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Yagüe en la diagonal de nuevo PDF Imprimir E-mail
Mikel Sorauren   
Sábado, 23 de Septiembre de 2017 09:17

Abrigábamos nuestras dudas, no porque creyésemos que los políticos españoles hubiesen modificado sus parámetros culturales y de actuación; sino por pensar que la imagen de la fuerza e imposición ante sus congéneres europeos contendría a tales políticos y las fuerzas vivas a quienes representan. Es cierto que todavía no hemos visto a Espartero caracoleando en su corcel, pero como se suele decir; las tragedias y las farsas se sabe cómo empiezan, no como terminan. La realidad muestra la profundidad de la equivocación española, siempre dispuestos los dirigentes españoles a repetirla, porque siempre les interesa olvidarla. Hoy me viene al recuerdo una imagen ya vieja de la Guardia Civil desfilando. Tenía lugar el desfile en la capital -Santa Isabel, hoy Malabo- de Guinea Ecuatorial. Era finalmente el desfile de despedida del colonizador español. Tras más de un largo siglo España se veía obligada al abandono de un Imperio que no sobrepasaba lo simbólico. Únicamente la obstinación de una potencia europea segundona, que pretendía ocultar su impotencia mediante el control de territorios residuales, incrustados e inapreciables en los grandes espacios sometidos a las grandes potencias; Inglaterra, Francia, Alemania, Italia…, Portugal…, permitió a España la consideración de potencia colonial. A decir verdad, esta miseria no liberó a los sectores más pobres de la población de las molestias y el dolor que acompañó siempre a los jóvenes llamados a ser héroes en las conquistas coloniales a las que fueron forzados. Annual, dos decenios después de que la anterior generación hubiera dejado en Cuba y Filipinas, salud y vida, por el capricho de un rey -Alfonso XIII- que se guardó de llevar a España a la Primera de las Guerras mundiales, únicamente por la negativa de Inglaterra y Francia a que Portugal fuese incorporada al Imperio español. Fueron miles los jóvenes de las clases bajas quienes murieron preferentemente en Annual y Monte Arruit, Barranco del Lobo. Se resalta igualmente que los guardiaciviles proceden de las regiones españolas con menores posibilidades económicas y renta menor. También es cierto que los rifeños eran gente pobre, que reclamaban la libertad de su Pueblo, como lo siguen haciendo hoy en día ¡Me echo a temblar ante la posibilidad de que los acontecimientos actuales pudiesen tomar una deriva similar, en la que gentes de lo más bajo de la escala social se viesen como enemigos a consecuencia de la cuestión de la libertad nacional! ¡Nada nuevo bajo el Sol!

Cuando se aborda la cuestión de Catalunya o de Navarra, aparece siempre el prurito de insistir en la falsedad del sometimiento nacional de ambas Naciones. Los pensamientos suelen traicionar a los mentores, como Cuando Alfonso Guerra llega a afirmar, con la prepotencia a que nos tiene acostumbrados, que… “nos hemos cepillado el Estatuto”… ¿Quién se encuentra en condiciones de cepillar, sino el que domina? El paso dado por el Gobierno de España representa un acto de extrema gravedad, por colocar el contencioso en la pendiente que facilita el choque de las partes. La Guardia Civil es una fuerza armada, su organización la tiene preparada para el enfrentamiento en última instancia. La experiencia muestra que los supuestos de no utilización de las armas, cuando estas se encuentran preparadas, se resuelven finalmente con demasiada frecuencia en la utilización no prevista de las mismas. En todo caso el hecho de intimidación que supone la utilización de fuerza armada en contra de una institución representativa constituye un agravio en contra de una representación política del correspondiente colectivo social. Es una amenaza bélica, que en definitiva enfrenta a dos colectividades, la que es amenazada y la que se permite la amenaza, porque igualmente la autoridad que ha ordenado la intervención de fuerza siente disponer también de la legitimidad, de la que cree disponer porque el ordenamiento jurídico le concede una situación de superioridad.

En el punto en que nos encontramos parece suicida recurrir como argumento decisivo a una legalidad que no deja de ser resultado de una coyuntura en la que las partes no se encuentran en condiciones similares en la defensa de sus intereses. Nadie en su sano juicio puede defender que el actual marco jurídico del Estado español es resultado de la libre confluencia de los intereses diversos de quienes alcanzaron el denominado consenso en 1978. De haber sido eso cierto la aceptación del refrendo constitucional hubiera tenido otras cifras. Las graves contradicciones que presenta el texto constitucional constituyen la prueba más concluyente. Un texto que establece la indisoluble unidad de España contradice el derecho de toda colectividad a elegir el camino que considere más conveniente en el terreno de lo que debe ser la configuración de un Estado. El derecho internacional que únicamente están legitimados para proclamarlo las instituciones internacionales, como puede ser la O.N.U., reconoce el derecho absoluto de autodeterminación. El artículo 2 de la Constitución española que niega tal derecho fue resultado de las imposiciones franquistas, carentes de toda legitimidad. No puede prevalecer ante unos derechos previos e irrenunciables, reconocidos por el derecho de gentes, al que dice atenerse el actual régimen jurídico español.

No es momento de entrar en cuestiones que hacen referencia a posibles situaciones de privilegio nacional, especificidades de idiosincrasia o posicionamientos políticos pasados. Cualquier cuestión que responda a el interés ventajista de una colectividad sobre otra, a la realidad de la imposición cultural o política, puede ser revisada desde los intereses particulares de quien observa la realidad. También puede ser analizada desde una perspectiva imparcial, esto es; de quien no tiene parte en el conflicto… Lo que es incuestionable es el derecho de todo colectivo a la autodeterminación, a la capacidad, no ya de decidir, sino de ser el dueño de sus destinos. No deja de ser llamativo que en el terreno civil se acepte el derecho a formar sociedad con quien se tiene interés, sin llegar a perder nunca la capacidad para deshacerla y que se niegue al ser humano, individual o colectivamente a elegir con quien quiere establecer su unión política. Que no se conceda la libertad política, para constituir una colectividad, al individuo o a todo colectivo, representa uno de los hechos de máxima gravedad política, causa primordial de los conflictos que han convulsionado a la Humanidad a lo largo de la historia ¡Esta, señores, es la cuestión en que nos encontramos!