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No eludamos la cuestión PDF Imprimir E-mail
Mikel Sorauren   
Viernes, 29 de Septiembre de 2017 16:46

Se entiende la incomodidad de la intelectualidad española, cuando se evidencia una vez más el aspecto autoritario de España ante la cuestión catalana. El problema que afecta a España no tiene sino una única manera de resolverse desde la perspectiva democrática, solución que pasa por dejar libertad a la parte que se queja de su situación, cuando reclama la libertad de decidir; hasta conseguir la autodeterminación, de manifestarlo la mayoría del colectivo que constituye, sin tropiezos de parte de ninguna entidad o colectividad ajena. Que quien se siente incómodo sea Álvarez Junco evidencia el limbo en el que han intentado vivir tantos españoles, particularmente intelectuales que proclaman como suyos los valores de la libertad y tolerancia definidos como propios por la cultura occidental contemporánea. Sobre el papel no presenta ninguna dificultad aceptar el derecho de un colectivo nacional a tomar el control de su destino. Resulta sencillo, por poner un caso, aceptar el derecho a constituir un Estado por parte del pueblo tibetano; es igualmente sencillo descalificar al Estado chino por la actuación que lleva a cabo sobre un territorio y su población que de forma tan evidente ha mostrado a lo largo de la historia su especificidad y resistencia a ser dominado por la fuerza de parte del imperio chino, que únicamente ha podido imponer su autoridad en fecha tan tardía como el siglo XVIII.

Cuando nos deslizamos por una argumentación de esta índole, corremos el riesgo de incurrir en afirmaciones ridículas. Es necesario un conocimiento exacto del hecho catalán -se afirma-. A lo largo de la historia de España Catalunya ha sido parte importante en las empresas españolas de conjunto. América, la reconquista, la francesada…  Los catalanes han constituido parte fundamental en los momentos más decisivos de España y manifestado su solidaridad con el conjunto nacional. Representa esta argumentación una perspectiva parcial y muy poco honesta. Llamativo el interés de determinadas corrientes del pensamiento en hacer definitivas las actitudes de una colectividad habidas en el pasado, que parecen negar el derecho de un colectivo nacional a la toma de decisiones en cada momento de su trayectoria histórica, como si el citado colectivo careciese del derecho a volver sobre sus pasos.  De mayor gravedad parece que se cuestionen las condiciones de una consulta democrática en la toma de decisiones, cuando las mismas son resultado de la interferencia en el proceso de quien niega la legitimidad para su realización, porque ha decidido de entrada que la misma no puede tener lugar, al contradecir un sistema jurídico que ha impuesto el poder dominante extraño. En una cultura que se califica de sujeta al Estado de Derecho, entendiendo por este -como no puede dejar de ser en el mundo occidental y europeo- el refrendo democrático y voluntad inequívoca de quienes son considerados ciudadanos, cualquier principio de ordenamiento jurídico pasa por la voluntad conjunta de los miembros del colectivo, expresada de forma mayoritaria mediante las urnas. Quienes se oponen a una solución de esta índole incurren en un permanente sofisma. Parece peor este hecho en el caso de que se sea consciente de la realidad histórica que ha llevado a la situación conflictiva que nos ocupa. El caso de Catalunya es paradigmático. Se encuentra constituida por una población de personalidad definida a lo largo de muchos siglos, sobre un territorio claramente definido. En muchas ocasiones ha dado muestras de su desasosiego por sus lazos jurídicos y administrativos con el Estado español; desasosiego que se ha manifestado en conflictos abiertos, precisamente como resultado de las decisiones tomadas por las instituciones españolas, entendidas como contrarias a los intereses económicos y materiales en general, al igual que los culturales, ignorados, cuando no despreciados por los rectores del Estado desde la capital del imperio, Madrid. Es claro que no nos encontramos ante un hecho aislado, si se tiene en cuenta la situación de Navarra; territorio este igualmente sometido, privado de su sistema jurídico institucional, que ha sufrido igualmente la destrucción de su cultura. Constituye también otro caso de sometimiento y sujeción a un poder extraño e imperial como el representado por España. La Inteligentsia española parece olvidar la trayectoria de un Estado como el español. La existencia de este se ha caracterizado con el conflicto con naciones y Estados diferentes. La misma constitución de su imperio,…”en el que no se ponía el Sol”… expresa de forma meridiana el rasgo más definitivo de una potencia venida a menos, que no ha aprendido otra cultura que la del espolio, obligada en la actualidad a practicarlo sobre un espacio limitado, como es el de la parte de la Península Ibérica sobre la que proclama su soberanía y en medio de una Europa de la que ha pretendido pertenecer al grupo dirigente, aunque la realidad la ha puesto en su sitio, concediéndole la importancia que presenta por sus dimensiones territoriales y humanas, pero sin la potencialidad que en nuestros tiempos dan únicamente una economía vigorosa y puntera. Lo más alejado de la realidad especuladora y corrupta que presenta el Estado español. Aquí radica la enfermedad de España; no en las aspiraciones nacionales de colectivos como Catalunya o Navarra, hartos de que se les haya reducido a territorios a espoliar en sus recursos y producción con la monserga de la…”convivencia de siglos”… mientras se las califica de privilegiadas por el simple hecho de reclamar que no se las supedite a los intereses del Estado y no se despilfarren unos recursos de los que ellas son las primeras necesitadas ¡Basta ya de amenazarlas con la ruina, en el caso de que decidieran asumir su destino y autodeterminación respecto a España! ¡Qué credibilidad pueden tener una argumentación sobre la capacidad de estas naciones salidas de quienes han impuesto su ley y exaccionado sus recursos durante siglos!

No hay otra cuestión y problema que el referido a la voluntad de las colectividades nacionales. Las objeciones que puedan hacerse a las dudas o negativas de determinados sectores o personas no deben en ningún caso ser un impedimento, a la hora de que el conjunto del colectivo manifieste su decisión al respecto. La mayor parte de tales objeciones responden a la deshonestidad de quien ejerce su dominio no querido sobre el territorio y población que reclama se le deje manifestar su deseo. Cualquiera de las razones ocultas y falsedad de planteamientos que son habituales en los medios españoles en contra de políticos, partidos y demás catalanes son de mejor aplicación en el caso de los españoles, empezando por el mismo de la legalidad. En cuanto a los derechos individuales o de colectividades menores integradas en la sociedad catalana, constituyen objeto a tratar en el marco de la jurisdicción de la misma Nación catalana. Los españoles deben asumir que España no puede en ningún caso erigirse, ni ser, garante de ningún derecho individual y colectivo, porque su actuación se encuentra precedida por la agresión e imposición. Por citar únicamente tres; la de 1713 de la mano del Borbón Felipe V, la de 1842 de la mano del general Espartero y la de 1939 mediante la invasión de Barcelona por parte del ejército franquista dirigido por el general Yagüe… y renuncio a enumerar otras…

Álvarez Junco y quienes desde una perspectiva española intentan argumentar frente al proceso de separación que tiene lugar en Catalunya deben empezar a reconocer esta realidad que en definitiva es la razón última de la confusión que en el día parece presentar la cuestión. Prescindo por el momento de pronunciarme sobre lo acertado o no de la actuación de quienes han llevado adelante el proceso catalán. Quienes menos legitimidad tienen para hacerlo, son, desde luego, quienes se han opuesto al mismo desde su cargo político o dentro de la administración española, que ha juzgado ilegal el procedimiento; lo mismo puede afirmarse de quienes desde su posición social, como pueden ser los que ejercen de intelectuales, periodistas, o desde cualquier situación de preeminencia se han opuesto a lo que constituye sin más el derecho fundamental de los individuos y colectividad que conforman. Estos tienen el derecho de hasta confundirse. Nadie lo tiene el de impedir que lleguen a tal situación.