La inhabilitación de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, por parte del Estado español, no sólo es perfectamente posible sino altamente probable. Sólo una brizna súbita de inteligencia, un relámpago de materia gris en esa Castilla que desprecia todo lo que ignora lo podría evitar. Pero es muy difícil, porque la política española no está regida por la inteligencia, sino por el espíritu de la tauromaquia, que se basa en la exhibición de unos genitales voluminosos bajo unos pantalones ajustados y en el sometimiento de un toro torturado y agonizante en la plaza. Así es como quieren a Cataluña. Y la inhabilitación de la presidenta de la máxima institución del país forma parte de la falografia de la cuestión.
La tauromaquia, como Fiesta Nacional de España, y el machismo que la acompaña, expresan muy bien la mentalidad y el carácter de quien está detrás. El solo hecho de que una gente, para reafirmarse, necesite marear, martirizar y matar un toro, dice mucho más a favor del toro que de la gente en cuestión. Pero no hay nada que hacer. La tauromaquia y el machismo están mucho más unidos que Vilanova i la Geltrú o Ezkio-Itsaso, y la prepotencia falocrática española no dialoga, eso es de cobardes o de mariquitas, sólo aplasta. Cataluña es el toro, y Carme Forcadell -como todos los miembros del anterior gobierno catalán criminalizados por poner las urnas al servicio de la ciudadanía-, son las orejas y el rabo. El problema es que el Estado, en su paroxismo nacionalista español, pretende cortar las orejas y el rabo del toro no sólo antes de matarlo, sino justamente cuando está más vivo que nunca. ¡Cómo está el mundo!
Cree esta gente, en su delirante escalada de amenazas -el vocinglero Xavier García Albiol es su reresentante más notorio-, que la suspensión de la autonomía de Cataluña resolvería el «problema catalán». Tal como quien dice: muerto el perro se acabó la rabia. Después de todo, ya se ha demostrado sobradamente que en este Estado no hay que cometer ningún delito para ingresar en prisión, y menos para ser inhabilitado política o profesionalmente. Muchísimos ciudadanos vascos de izquierdas fueron inhabilitados en el País Vasco, en 2009, para que no pudieran presentarse a las elecciones y facilitar así la victoria, hasta entonces imposible, del nacionalismo español. Todo un fraude electoral. El mismo fraude que ahora se lleva a cabo con la inhabilitación de Arnaldo Otegi, una persona que ha estado en prisión seis años y medio por haber conseguido que ETA abandonara la violencia. Y tenemos también el caso del juez Santi Vidal, inhabilitado por redactar, en su tiempo libre, una hipotética Constitución de Cataluña. En España no se inhabilitan los jueces por corrupción, los corruptos pueden seguir en activo, se les inhabilita, como en los regímenes dictatoriales, por escribir textos democráticos en su casa.
Así las cosas, la inhabilitación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, acusada de permitir que los parlamentarios parlamenten -¡donde se ha visto!-, Es perfectamente factible. ¡Por supuesto que sí! Otra cosa es que la medida sea efectiva. Naturalmente no lo será. Pero ya hemos dicho que es difícil esperar inteligencia de aquel que se ha reafirmado toda la vida por medio de la fuerza. La inteligencia dice que no hay ninguna base jurídica democrática que ampare la medida, y también dice que será desacreditada por los tribunales internacionales. Además, es ridículo pensar que la persona que la sustituya no hará exactamente lo mismo, y luego otra, y otra, y otra… ¿Cuál es la ganancia, si además añadimos la degradación -todavía mayor- de la imagen internacional de España? Incluso puede pasar otra cosa, y es que, diga lo que diga el Estado, Cataluña haga como quien oye llover y mantenga a Forcadell en el cargo. Los actos de soberanía empiezan así, y este sería uno ejemplar. Sobre todo ante una violación tan flagrante de los Derechos Humanos, como es decir a un Parlamento de qué puede hablar y de qué no puede hablar inhabilitando la titular del cargo que ha permitido este parlamentarismo.
El Estado español debería reflexionar sobre su manía de llevar tantas veces el cántaro a la fuente: inhabilitación del juez Santi Vidal, inhabilitación de Carme Forcadell, inhabilitación del presidente Mas, inhabilitación de la exvicepresidenta Joana Ortega, inhabilitación de la exconsellera Irene Rigau, inhabilitación del exconseller Francesc Homs, inhabilitación de la autonomía de Cataluña… Con tanto ir el cántaro a la fuente sucede que se rompe, y entonces quien está inhabilitado para llevar nada de nada, ni tan siquiera un cántaro, es justamente el obsesionado portador.
EL MÓN
