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Con la consulta no basta PDF Imprimir E-mail
Luka Lisjak   

Hace tiempo que mis amigos de toda Europa, conociendo mi interés por Cataluña, me preguntan: "¿Esto del independentismo catalán es algo serio o nos lo debemos tomar a la ligera?" Al principio solía responder afirmativamente: "Sí, esto va en serio". Últimamente, sin embargo, he matizado un poco la respuesta: "Es evidente que la mayoría de los catalanes quieren abrir el proceso hacia la independencia, a pesar de todo, no sé si realmente están dispuestos a llevarlo a cabo".

Lo que me sorprende es que el horizonte de los independentistas catalanes -o, más bien, de la gran mayoría- sea el referéndum. Ya sé que hay debates sobre los rasgos constitucionales del futuro Estado catalán, sobre todo en relación con el tema lingüístico, las relaciones con España, etc. Tampoco es correcto afirmar que no haya nadie que se haya preguntado qué debería hacer después de un supuesto éxito de una supuesta consulta independentista. Pero las discusiones sobre el día después se han quedado en el aire, precisamente porque toda la energía imaginativa de los independentistas está centrada en la consulta, en sí misma llena de suposiciones, incertidumbres y angustias. Todo lo que se extiende más allá es una verdadera tierra virgen.

Recuerdo que cuando de niño veía la televisión el día del referéndum para la independencia de Eslovenia. Todo el mundo se sorprendió por la contundencia del sí: más del 88% de votos a favor. El líder de la mayoría parlamentaria estaba exultante: "Yugoslavia ya no existe", declaró a los periodistas. "¡Ahora somos Eslovenia, y basta!" Aquella famosa frase no era una constatación: era un proyecto. Todo el mundo sabía perfectamente que Yugoslavia todavía existía y que, además, contaba con el tercer ejército más grande de Europa, subordinado a los intereses del neonacionalismo serbio. Pero también había un proyecto clarísimo de construcción estatal que se llevó a cabo en los seis meses siguientes. Era una lucha contra el tiempo, una estrategia bien definida que no dejó suficiente espacio de reacción al gobierno federal, entorpecido por la proverbial rigidez e ineficacia de su burocracia. El día de la declaración de independencia, el intento de represión -más similar a un golpe de estado que a una invasión militar- se topó con un país preparado para cualquier eventualidad y decidido a no dar marcha atrás pasara lo que pasase. Lo que determinó la victoria de David contra Goliat -por decirlo de alguna manera- no fue la voluntad democrática del pueblo, sino la organización de esta voluntad en instituciones y estructuras capaces de confrontarse con un adversario más fuerte, claro, pero también más confundido e indeciso. En el caso esloveno, el referéndum no era el objetivo, ni siquiera un objetivo intermedio; era, sólo, una herramienta de legitimación popular de un proceso mucho más amplio y articulado.

Me parece importante que la gente tenga la posibilidad de expresarse sobre su futuro. Un referéndum es, quizá, la forma más transparente de hacerlo. En el caso catalán, en el que la secesión supondría la escisión de una región de un Estado unitario y democrático -cosa, que yo sepa, sin ningún precedente en la historia-, una legitimación democrática inequívoca es, sin duda, el prerrequisito de esta tarea extremadamente difícil. Sería ilusorio suponer, sin embargo, que fuera suficiente. Concentrar el esfuerzo y la imaginación independentistas en esta etapa significa desconocer la complejidad de un proceso demasiado arduo para tratarlo como un experimento. Me parece que la obsesión con el referéndum ayuda a ocultar la falta casi total de una hoja de ruta. Detrás está la convicción ingenua de que la voluntad democrática de un pueblo puede doblegar a los poderes españoles y europeos. Esto no ocurrirá. Sin una rápida y bien coordinada acción política que transforme la voluntad del pueblo, expresada en el referéndum, en un hecho consumado, el proceso independentista no irá a ninguna parte. Y, como decía Ortega, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía.

Desde una perspectiva puramente formal, Cataluña no tiene ningún derecho a la independencia. La victoria del sí en el referéndum no cambiará este hecho. Por lo menos, los catalanes lo escucharán decir todavía más a menudo, también, por parte de instituciones europeas e internacionales. Poco antes de que Eslovenia declarara la independencia, el secretario de Estado estadounidense afirmó que la comunidad internacional no reconocería nunca el nuevo Estado secesionista. Diez meses después, Eslovenia era miembro de la ONU. La diplomacia sólo conoce realidades, decía De Gaulle; realidades, no deseos, por amplios y democráticos que sean. Si los catalanes quieren ser independientes, tendrán que encontrar la fuerza para transformar su aspiración en una realidad tangible. Es decir, en un Estado capaz de aplicar la soberanía en su territorio.

Los ciudadanos de Europa Central solemos tener una actitud pragmática hacia el Estado, que se puede resumir con un refrán castellano: "A rey muerto, rey puesto". Los estados no son inmortales o inmutables. Constantemente surgen nuevos. Pero esto no quiere decir que el proceso sea fácil o agradable. Es casi inevitable provocar heridas que tardan años, a veces décadas, en curarse. El secesionismo puede ser un proyecto político tan legítimo como cualquier otro, pero hay que ser consciente de que las apuestas son mucho más altas que en un juego democrático normal. Por eso, hace falta seriedad, determinación y sentido común. Llevar un proyecto hasta la mitad, para luego decidir qué se hace, no se ajusta a ninguno de estos adjetivos.

Los antiguos griegos creían que la fundación de una nueva comunidad política -de un Estado, por decirlo de manera moderna- es la facultad más sublime de los seres humanos. Si contemplo la hora fundacional de mi país, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los modernos, a diferencia de los antiguos, no podemos construir un nuevo Estado sin hundir uno viejo. La construcción de una nueva 'politeia', de un nuevo espacio soberano de convivencia cívica, puede considerarse una aspiración noble, pero deshacerse de una existente -que funciona y es, sin embargo, bastante decente- es, cuando menos, una tarea llena de ambigüedades y peligros. Romper una legitimidad constitucional y estatal sin una visión clara de cómo crear una nueva es lo peor que se puede hacer.

ARA