El condecorador de vírgenes quiere ser embajador

«España es así y no cambiará. Es la consecuencia lógica de haber dejado de ser un país para convertirse en una religión»

La figura del ministro Jorge Fernández Díaz en el marco de la política española ha levantado mucha polvareda en Cataluña; lo ha hecho porque sus acciones responden punto por punto al manual de un hijo ideológico del franquismo y también porque no sólo no ha dimitido sino que tampoco ha sido destituido después de que saliera a la luz la llamada ‘Operación Cataluña’, que él orquestó desde el ministerio del Interior para desacreditar a los políticos de Convergencia y de Esquerra y a otras figuras y entidades de la sociedad catalana, como Carme Forcadell, Muriel Casals, ANC u Òmnium Cultural, además de varios ayuntamientos. Sin embargo, sin negar ni una brizna de razón a los catalanes que se han indignado ante tanta inmundicia, hay que extraer, aunque sea con la nariz tapada, los aspectos positivos que se derivan del hecho de que el totalitarismo se ahogue atrapado en sus propias defecaciones. Ya lo dice el presidente Puigdemont: «La cloaca del Estado no tiene quien la depure». Y la ‘Operación Cataluña’ es un buen ejemplo de ello.

La ‘Operación Cataluña’ es el vivo retrato de la impotencia. Impotencia para crear tan siquiera una fábrica de falsedades y mentiras de un nivel que supere a Pepe Gotera y Otilio (Fernández Díaz y Daniel de Alfonso), que con sus ‘chapuzas a domicilio’, dibujadas por Ibáñez, eran una metáfora del franquismo; impotencia para asumir que un Estado no puede ser nunca una cárcel de pueblos; impotencia para entender que es en la criminalización de las urnas y de los políticos que las respetan donde radica la verdadera criminalidad; e impotencia intelectual para poder vencer democráticamente a Cataluña. Y es que el Estado español, imposibilitado para usar su herramienta más característica y tradicional, las fuerzas armadas, se siente perdido en una época y en un contexto geopolítico en el que los conflictos se dirimen votando y no aplastando. No es extraño que aún ose decir que Gibraltar «es España» y que intente aplastar la firme voluntad de los gibraltareños, de ser británicos. Y tampoco es extraño que en pleno 2016 el Tribunal Constitucional se remita al Decreto de Nueva Planta de 1707 para justificar la eliminación del derecho civil valenciano. Estamos hablando de un Estado que aún vive en el siglo XVIII.

Situados en este punto, es normal que Jorge Fernández Díaz sea un hombre frustrado. Nacer tres siglos y medio más tarde de la época deseada le ha marcado profundamente. El, conspirando contra Cataluña y urdiendo tramas e instrucciones secretas del Consejo de Castilla para abatirla, se habría sentido realizado en la corte de Felipe V. Pero llegó tarde y se tuvo que conformar siendo el condecorador de vírgenes de la corte de Felipe VI. Condecorador-embajador, quizás, ya que anhela ir al Vaticano. Será que también quiere condecorar a Dios.

En febrero de 2014, Fernández Díaz condecoró a la Virgen María Santísima del Amor, con la Medalla de Oro al Mérito Policial y una pensión económica. Esto último, sin embargo, no se hizo efectivo porque la Virgen, al parecer, no aceptó dinero. Tampoco lo aceptó la Santísima Virgen de los Dolores de Archidona, de Málaga, al ser condecorada el día de Hispanidad del año siguiente, en 2015, por su «colaboración con la Guardia Civil». El cargo de condecorador de vírgenes, como vemos, es bastante adecuado para un hombre del Opus Dei que afirma que mantiene diálogos muy interesantes con su Ángel de la Guarda, que se llama Marcelo, y que hace profundas meditaciones cerca de la tumba de Franco en aquel mausoleo fascista llamado Valle de los Caídos, que es centro de peregrinación de franquistas, falangistas y neonazis.

Pero las hazañas de Fernández Díaz, en calidad de condecorador del imperio de la señorita Pepis, no se acaban aquí. También condecoró a su confesor, Silverio Nieto Núñez, hombre cercano al Opus Dei y responsable de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española, y honró con el título de Comisario Honorífico al periodista Francisco Marhuenda, director de La Razón, por los servicios que presta día tras día al nacionalismo español. En este caso, sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía Nacional presentó una querella contra Fernández Díaz por un delito de prevaricación, dado que era una condecoración arbitraria y hecha «sin explicación ni motivo que sirva de fundamento salvo razones personales», pero no tuvo éxito y fue archivada por el Tribunal Supremo, algo lógico tratándose de un Estado en el que lo que de verdad progresa judicialmente son las querellas contra los políticos catalanes que permiten que la gente se exprese a través del voto.

Recordemos, por otra parte, que Fernández Díaz fue el ministro que permitió que se dispararan balas de goma y gases lacrimógenos contra los inmigrantes subsaharianos que el 6 de febrero de 2014 intentaban llegar nadando a la playa del Tarajal, en Ceuta, con un resultado de quince muertos. Incluso el capitán que comandaba los agentes cogió él mismo un fusil y disparó varios tiros para «dar ejemplo». ¿Qué hay más repugnante y racista que eso?

Ahora sabemos que el año 2012, en el marco de la Operación Cataluña, se creó una brigada política para llevar a cabo todo tipo de operaciones ilegales y montajes policiales que criminalizaran al independentismo. No sólo sabemos eso, también sabemos los nombres principales de la brigada: Eugenio Pino (factótum de Fernández Díaz), José Ángel Fuentes Gago (jefe de Gabinete), Marcelino Martín-Blas (jefe de Asuntos Internos), José Luis Olivera (jefe de la UDEF), Enrique García Castaño (jefe de Información), y el confeso José Manuel Villarejo.

Todo este estado de cosas muestra al Estado español como un Estado profundamente corrupto y antidemocrático, a la cola de la Unión Europea, en el que no sólo no dimite nadie, por execrable que pueda ser su gestión política, ni se producen destituciones por principios éticos y morales, sino que el delito es premiado electoralmente por el grueso de una sociedad que acepta que los políticos delincuentes tengan garantizado un opulento futuro económico, una sociedad que se muestra indiferente ante el asesinato de personas, a manos policiales, por el solo hecho de ser inmigrantes, y que aprueba que el Estado manipule las elecciones catalanas impidiendo el voto de los residentes en el extranjero, o la coacción a directores de periódico para que publiquen falsedades sobre los líderes independentistas, o la criminalización de personas por razones ideológicas. Todo, como confesó Jorge Fernández Díaz, se hacía con el visto bueno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, naturalmente, no ha dimitido, que ha vuelto a ganar las elecciones y que, sin ningún tipo de presión social en contra, aspira de nuevo a ser investido presidente de su país. España es así y no cambiará. Es la consecuencia lógica de haber dejado de ser un país para convertirse en una religión.

EL MÓN