Fuera de la ley

La fanática deriva nacionalista de Mariano Rajoy no parece tener límites. Ha decidido que todo está fuera de la ley, excepto él, el PP y el gobierno de España. Todo lo que no encaja, según su criterio, con el marco constitucional, no sólo no existe, sino que no tiene derecho a existir. Lo curioso es que cinco diputados de Alianza Popular votaron en contra de la constitución y, durante unos días, todo el grupo parlamentario popular se retiró de la comisión constitucional. Ahora, como suele ocurrir, se pasa todo el día con la bandera constitucional alzada como arma amenazante, con la misma firmeza que los creyentes extremistas de todas las religiones blanden su libro sagrado. Rajoy ha decidido que, en Cataluña, no pasa nada y desde un marginal 8,5% de los votos en el Principado y 11 escaños, niegan la evidencia de su fracaso estrepitoso y su papel irrelevante en la política catalana, al tiempo que no reconocen y la victoria del independentismo, expresado por Juntos por el Sí y la CUP, con 72 escaños.

Esta mezcla insoportable de decisiones políticas y aparentemente judiciales que caracteriza la debilísima división de poderes en España, acaba de superarse, cuando esto parecía ya imposible, con la citación para declarar al presidente Mas, la vicepresidenta Ortega y la consellera Rigau. Nadie se cree que estas citaciones se hubieran llegado a producir, sin la mayoría independentista en el Parlamento, obtenida netamente en las urnas, en pleno bombardeo de intoxicación y manipulación informativas, amenazas y mentiras, por tierra, mar y aire. Probablemente, sin los 72 escaños independentistas, ninguno de los tres mandatarios catalanes habría sido llamado a declarar. Ahora, sí, sin embargo. Es el castigo de la victoria. Y la venganza por su derrota. Pero, acostumbrados a cerrar los ojos a la realidad, con el antifaz constitucional que les impide ver lo que pasa, lo han vuelta a rebosar. Se tiene que haber realizado una serie de másters en torpeza -y haberlos superado con nota alta- para citar a declarar a todo un presidente de la Generalitat un 15 de octubre, más aún el mismo día que hará 75 años del fusilamiento del presidente Companys por parte del ejército del mismo Estado que, ahora, el ministro de Defensa asegura que no cree que tenga que intervenir. ¿Y por qué debería hacerlo, si ya tiene los tribunales, los periódicos, las radios, las televisiones para condenar a todo el mundo que no piense como ellos? Su ignorancia es tan grande, su desconocimiento de Cataluña (su historia, la cultura, la lengua, sus sentimientos, sus símbolos) es de dimensiones tan oceánicas que, estoy seguro, no los veo bastante einstenianos como para haber elegido la fecha expresamente. No podían elegir una de peor para ellos, ni una de mejor para nosotros. Claro que, bien mirado, quizás tenemos algún funcionario independentista infiltrado que nos ha echado una mano, pensando. «Vale, que ahora lo acabaremos de redondear»…

Hay que ser corto de frente para no darse cuenta de que hacer comparecer al presidente este 15 de octubre no hace más que reforzarlo, a él, a Cataluña y a sus aspiraciones nacionales. Y, al mismo tiempo, la decisión es vista con sorpresa por una comunidad internacional que no lo puede entender de otra forma que no sea una acción desesperada de revancha ante el avance independentista por vías democráticas. Vamos, que lo del día 15 es todo un regalo. Porque: ¿de qué lo acusan a él y a las otras dos imputadas? De desobediencia. Pues, no. La acusación está mal formulada. Se les debería acusar, en todo caso, de obediencia, de escuchar lo que los ciudadanos pedían y hacer caso, tomando la decisión de convocar a los catalanes a las urnas. Si Mas, Ortega y Rigau son condenados, no habrá cárceles en toda Europa para meter los dos millones de personas que fuimos a votar el 9N. Nuestra solidaridad con los encausados ​​debe ser absoluta, sin ni una sola grieta. Por encima de las legítimas diferencias ideológicas que puedan existir, es evidente que no se les juzga por liberales o democristianos, sino por catalanes que se han puesto al lado de su pueblo para que pudieran hacer lo que los que los acusan les niegan: votar .

Este 15 de octubre sí puede ser, si las cosas se preparan bien, «la gran fiesta de la democracia». Ver a todo un presidente, cuya candidatura ha sido la más votada, comparecer ante un juzgado por haber hecho posible que los ciudadanos votaran, es una imagen que dará la vuelta al mundo. No podían hacer a Mas y en Cataluña, un regalo mejor que éste. Si el 15 se enfoca con inteligencia, el eco internacional puede ser extraordinario y la declaración de Mas, así como la de Ortega y Rigau, defendiendo la democracia y el derecho de los catalanes a expresarse en las urnas, se convertirá en  nuestra mejor tarjeta de presentación, frente a una España cada vez más atrincherada en su ceguera. Escuchar al ministro del Interior diciendo que si a Mas se le ha de inhabilitar es por sus resultados electorales, nos sugiere un amplio abanico de posibilidades de lo que habría que hacer con un PP residual en Cataluña que acaba de pogarse un batacazo sin precedentes. Para Rajoy, todo aquello que no dice la constitución española, no existe. Que vaya haciendo así y no sé si vale la pena que Santa Lucía le aumente la vista. Mejor que no. Que continúe diciendo que, lo que piensa el pueblo que ha dado 72 diputados sobre 135, está fuera de la ley, porque, por este camino, nos ayuda y mucho. Mucho más de  lo que él piensa, será la constitución española, España y todas sus leyes, lo que estará fuera de la ley en Cataluña.

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