«Si dejas que otro te dicte el fuero, tienes que dejar también que te imponga el desafuero. Si recibes de él la justificación, de él debes esperar también la acusación y el castigo; junto a la legalidad va el delito» (…) «tú eres un delincuente»…
Este razonamiento descubre con contundencia la realidad del sistema jurídico español. En medio del proceso histórico de violencia en el que se haya inmersa la Nación Navarra -Euskal Herria- la dependencia de un sistema jurídico ajeno convierte a los navarros en delincuentes, por el simple hecho de pro-clamarse navarros; esto es, afirmar que Navarra es una nación sometida. El sistema jurídico vigente no se atiene a elementos objetivos a la hora de determinar lo que sea o no delito, sino que considera la finalidad de las actuaciones individuales.
En un código penal deben cuantificarse los castigos en función del daño infligido a la víctima y los jueces deben aplicar la pena ciñéndose al tramo concreto del castigo que el propio legislador ha fijado previamente. Por lo que se refiere a la legislación penal española, se especifican circunstancias delictivas que no nacen de la vesania o prepotencia del delincuente, sino de la finalidad que éste puede perseguir por razones de tipo político. La calificación de terrorista imputada a un delito no es resultado de la objetividad del hecho delictivo, sino de la percepción del legislador, en la medida que siente perjudica a sus intereses particulares y no tanto a la colectividad. Ha quedado de manifiesto tal realidad en la reciente conferencia de Barcelona, que ha reunido a representantes estatales de países del área mediterránea. El planteamiento -sesgado- del concepto terrorismo que ha pretendido imponer el presidente español Zapatero, ha sido rechazado por las autoridades soberanas de muchos de los Estados árabes, presentes en la conferencia, quienes sentían que se persigue más condenar las acciones de resistencia de los musulmanes, que imponer auténticas condiciones de paz en las relaciones entre el Mundo occidental y el islámico en general.
Dejando ahora un lado la génesis del concepto terrorismo y la utilización interesada que han tenido en su desarrollo los sistemas políticos y Estados autoritarios, es incuestionable que el ordenamiento jurídico español -desde la misma Constitución española- está dirigido a hacer de los vascos unos delincuentes y de los españoles las víctimas indefensas. No voy a volver de nuevo sobre la consideración que me merece la actuación violenta que se ha traducido en derramamiento de sangre, sufrimientos de las personas y destrucción de bienes que han tenido lugar como consecuencia del conflicto del que somos objeto los navarros. En sí mismo no constituye un hecho excepcional en el mundo, ni tan si-quiera en el momento presente. En cualquier caso clamaré por su eliminación, como una muestra más de la capacidad de superación de las limitaciones que aquejan a la colectividad humana.
No obstante, se puede afirmar que la justicia española actúa de una manera parcial cuando valora la virulencia de las actuaciones, teniendo en cuenta el que las mismas hayan sido ejecutadas por elementos antisistema -vascos- que si los protagonistas se proclaman defensores del estado español, bien sean éstos funcionarios o, simplemente, grupos de ideología ultra-nacionalista, que se reivindican como nazis. En el primero de los casos, las actuaciones de los miembros de E.T.A. y la denominada Kale Borroka han hecho recaer sobre cientos de individuos condenas multianuales, que han llevado a muchos vascos a pasar gran parte de su vida en la cárcel y con mucha frecuencia a la misma muerte; tal el caso de Alzugaren, de quien se puede afirmar que el propio gobierno de Zapatero le ha colocado la cuerda al cuello. Es indiscutible que los jueces aparecen más convencidos de la implicación de los ciudadanos vascos en los delitos que aparecen ligados a los autores directos de las acciones delictivas recogidas en el código penal. En tales casos, la colaboración en cualquier grado se hace acreedora de penas gravísimas, que en otras circunstancias -incluso narcotráfico y violación- no tienen lugar. Las mismas acciones de kale borroka son castigadas con penas próximas a los casos de asesinato, cuando actos similares en otras latitudes lejanas a Euskal Herria no sobrepasan la consideración de molestas gamberradas. ¿Qué decir de los delitos de opinión, o de la identificación con planteamientos que puedan ser asimilados a los presupuestos de terrorismo? El sumario 19/98 carece de cualquier anclaje en hechos de los que se pueda deducir que han existido actuaciones delictivas concretas, en las que se hayan producido hechos sangrientos o violentos, ni impulso a los mismos. El recurso al «entorno» permite, sin embargo, procesar a individuos que no son delincuentes, sino en la medida en que rechazan el sistema jurídico español. Entorno, por cierto, constituye un concepto muy vago del que no se pueden precisar los límites; vaguedad que obliga a marginarlo de cualquier concreción penal o jurídica.
Es claro que el sistema actúa de forma diferente cuando el presunto delincuente se proclama defensor de España. En el momento actual son escasos los delincuentes convictos en las cárceles españolas a los que se hayan atribuido actuaciones de violencia contra ciudadanos vascos. Ni torturadores, ni criminales, ni cómplices necesarios; a pesar de la cantidad de casos que han sido llevados a los tribunales. Los flagrantes casos de convictos, tales Barrionuevo y Vera, han sido indultados o tratados con la máxima benignidad. Los jueces no consideran en estos casos ni el apoyo material, ni el apoyo moral que se presta a los criminales por personas y colectivos, en los que se manifiesta la fobia anti-vasca. Fue expresiva, a este respecto, la confesión que el extinto general Sáez de Santamaría hizo en el juicio del caso G.A.L. Llegó a reconocer que al terrorista no se le hace hablar con sólo preguntarle y a asumir que el activista Geresta había sido eliminado extrajudicialmente. Todo ello ante un alto tribunal que no tomó nota de la reflexión realizada por una altísima autoridad de la Seguridad del Estado español.
En estos días ha tocado la suerte a quienes lincharon a Aitor Zabaleta por ser vasco y a la mujer del asesino de Ángel Berrueta. ¿Quién puede admirarse de que sus familiares se sientan agredidos por los funcionarios que califican de «riña de vecinos» lo que es un alevoso crimen político o nieguen la complicidad de quienes han participado con premeditación en un linchamiento, por la simple razón de que las armas las hayan manejado sólo una o dos personas?
A decir verdad no es una cuestión de jueces; ellos cumplen su función; es todo un sistema jurídico que implica al conjunto del Estado español. ¿Tal vez porque dispone del apoyo social…? Parodiando aquel aforismo que comparaba la música militar con la justicia militar («La música militar es a la música, lo que…»), se me ocurre que la justicia española es también comparable a la música española.
