Cuando un partido político relevante anuncia cambios en sus bases ideológicas, en su programa o en sus estrategias, merece que se dedique atención a las novedades que anuncia. Es el caso de los documentos aprobados por el PSOE en su consejo territorial celebrado en Granada (6 de julio de 2013). Unos documentos que han sido presentados en medios de comunicación por algunos de los dirigentes socialistas, incluidos algunos del PSC, como un giro radical en la profundización hacia un modelo federal.
Se da la circunstancia de que pocas semanas antes (mayo de 2013), la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, presentó un documento de trabajo (documento n. 163) titulado ‘Por una reforma constitucional federal’.
La primera cosa que sorprende es el diferente contenido de las dos propuestas. La de la Fundación Campalans es políticamente más avanzada y analíticamente mucho más elaborada que la de los socialistas españoles. Sin embargo, parece que el PSC no la ha hecho suya, sino que ha firmado con entusiasmo la del PSOE. Aquí nos centraremos sólo en esta última.
Avanzamos la conclusión general: en términos estrictos, la propuesta del PSOE no es federal. Simplemente. Se utiliza más la palabra que el concepto y no se muestran conocimientos sólidos del funcionamiento de las democracias federales más avanzadas o descentralizadas del mundo, especialmente las de carácter plurinacional. Más bien, en términos generales, se mantiene la lógica del Estado de las autonomías actual con algunas propuestas de reforma, muy genéricas y bastante confusas -hay que decirlo-, como un nuevo Senado, la clarificación competencial, las conferencias de presidentes, el estímulo de la eficacia y la transparencia del sistema, etc., pero conservando la lógica autonómica actual, que es de carácter más regional que federal. La política europea de las CCAA se plantea desde «la jurisprudencia constitucional», es decir, desde las sentencias del TC realizadas en el marco actual durante las cuatro últimas décadas. Además, se incide en una vocación de intervención constante por parte del poder central en el caso de que se produjeran diferencias en el desarrollo de las competencias de las autonomías (¡en nombre de la cohesión territorial y de la «igualdad», naturalmente!). Esta actitud es antifederal. También se habla de federalismo cooperativo y pluralista, pero no hay mucho contenido del segundo componente. La cooperación, que de acuerdo con la política comparada sabemos que tiene el peligro de disolver la lógica federal (Alemania), se enmarca fundamental en un nuevo Senado, más que en unas relaciones intergubernamentales que introduzcan lógicas competitivas. Por su parte, el «pluralismo» no llega ni a regular el carácter plurilingüístico o pluricultural del conjunto del Estado, ni tampoco sus símbolos e instituciones. No se niegan relaciones bilaterales, pero «sometidas a ese marco multilateral». La lógica sigue siendo muy unitarista, refractaria a la plurinacionalidad y de estilo estatalista. La ordinalidad de las transferencias económicas interterritoriales no queda garantizada en absoluto y se quieren homogeneizar impuestos. El documento deja aspectos claves como «interpretables», que ya sabemos qué quiere decir a partir del desarrollo que se ha hecho de la Constitución de 1978 por parte de los gobiernos centrales -mande quien mande- y de instituciones del Estado (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional). Por otra parte, se sigue dentro del marco mental de las «nacionalidades y regiones» -cada comunidad autónoma definiría si es una cosa o la otra-. El término nacionalidad sigue empleándose con alegría: no sirve para distinguir lo que es nacionalmente diferente de lo que no lo es. Los ciudadanos de Cataluña seguirían sin disponer de procedimientos específicos de protección de sus derechos individuales y colectivos, tanto en la esfera interna como en la esfera europea e internacional (regulados en algunos estados federales). El sistema de gobierno del poder judicial se plantea desde una «cierta territorialización (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado)». Obviamente, del derecho a decidir no hay noticias.
Aparte del pequeño detalle de que para implementar algunas de las tímidas medidas propuestas se debe reformar la Constitución y que esta reforma requiere como mínimo el acuerdo de PSOE y PP (¿se imaginan qué reforma federal pueden hacer estos dos partidos si se ponen de acuerdo?), la propuesta muestra un tono y un lenguaje genéricos correspondientes a una cultura política mucho más unitaria que federal. No es ninguna «tercera vía» (las terceras vías casi nunca lo son). Todo es muy anticuado. Estos documentos del PSOE establecidos en el consejo de Granada parecen pensados más para restablecer las relaciones con el PSC -como si eso fuera lo más importante- que para ofrecer un modelo plausible y que pueda ser aceptable para la mayoría de partidos y ciudadanos de Cataluña (y del País Vasco). Una democracia plurinacional avanzada sigue situada bastante más allá de lo que parecen dar de sí las neuronas de los dirigentes del PSOE. Este federalismo sigue siendo básicamente una coartada para hacer ver que las cosas se mueven para luego permanecer prácticamente en el mismo lugar. Todo indica que ya les va bien. Humo.
ARA
