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Tambores de conflicto PDF Imprimir E-mail
Mikel Sorauren   

Me invade el temor de que la situación presente pueda escaparse de las manos a los responsables públicos. La permanente asunción de riesgos por las partes en presencia -Catalunya y España- podría alcanzar un punto de no retorno en la acumulación de medidas que impida la vuelta atrás. La llamada a la cordura y diálogo parece una simpleza. Suena hermoso aludir a adagios como el de…”dos no riñen, si uno no quiere”…, cuando el conflicto es resultado de una permanente situación de dominio y humillación. Porque es obligado reconocer que Catalunya ha soportado las dos con el “Seny” que han encomiado tanto quienes hoy se irritan ante el giro adquirido por el procès.

La aparente inacción del Gobierno de España ocultaba la decisión de una intervención en toda regla, que se pretendía disfrazar detrás de la no exposición manifiesta de los instrumentos de fuerza que se preparaban ¿Quién puede tener la seguridad de que no vayan a ser empleados? La gravedad que revisten estos hechos se nos aparece en la voluntad de doblegar a una colectividad nacional que ha confiado en el extorsionador e intentado acomodarse a los presupuestos de este. Es este un aspecto que los españoles olvidan una vez más. Se insiste en el acuerdo con el que los catalanes participaron en el consenso de 1978. Al margen de la exactitud de esta percepción, es igualmente cierto que Catalunya recibió garantías de que sus reivindicaciones colectivas serían atendidas; luego vino la lamentable renovación del Estatuto ¿No había esperado Catalunya por más de un cuarto de siglo? ¿No planteaba con ese mismo estatuto mantener un status dentro del Estado autonómico? ¿Con qué se encontró? Con el cepillo del P.S.O.E. y el recurso ante el constitucional mediante el que el P.P. pone en su sitio a quienquiera que levante el dedo, gracias a la “independencia” de sus jueces amigos.

Convendrá recordar que las reivindicaciones catalanas no han pretendido siempre llegar a una situación de secesión de España -como agrada decir a muchos-. El mismo presidente Compains declaró la Republica de Catalunya en el marco de una España federal. Es el federalismo lo que ofrecen determinadas corrientes políticas españolas como solución al problema nacional ¡Nunca hemos podido contemplar ninguno de tales proyectos! Por el momento todas las propuestas que han sido planteadas a España -incluido el denominado “Plan Ibarretxe”- se han mantenido en un marco que implicaba la Soberanía de España. El portazo, o el cepillado, han sido la única respuesta, en tanto Navarra y Catalunya sentían su marginación de parte de las élites españolas. La responsabilidad de que la situación haya llegado a este punto corresponde a la tradición cultural española, nunca dispuesta a la menor concesión. Los dirigentes españoles se resisten a entender que Navarra y Catalunya, igual que otras Naciones, aspiran a que no se obligue a sus ciudadanos a soportar el desbarajuste que ha caracterizado históricamente a la gestión de los recursos ajenos por parte de España. Es la corrupción, en realidad la manera en que se manifiesta históricamente la prepotencia de unos gestores -los españoles- que tienen la osadía de enseñar el ladrillo de oro de Felipe II en lo alto del Escorial, paradigma del despilfarro. Ni Catalunya, ni Nafarroa, soportan una actitud semejante. Que se las considere privilegiadas constituye un insulto en un Estado europeo que se pavonea por contar con casas nobiliarias que pueden humillar a la Reina de Gran Bretaña. Al margen de las limitaciones de un suelo que se dice pobre, pero que ha sido la base de un gran Imperio, no es de recibo que no haya tenido lugar la imprescindible reforma agraria que posibilitaría el crecimiento de esos territorios considerados necesitados de una ayuda que no sobra a aquellos en los que si se han producido las reformas socio-económicas que siguen los senderos de Europa, como son los casos de Nafarroa y Catalunya. El discurso de la insolidaridad con la que se recrimina las aspiraciones nacionales de estas Naciones no busca, sino ocultar los planteamientos imperialistas de un proyecto de Nación y Estado -España- que se sigue revelando nocivo para los sometidos y estéril para los intereses de las colectividades en los que se pretende justificar el citado proyecto.

Resulta repelente la llamada a la convivencia entre humanos y colectividades nacionales. Tal convivencia en ningún caso debe ser equiparada a la sujeción del esclavo. Han transcurrido ya dos siglos y más, a partir de que la teoría política y los principios proclamados del ordenamiento jurídico de los Estados afirme el derecho de los Pueblos a la autodeterminación -la capacidad efectiva para autorregirse-. La superación de la Soberanía como poder que no reconoce superior no puede tener lugar, sino en el marco del reconocimiento de la libertad de las Naciones. Algunos podrán insistir en que la autodeterminación como derecho de un Pueblo a configurar un nuevo Estado no es reconocida de facto por ningún ordenamiento jurídico vigente y es rechazada de manera positiva por los Estados e Imperios en los que aparece el citado contencioso. Es posible, o cuando menos constituye una situación bastante insólita. Rajoy y quienes se manifiestan contrarios al proces han olvidado igualmente los casos en que el poder ha permitido referéndums con la puerta abierta a la secesión y por lo que se refiere a los Estados soberanos, convendrá recordar que la llegada de muchos de estos a tal condición ha sido resultado de la afirmación de una colectividad frente al poder soberano que se resistía a su reconocimiento. El caso de mayor relevancia, el mismo de U.S.A.