Un Tribunal Penal Internacional para Aznar

En estos días ha sido noticia la comparecencia de Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, acusado de crímenes contra la humanidad. El caso, de acuerdo con el respeto por los Derechos Humanos y la normalidad democrática, no revestiría ninguna singularidad especial si no fuera que Gbagbo es el primer jefe de Estado que es juzgado por este tribunal. Nunca antes, ningún alto mandatario no había sido obligado a sentarse ante el TPI para responder de los actos de violencia de su gobierno contra miles de personas. A Gbagbo, en concreto, se le acusa de haber utilizado el ejército para provocar una revuelta que causó más de tres mil muertos y un millón de desplazados. Hasta aquí, pues, nada que decir. Ningún poder no debe gozar de impunidad.

Sin embargo, me sorprende que los 3.000 crímenes de Laurent Gbagbo, cometidos en 2010, pasen por delante de los 700.000 que cometieron George Bush, Tony Blair y José María Aznar en el año 2003. Me sorprende, pero lo entiendo. Laurent Gbagbo es africano, y un expresidente africano no conlleva tantos problemas como un expresidente europeo o estadounidense. Pero una cosa es entender la cobardía del TPI y otra aceptarla. Sobre todo teniendo en cuenta las muchas denuncias que se han presentado contra el llamado trío de las Azores. Cuarteto, si contamos al anfitrión José Manuel Durão Barroso, aquel mentiroso que el 2012 y el 2014, en calidad de presidente de la Comisión Europea, hacía de portavoz del Gobierno español diciendo que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE.

Pues bien, han transcurrido trece años de aquella guerra injusta e ilegal, que, como hemos dicho, causó la muerte de 700.000 iraquíes -la mayoría civiles-, el desplazamiento de cerca de dos millones y medio de personas y el saqueo de los tesoros culturales del país, sin que los culpables hayan pagado por sus crímenes. El único que hasta ahora ha dado la cara, si se puede decir eso de su ejercicio de cinismo, ha sido Tony Blair, que en 2015 justificó la barbarie atribuyéndola a «errores de planificación». Mientras tanto, Aznar, presidente de la FAES -una acopio de ultranacionalistas españoles nostálgicos de 1939 disfrazados de «estudiosos sociales»-, se dedica a vincular el independentismo con ETA. O dicho de otro modo: él, un individuo que ya hace años que debería haber sido juzgado por crímenes de guerra, y que es a la vez responsable de uno de los mayores y sangrientos actos terroristas del siglo XXI, pretende desacreditar el derecho a la libertad de los pueblos tipificando como terrorismo todo intento de ejercerlo de manera pacífica y democrática. Ni se le ha pasado por la cabeza que la sola privación de libertad de un pueblo ya es en sí misma un acto de terrorismo y de profunda violencia. Cabe decir, sin embargo, que el veredicto de las urnas, que ha dado la mayoría absoluta al independentismo en el Parlamento de Cataluña, tiene una gran virtud: hace desbarrar a los totalitarios y muestra claramente quién es el verdadero demócrata y quién es el terrorista.

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