«No nos representan»

Desde el punto de vista político, la idea de representación es claramente moderna. En la democracia griega no había representación porque era directa. En cambio, en las antiguas repúblicas y monarquías no había representación del pueblo.

Hablamos de gobierno representativo cuando se han instaurado mecanismos de elección de personas -como el sufragio universal- a las que se atribuye un poder político y unas funciones que realizan en nombre de aquellas que no las pueden ejercer en persona. Aparece así la división entre representantes y representados o gobernantes y gobernados.

Hay dos formas principales y complementarias de entender la noción de representación política: 1) la representación como una delegación de poder y de funciones, o bien 2) la representación como representatividad (o mecanismo de identificación), es decir, como aquella calidad que permite a los electores sentirse identificados o reflejados en las características (sociales, culturales, ideológicas, valorativas) de los elegidos. En cierto modo, la legitimidad y credibilidad del poder político depende de que ambos modelos sean percibidos como válidos en su funcionamiento.

Esta explicación de carácter más académico nos permite ahora plantearnos algunas preguntas más actuales. La primera es si creemos que nuestros representantes -especialmente en estos años de crisis económica- han realizado las tareas asignadas para el logro del bien común con especial atención a los más necesitados. ¿Estaban autorizados (es decir, tenían autoridad) para hacer lo que han hecho? ¿Podían y debían rescatar grandes bancos y desahuciar familias humildes? La segunda pregunta es si creemos que nuestros representantes -especialmente en estos años de crisis territorial- se han identificado realmente con nosotros, con nuestras reclamaciones nacionales, competenciales y culturales. ¿El gobierno español ha encarnado y defendido, entre otros, la voz de los representados catalanes, por ejemplo? ¿Ha atendido sus demandas fiscales, educativas o lingüísticas? ¿O las ha perseguido y combatido? En ambos casos, ¿las condiciones de la representación han sido las apropiadas?

Mi conclusión, en forma de tercera pregunta, sería esta: tanto en la crisis económica como en la crisis territorial, ¿ha aumentado o se ha acortado la distancia entre electores y elegidos? ¿Seguimos considerando que vivimos en un régimen realmente representativo?

En el famoso «No nos representan» están hoy en juego la vigencia de al menos dos teorías: la representación política como teoría de la autorización (o delegación); y la representación como teoría de la identificación (o representatividad). En mi opinión, la mediación representativa de la política española ha entrado en crisis en las dos modalidades. ¿Pueden mantener aún nuestros representantes el poder discrecional de actuar y decidir en nuestro nombre? Quizás sí, pero los movimientos del 15-M y los movimientos soberanistas catalanes ya no lo aceptan. Las insistentes apelaciones a abrir segundas transiciones y nuevos procesos constituyentes (para la refundación de España o para la independencia de Cataluña) son una buena prueba de ello. Y el montón de consignas recogidas en estos últimos cinco años aquí y allá apuntan directamente a la diana de la vieja idea de representación política: «En el Parlamento español no se refleja la pluralidad de España. En nombre del voto útil, la elección se ha reducido a dos opciones que, en casi todas las grandes decisiones, se parecen demasiado. Hay que buscar otras fórmulas de representación política que beneficien a los partidos pequeños y aseguren su proporcionalidad. Las listas abiertas y no bloqueadas forman parte de la discusión en pro de una democracia más participativa. El derecho a decidir en general y a los referendos en particular deben ser considerados como herramientas válidas para votar y participar en las decisiones del gobierno. Los referendos deben ser vinculantes y deben ser convocados para todas las decisiones relevantes que afecten a la ciudadanía. La burocratización de los partidos, convertidos en órganos del Estado más que en parte de la sociedad civil, los ha ido distanciado de la gente. ¿Cómo puede representarte quien está lejos de ti? La utilización de las iniciativas legislativas populares permite ampliar la participación ciudadana. Ellos tienen el poder, pero nosotros somos más». La lista podría continuar.

Afirmaba Rousseau en ‘El contrato social’ que sólo un pueblo políticamente activo es libre y que una excesiva delegación de funciones en las instituciones y actores representativos puede generar un serio obstáculo para la ciudadanía activa. Al ver la deriva de las élites extractivas españolas, mucha gente ha constatado con malestar la prevalencia de los representantes sobre los representados y el desplazamiento de la soberanía de los segundos hacia los primeros. Ahora nos damos cuenta de que la autorización, es decir, la donación de autoridad en democracia nunca debería ser total sino que debería ser reversible. Los ciudadanos tenemos ‘de iure’ el título de propiedad de la soberanía, pero los representantes se han convertido de facto en inquilinos perpetuos e indispensables del recinto del poder. Habíamos sido despojados del disfrute de la propiedad (es decir, del ejercicio de la soberanía) pero se nos compensaba con las garantías de la seguridad, del bienestar y de la acomodación de un buen vivienda institucional. La concurrencia de crisis actuales y su gravedad ha hecho añicos la letra de estos contratos. Por este motivo, la nueva ley mordaza, las desproporcionadas sanciones por los silbidos durante la final de la Copa del Rey, la constante apelación a los jueces, el desplazamiento de la vía política hacia la vía penal, la tendencia creciente hacia una democracia de la imputación, que utiliza de manera torpe jueces y tribunales a favor de los criterios del Gobierno, etc. devienen los intentos desesperados y últimos del Antiguo Régimen para resistirse.

La consigna del «No nos representan» ha calado por igual en Madrid y Barcelona. Pero mientras que en la Puerta del Sol algunos piensan en una reforma electoral y constitucional, una democracia más representativa y la implementación de mecanismos efectivos de participación ciudadana (democracia directa electrónica, métodos asamblearios, consejos de ciudadanos, foros consultivos, encuestas deliberativas), en la plaza de Cataluña la crisis de representación política con España ha conducido directamente a muchos otros a la propuesta revolucionaria de Rousseau: «Actuar de acuerdo con nuestra voluntad es ser independientes; actuar sin estar sometidos a la voluntad de los demás es ser libres».

ARA