El Gobierno del PP ha venido mostrando reiteradamente que el actual proceso político de Catalunya le viene muy grande. Su presidente está en las antípodas de un estadista. En el seno del Gobierno prevalece una cultura administrativista, de mera aplicación de leyes superadas por los hechos políticos, sociales y culturales en Catalunya en los últimos años. Es un gobierno que no tiene capacidad ni para definir bien el problema. Y aún menos para plantear medidas para resolverlo. Parece vivir en una granja de avestruces. La falta de inteligencia emocional es flagrante. A menudo incluso la falta de inteligencia a secas. Se le podría aplicar la frase que el físico neozelandés Rutherford dijo de un alto cargo que tenía ínfulas de creerse importante: “Es como un punto euclidiano: tiene posición, pero no magnitud”.
Esta incapacidad política y analítica no resulta demasiado extraña dada la cultura política de los dos principales partidos españoles. Una cultura jerárquica, afrancesada, jacobina del Estado con un rechazo casi genético del pluralismo nacional de la sociedad. Difícilmente se podrá solucionar una cuestión que muestra un profundo disenso histórico y político enfocándola meramente desde unas leyes estatales que son precisamente buena parte del problema. PP y PSOE son partidos anticuados, tanto en términos liberal-democráticos como nacionales y culturales. Y hay indicios de que Podemos comparte parte de esta misma cultura. En Catalunya, Podemos y PP son los únicos partidos significativos que tienen su dirección fuera del país, el resto la tiene en Catalunya. ¿Progresismo antiguo? ¿Sucursalismo populista? ¿Lerrouxismo del siglo XXI? Los partidos españoles operan en un “Estado de derecho torcido”, un Estado de derecho degradado por altos índices de corrupción; falta de separación de poderes; fraude fiscal que dobla la media europea; incumplimientos de los acuerdos; marginación sistemática de inversiones territoriales; rechazo al pluralismo; financiación que implica un déficit fiscal de más del 8% del PIB en Catalunya; implicación de ministerios en prácticas de difamación; aquiescencia en casos de negligencia como Bankia y Castor.
En Catalunya, el 9-N ha representado un cambio de escenario pese a todas las limitaciones impuestas por el Estado (Gobierno, Cortes, TC, Fiscalía). De hecho, ha sido la primera vez en 300 años que los ciudadanos han votado sobre la independencia del país. Se dice pronto. El éxito de organización y de participación supone un punto de no retorno, tanto en las ideas y los valores democráticos como en las actitudes y las perspectivas de futuro. A partir del 9-N hemos entrado en una nueva etapa. El cambio de paradigma resulta claro. En los últimos años se había producido una desconexión mental por muchos ciudadanos respecto al mundo político y cultural español, pero ahora se ha iniciado una desconexión más profunda, más institucional, más sistémica.
Las próximas elecciones al Parlament serán especiales. Sustituirán al referéndum que el Estado no permite, en contraste con otras democracias plurinacionales más civilizadas. Es de importancia primordial que la clase política catalana y el próximo gobierno estén a la altura de la situación, ofreciendo liderazgo interno, proyecto compartido y acción internacional. Los partidos catalanistas también tienen que mostrar que no son meros puntos euclidianos. Tienen que mostrar que tienen “magnitud”, congruente con el momento histórico actual.
Desde la perspectiva independentista las elecciones las presidirán dos objetivos: establecer un resultado favorable a que sea entendido nítidamente por la colectividad internacional, y maximizar el número de votos y escaños en el Parlament. Y maximizar requiere dos condiciones: que todos los independentistas se sientan cómodos al votar una lista concreta, y captar un número importante de votos del grupo de ciudadanos aún indecisos (y que pueden ser decisivos).
Catalunya es uno de los países europeos más plurales -más que Noruega, Austria o Portugal-. Los partidos expresan y canalizan este pluralismo hacia las instituciones. Creo que una sola lista transversal y unitaria no resulta posible dada la composición electoral y de los partidos en Catalunya. El país es muy plural para presentar sólo esta opción. Quizás resulta más conveniente la presentación de dos listas (más listas haría perder nitidez al resultado). Una podría agrupar votantes de CiU, ERC ex-PSC, y la otra podría maximizar votantes de la CUP, ICV, Proceso Constituyente. Ambas pueden sacar votos también de la abstención.
La cuestión del qué no constituye el problema de la independencia. El país tiene recursos humanos y materiales para constituir una democracia de calidad adecuada a los nuevos tiempos, con altas cotas de bienestar, y abierta y solidaria internacionalmente tanto en términos socioeconómicos como culturales y nacionales. Estoy convencido de que saldríamos adelante con nota. La cuestión clave sigue siendo la de cómo llegar. En este momento del partido no se pueden cometer errores. El soberanismo está ganando la batalla de la legitimidad interna, pero le queda para ganar las de la facticidad y la legitimidad internacional.
La Vanguardia
