecho de expresarse en catalán, en la misma medida que otras personas se ven escarnecida por el solo hecho de ser negras, judías, musulmanas o homosexuales, son una constante. Una constante de la que, como ocurre en los casos de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, sólo conocemos una pequeña parte. Quiero decir que hay infinidad de casos, ya sea porque la víctima no es famosa o porque el hecho no se produjo en un lugar relevante, que quedan escondidos y nadie sabe nada. Cabe decir, sin embargo, que incluso a menudo son las propias víctimas las que, en una muestra clara de sumisión aprendida, las esconden. Tantos años de sometimiento hacen que muchos catalanes agachen la cabeza y que su queja no vaya más lejos de su círculo de amigos o de un simple ‘no hay derecho’. Pero si no hay derecho, hay que dar una respuesta asertiva, tanto en el momento de la agresión como después. En pocos días ha habido varios en diferentes lugares.

El último fin de semana de junio, el entrenador del Tenis Mesa Cassà, Carles Font, fue expulsado durante un partido del Campeonato de España de categorías benjamín, infantil y sub-23, jugado en Blanes, por animar a sus jugadores en catalán. En un primer momento, el árbitro, el madrileño Ángel Mármol Baena, le enseñó tarjeta amarilla y le exigió que hablara en español, pero Font, como es lógico, le respondió: «¿Se puede animar en chino, ruso o en inglés, pero no en catalán? no estoy incumpliendo ninguna norma y así continuaré». Y continuó: «Vinga, Andreu, som-hi!» («¡Aupa, Andreu, vamos!») Ante esto, Mármol le enseñó tarjeta roja y lo expulsó. Incluso, cuando Andreu, de once años, levantó la mano para pedir que se detuviera el partido hasta que todo se aclarara, el árbitro lo amenazó con expulsarlo a él también. De nada sirvió que dos jugadores de otro club intercedieran en favor de Font, ni tampoco la reclamación de este a la juez-árbitro Carmen Torrado, que, a pesar de reconocer que aquello era injusto, se inhibió. Las normas, como sabemos, obligan a dar las órdenes técnicas en español -a eso se llama un Estado plural-, pero no hay ninguna que impida dar ánimo en otras lenguas. Esto es lo que hacen todos los entrenadores del mundo, y la prueba es que los chinos habían hecho exactamente lo mismo en categoría senior y ningún árbitro los expulsó a pesar de no saber chino.

Hay que resaltar, además, que el colegiado Ángel Mármol Baena no es veterano de la época franquista -aunque, al parecer, tendría vínculos familiares en un pueblo de Badajoz llamado Gévora del Caudillo-, sino que es árbitro internacional desde septiembre de 2015, fecha en la que superó el examen en Cambados, Pontevedra. Es triste, por otra parte, que el club de tenis Taula Cassà, de Cassà de la Selva, sea conocido sólo por este hecho que les perjudicó y no por los valores deportivos que transmite a sus chicos y chicas, valores que tienen que ver con el espíritu de superación, el esfuerzo, el sacrificio y el respeto. Es decir, la antítesis de lo que representa Ángel Mármol Baena. Y es que un árbitro deportivo, que con su racismo lingüístico viola los derechos humanos, no sólo no puede ser árbitro de nada, sino que toda federación verdaderamente democrática debería expulsarlo .

Este caso me ha recordado el del entrenador del Vic de tenis de mesa, Enric Aparicio, que fue expulsado por el árbitro Guillermo Muñiz, por animar a la jugadora Mónica Weisz diciéndole: «Vinga, Mònica, ara és el moment!» (¡»Aupa, Mónica, ahora es el momento!»). Es un caso que, aunque se produjo en 1998, lo tengo bien presente porque hablé de él ampliamente en mi libro «Yo no soy español». Ahora he revisado el texto y he visto que, a pesar de los dieciocho años transcurridos, todo sigue exactamente igual.

El 3 de julio pasado, el músico Quimi Portet , en calidad de pasajero de un barco de Baleària, denunció que un camarero se negó a atenderle cuando le pidió «un café con leche». La respuesta, cargada de desprecio, fue esta: «Mira: en gallego, español, francés, inglés, incluso en italiano, te entiendo; en catalán o mallorquín ya no» . Baleària, no obstante, no ha despedido el camarero. Lo único que ha hecho ha sido responder a Portet que, de acuerdo con su Código de Conducta y Ética Empresarial, «velará siempre por garantizar el mejor servicio y respeto a todos sus clientes». Pero esto es mentira. Mentira en mayúsculas. Recordemos que en agosto del año pasado, el músico Cris Juanico fue acusado por el personal de Baleària de faltarles el respeto por dirigirse a ellos en catalán a la hora de tramitar la tarjeta de embarque. Incluso, al ver que él se negaba a hablar en español, llamaron a la policía. En ese caso, Baleària dijo exactamente lo mismo que ha dicho ahora: mentiras y más mentiras.

El 6 de mayo, Mercè Teodoro y Peris, abogada colegiada ICAV 6846, denunciaba haber sido víctima de discriminación lingüística por parte del Juzgado de primera Instancia núm. 1, de Sagunto (Camp de Morvedre), que le exigía una traducción al español de un documento, contraviniendo así la legislación internacional, la del País Valenciano y la del Estado español, que establece que todas las partes, incluidos testigos y peritos, tienen derecho a utilizar la lengua o lenguas oficiales en el territorio. El día 6 de este mes de julio, en la Universidad de Elche se podía leer este cartel: «Por favor, diríjanse al personal del edificio en castellano». Marta Geniüda, la estudiante que lo denunció, ha sido escuchada por Acció Cultural del País Valencià, que ha pedido explicaciones al rectorado de la Universidad.

El 10 de julio, una madre, la señora Lioba Costa, denunció que un socorrista de la playa de la Fosca, en Palamós, se negó a atender a su hijo porque le hablaba en catalán: «no te entiendo y no vendré», le respondió. Y al día siguiente, en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Drassanes de Barcelona, ​​una enfermera no quiso atender a un paciente, el señor Rubén J.M, porque le hablaba en catalán. «¡Fuera de la consulta!», le dijo. El racismo lingüístico es así . La señora Costa lo ha denunciado al Ayuntamiento, al Síndic de Greuges y al colectivo Drets.cat, y el señor Rubén llenó la hoja de reclamaciones, lo ha denunciado a la Plataforma por la Lengua y también irá al Síndic de Greuges. Pero ya vemos que estamos atrapados en un círculo vicioso llamado Estado español. Un Estado español que viola sistemáticamente los Derechos Humanos, odiando, despreciando, discriminando, agrediendo y escarneciendo a personas en función de su origen. Zarpar de un Estado así no es sólo una cuestión de supervivencia, es también una cuestión de principios.

EL MÓN