Bilateralidad o unilateralidad

Algunas democracias tienen tinieblas en su corazón. Aparecen cuando se laminan o niegan los valores de libertad, igualdad y pluralismo, cuando no cuentan con el consenso de buena parte de los ciudadanos, cuando recortan derechos y libertades, cuando practican la guerra sucia, cuando muestran índices alarmantes de corrupción, cuando no se respetan los acuerdos previos, cuando se desprecia a las minorías, cuando la fiscalidad y la redistribución sistemáticamente marginan algunos territorios, cuando incumplen sus propias leyes, cuando en la práctica no hay seguridad jurídica, cuando no respetan el pluralismo nacional, lingüístico y cultural, cuando implementan prácticas autoritarias.

El gobierno central ha requerido al presidente de la Generalitat sobre si declaró o no la independencia en la sesión del Parlamento de Cataluña del día 10 de octubre. Un requisito exigido formalmente antes de aplicar el famoso y confuso artículo 155 de la Constitución española. La independencia de Cataluña no se ha «declarado». Declarar un acto político implica hacerlo en términos jurídicos, lo que en este caso no se ha producido, tal como ha dicho el TSJC.

Parece bastante evidente que el tema de fondo de la actual conflicto nacional/territorial -el reconocimiento y acomodación política de Cataluña como entidad nacional diferenciada- no tiene perspectivas de una solución estable o incluso viable dentro de los parámetros constitucionales.

Una alternativa de solución sería la introducción de una mediación internacional (los posibles actores de mediación locales no son adecuados dadas las circunstancias y el contexto). Parecen necesarias dos condiciones mínimas para que una mediación pueda ser un camino transitable: a) que fuera una mediación con actores internacionales de prestigio, y b) que fuera aceptada por las dos partes en litigio. La primera condición parece factible de ser alcanzada; la segunda debería vencer las resistencias del gobierno central a aceptar una negociación en pie de igualdad con el gobierno de Cataluña. Y esto parece un objetivo imposible a menos que estos terceros actores exteriores tuvieran capacidad de conseguirlo.

La ciudadanía de Cataluña es una de las más proeuropeas del continente. Sin embargo, la Unión Europea se ha autodescartado como mediadora al haber optado por el mantenimiento de un ‘statu quo’ estatalista que resulta muy perjudicial para Cataluña. La UE es un club de estados en un momento de legitimidad muy bajo. Se muestra como una organización sin dirección política, sin liderazgo, sin modelo, sin proyecto. Aparece como una superestructura burocrática que ni resuelve, ni canaliza, ni convence, ni entusiasma. En relación a Cataluña, simplemente ha adoptado la posición conservadora de escurrir el bulto. Por primera vez mucha gente, dentro y fuera del país, ha sentido una mezcla de vergüenza y de indignación ante la actitud de las instituciones de la UE. La función de mediación debería venir, en todo caso, de fuera de la UE.

Norberto Bobbio dejó escrito: «La primera condición para que el diálogo sea posible es el respeto recíproco, que implica el deber de comprender lealmente lo que el otro dice, aunque no se comparta […]. El diálogo es siempre discurso de paz y no de guerra. […] El dilema es claro: o hablar o combatir».

Cataluña quizás no es lo suficientemente fuerte para hacer un proceso de autodeterminación democrático con la oposición de un Estado español que le ha sido tradicionalmente hostil durante toda la época contemporánea. Pero el Estado español tampoco es lo suficientemente fuerte para imponer de manera legitimada «su solución» a los ciudadanos de Cataluña, muchos de los cuales han «desconectado» emocional e intelectualmente del Estado español, sus instituciones y sus símbolos.

El papel del rey ha sido lamentable en términos institucionales. Muy mal asesorado, se ha convertido en un jefe de estado muy anticuado y prescindible. Ha aparecido como el monarca del PP, profundizando su deslegitimación en Cataluña.

El autonomismo no es ningún camino. Tampoco lo es entrar en un proceso de reforma constitucional que incluso podría empeorar la situación política, económica, social y cultural de Cataluña. Hay demasiadas experiencias negativas previas, tanto en la historia más distante como en la más reciente. La legalidad española difícilmente puede ser la solución cuando constituye buena parte del problema. A menos que hubiera blindajes procedimentales iniciales, creo que el catalanismo ya no tiene que participar en procesos constitucionales basados en lógicas multilaterales sin protecciones liberales contra la «tiranía de la mayoría». De lo contrario siempre será una minoría arrinconable. Conclusión: o bilateralidad o unilateralidad (o referéndum pactado). No hay más.

La solución podría venir, en principio, de una negociación honesta entre las dos partes, empezando por definir bien el problema de fondo, analizar los diversos aspectos implicados, saber dónde están las posibles soluciones que ofrece la política comparada y pactar cómo se concretan en el contexto español y catalán. Aquí aparece inevitablemente, sin embargo, un escepticismo racional. Hay soluciones institucionales en las democracias occidentales, pero la cultura política de los partidos e instituciones del Estado es un obstáculo casi insuperable para que se apliquen en nuestro contexto. No es sólo que falten estadistas, es que ni siquiera parece que haya políticos capaces de plantear el problema de manera inteligente en términos de futuro. Todo apunta, así, que el tema de fondo quedará de nuevo sin resolver si se permanece dentro de las coordenadas intelectuales y morales de los partidos nacionalistas españoles (PP, PSOE, Cs). Sería un regreso a la santa ‘vuelta a empezar’. Europa no se quitará el problema de encima apelando a acuerdos dentro del marco constitucional.

¿Es esta la situación que los partidos nacionalistas españoles prefieren? Francamente, eso es ser muy estrecho de miras en términos de estabilidad, civilización y progreso. La legitimidad del Estado español en Cataluña quedará irreversiblemente hipotecada. El Estado español, una democracia con demasiadas tinieblas para ser un proyecto compartido.

ARA