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No inclumplan la ley PDF Imprimir E-mail
Mikel Sorauren   
Jueves, 26 de Octubre de 2017 13:28

Gobierno español y quienes, de manera general, se oponen a la decisión catalana de llegar a la independencia, se aferran a la legalidad vigente como argumento decisivo para reclamar la sumisión de Catalunya. Que este planteamiento no tiene otra justificación que la de ocultar el atropello que implica la política de España en materia de principios fundamentales de lo que constituye un Estado de derecho democrático -el único que puede ser denominado tal en el marco de una Mundo y cultura contemporáneos- es una obviedad en la que no tenemos por qué insistir. En los tiempos presentes no debería ser necesaria ninguna reflexión sobre las exigencias de un sistema jurídico democrático. Resulta, por ello, más irritante que nos veamos precisados a hacer entender a quienes se refieren a la imprescriptible necesidad de que ley, Estado de derecho, democracia y justicia, que estos principios no pueden coexistir sin el refrendo de la colectividad afectada, de quien surge la legitimización del poder soberano, derecho y todo elemento de los que configuran un orden político garantista de la libertad individual y colectiva, justicia social y estabilidad política, en definitiva.

En el presente escrito me interesa dejar en evidencia la deshonestidad consciente en que incurren el conjunto de legalistas y expertos juristas; que miran de modo despectivo a la voluntad mayoritaria del Pueblo catalán, de tantas maneras y en tantas ocasiones expresada. Todos ellos pretenden que se acepte sus puntos de vista y decisiones, a la manera en que los chamanes polinesios eran obedecidos por sus aterrorizados seguidores, cuando de modo interesado y arbitrario denominaban tabú la realidad que les interesaba controlar. Constitución, legalidad…, argumentos de mayor entidad, dirigidos a justificar la arbitrariedad de una cultura autoritaria que se ha resistido históricamente al reconocimiento de la libertad de individuos y colectividades, al estimar que la sujeción de los tales interesa al propio proyecto social y político. No es de extrañar esta actitud en España como Estado y en sus élites sociales, políticas y culturales en todo tiempo. Valores estos que se muestran irremontables por encima de toda declaración de tolerancia, libertad y democracia.

La carencia de honestidad lleva a la mendacidad y la obstinación en esta culmina en la actitud obcecada que apunta al contrario con el propósito de destruirlo, caso de que se niegue al sometimiento. Los razonamientos españoles suscitarían nuestra risa estruendosa, de limitarnos a su análisis como expresión de valores intelectuales; pero provocan nuestro terror, a la vista de la experiencia histórica y episodios mucho más cercanos que siguen siendo modelos para tantos grupos sociales españoles e instancias institucionales del mismo Estado en situaciones históricas similares. En todo caso, es necesario recordar al hoy presidente del gobierno español Rajoy -ayer podíamos haberlo hecho con Franco, como nuestros antecesores lo hicieron con Espartero-, es necesario, digo, recordar a políticos y juristas españoles que su Estado se ha conformado violentando la ley. No estoy aludiendo ahora a los Campos de Bergara, ni a la ley de 16 de agosto de 1841, que desmontó sobre el papel el Estado de Navarra, si no soberano en aquel momento, sí distinto del español o cualquiera otro. Pero entiendo que aquel fue un acto contrario a la legalidad vigente, dado que en ningún caso fue un acto refrendado por la Asamblea Nacional de Navarra -las Cortes del Reyno- tal y como lo establece la legalidad vigente -entiendo- que marca el Fuero General de Navarra. La realidad es que no existe ninguna disposición emanada de la Legalidad española que haya anulado las Cortes del Estado de Navarra y sus competencias. A ello se añade la misma declaración hecha por Caga Argüelles en la presentación oficial de la Constitución de Cádiz en 1811, quien reconoce de manera explícita la vigencia de la Institución de Navarra y que, en consecuencia, siguen estando en vigor.

Gobernantes e instituciones españoles, entended que una legalidad que pretenda ser  reconocida legítima, se encuentra sometida a exigencias imprescriptibles de responder a las aspiraciones de la colectividad y esta únicamente quedará obligada a asumirla en el caso de que sirva para ordenar las relaciones de la propia colectividad, gracias al acuerdo y voluntariedad de sus integrantes, a la vez que facilite la resolución pacífica de los contenciosos, sin que ninguna de las partes quede postergada.

¡Españoles! No os empecinéis ¡Cumplid la legalidad que exigís a los demás! También en Navarra.