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Democracia y legalidad PDF Imprimir E-mail
Mikel Sorauren   

“QUOD REGI PLACUIT, LEGIS HABET VIGOREM”. Traduzcamos el adagio latino de esta manera: es ley lo que agrada al rey. Viene a cuento a propósito del debate generado por la cuestión catalana, cuando desde las instancias madrileñas se aduce como argumento definitivo la necesidad de atenerse a la legalidad para solventar el conflicto. Y no deja de suscitar la risa, en la medida que tal solución evidencia la sinrazón española en la manera de abordar el conflicto. El problema de la cultura política española lo constituye la inconsciencia histórica de sus dirigentes, por resistirse a reconocer que toda legalidad es la normación de una situación de hecho, de poder efectivo. Lo peor para esta gente es no haber aprendido de su experiencia colectiva, circunstancia que hace correr el riesgo a España de volver a repetir su Historia de desencuentros y fracasos, cuando los españoles han encontrado en frente a quien ha tenido más fuerza que ellos para decidir la ley. Esta circunstancia no constituye un hecho excepcional en sí mismo. Son muchos los imperios que se han topado con una sirvienta respondona y más fuerte; igualmente son muchos los que han aprendido la lección. No voy a negar que la constitución española constituya un sistema legal; claro que necesita ser reconocido por aquellos a quienes se pretende aplicar, o en su caso un instrumento de fuerza -ejército, policía- capaz de imponerlo. A decir verdad, no es esta la cuestión, o no lo debería ser.

Ha transcurrido mucho tiempo desde que Locke afirmase el derecho del individuo -y de toda colectividad- a la autodeterminación -capacidad absoluta para regirse-. También es largo el tiempo pasado desde que los representantes de las colonias inglesas en América, o el Tercer Estado francés proclamasen que la soberanía era competencia propia y rompieron toda legalidad anterior que los ligase al poder del monarca o Inglaterra en su caso. Fueron situaciones de hecho, aunque para la cultura democrática signifique mucho más. Las dos manifestaciones, americana y francesa, se han constituido en referente para la cultura política universal por representar la afirmación voluntaria de dos presuntas colectividades que reclaman para sí mismas el derecho a auto-regirse. Constituyen la expresión última de lo que se denomina Estado de Derecho para los seres humanos contemporáneos. En el debate desarrollado a propósito de la cuestión catalana -acepto denominar de esta manera al galimatías de gallinero de los medios de comunicación españoles- se ha obviado por completo este particular. No voy a descalificar de entrada a nadie como ignorante a la manera que lo ha hecho el guerrero A. Pérez Reverte con Assange ante la posibilidad de que aparezcan carros de combate en las calles de Cataluña. En cualquier caso, no sería un hecho insólito. Lo que no tiene en ningún caso justificación es la pretensión española de obstaculizar hasta el final que una comunidad humana manifieste su deseo de asumir con total plenitud lo que es la autodeterminación. Tal vez nos debamos felicitar por la no presencia de los tanques en las calles. No obstante, tenemos que aceptar la amenazadora presencia de la guardia civil requisando urnas o papeletas. No se puede afirmar que nos encontremos seguros. Los picoletos -aunque no tocados por el tricornio- han sido enviados por ¿los jueces? que importa que las órdenes hayan salido de audiencias ¿nacionales? Finalmente es el discurso monótono de Sáez de Santamaria y de Rajoy, a quienes animan el País, el Mundo y toda la ralea de “pensadores” que tienen muy claro lo que sea España.  Hemos asistido a la ceremonia de confusión más absurda en que la que han se implicado políticos, intelectuales y demás, todos ellos empeñados en enunciar los disparates de mayor envergadura frente a un hecho que representa el principio inicial de un sistema de derecho y democrático, al nivel de lo que en matemáticas es el dos más dos…

A la objeción de la administración española que acusa de ilegal la iniciativa del Govern de Catalunya, no cabe responder, sino que esa legalidad la constituyen las mismas instituciones catalanas declarándose supremas sobre cualquiera otra que intente interferencias. Sucede como a raíz de la proclamación de la Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica o de los Estados Generales franceses proclamándose Asamblea Nacional de Francia. Lo que parece carecer de sentido es el batiburrillo de afirmaciones gratuitas de la política española ¿Se nos quiere convencer de que el procès de Catalunya no tiene justificación, ni va a ninguna parte? ¡Señores, que llueve sobre mojado! Peor aún. El pensamiento español está haciendo aguas, menores y fecales ¿Quién es la brillante mente que reclama que la decisión corresponde a todos los ciudadanos españoles? ¿No recuerdan algunos a los franceses insistiendo en que Argelia era irrenunciablemente francesa? ¡Los catalanes son unos rácanos que no van a poder financiar su Seguridad social, ni van a ser aceptados en Europa! ¡No tengan miedo!  ¡Columnas del firmamento más poderosas han caído…! ¿Acaso no ha experimentado modificaciones el mapa europeo en los últimos tiempos? España no parece comprender que a ella le toca la primera por ser la más débil. Algunos ya se dieron cuenta a raíz de la desaparición del Imperio soviético. Intentaron frenar el proceso. No llegaron a entender -al igual que no lo entienden las sociedades europeas occidentales- que sus imperios eran construcción artificial. La Historia -la existencia humana, mejor- sigue su curso. No se hunde el mundo. Lo grave es la resistencia que algunos se empeñan en ejercer a que los factores de esa existencia cumplan su cometido ¿Qué importa que España y Francia no existan como Estados en los siglos venideros? No me repliquéis, por favor. Que sean las generaciones que nos sigan quienes decidan lo que a ellos les convenga.