En marzo pasado, el Congreso de EEUU organizó una sesión para discutir la política del país «hacia los movimientos de autodeterminación» del mundo. Contra la creencia de que los movimientos secesionistas crean inestabilidad, expertos y congresistas coincidieron en que negar el derecho a la autodeterminación a las minorías que lo piden causa aún más inestabilidad.
Este es un extremo de la posición estadounidense, el más favorable. El otro extremo es el departamento de Estado. El año pasado, España y EEUU firmaron un acuerdo a toda prisa (antes de que el PP perdiera la mayoría) para destinar de manera permanente en la base estadounidense de Morón de la Frontera una fuerza de despliegue rápido para el norte de África. La diplomacia española ha trabajado este frente intensivamente, mucho mejor que hace unos años, cuando el estallido autodeterminista les pilló con la meada en la tripa. Y se ha beneficiado del incremento de la inestabilidad internacional, que empuja las democracias hacia el autoritarismo. Si en general cualquier movimiento secesionista es una molestia, ahora aún más.
Por este motivo, el principal error del proceso ha sido la dilación: dejar el conflicto de fondo, que era inevitable, para el final. El conflicto de fondo es el derecho a la autodeterminación.
Mientras tanto, el futuro político del país depende de los equilibrios de los partidos catalanes. Así, todo el mundo puede enredar las esperanzas concretas de la gente, sean de un tipo o de otro. La prueba es que el vocabulario eufemístico puesto en circulación por el proceso -derecho a decidir, consulta, Estado propio- es útil ahora en manos de una parte del espacio En Común-ICV-CSQP para negar justamente lo que se suponía que tenía de afirmar. O que se enreda nuestro derecho a la libertad con las negociaciones al menudeo del Parlamento autonómico. Todo se procesiza.
Como sucede a menudo, la solución es ser sincero con uno mismo: necesitamos aceptar que el referéndum ocupa el centro de la política catalana y española, y convocarlo. ¿O no es porque las Cortes se niegan por lo que llevamos dos elecciones sin gobierno y España se está convirtiendo en un país inestable?
La virtud del referéndum es que concreta un derecho de todos los catalanes; del sur, del norte, del sí y del no. Y que permite la expresión de la voluntad política sin intermediarios, al margen de la opinión que cada uno tenga sobre el partido A o el partido B. En cambio, se dice a menudo que es técnicamente imposible, pero lo que se quiere decir es que Estado lo intentaría frenar por la vía legal o policial. Es cierto. También que la manera más fácil de actuar por parte del no es no participar, deslegitimarlo. Pero todo esto también es aplicable a cualquier intento de secesión que el Parlamento perpetre, cualquier proceso constituyente y cualquier referéndum constitucional.
El referéndum justamente debe poder solucionar estos problemas gracias a la mayoría que el independentismo tiene en el Parlamento y que nada garantiza que vuelva a estar en unas hipotéticas elecciones constituyentes, impregnadas de todos los incentivos partidistas y con los mismos problemas de indefinición del 27-S.
Estas serían las opciones: si el Estado actúa por la fuerza contra un referéndum, el Parlamento proclama la independencia a la espera de poder celebrar otro en paz. Si el Estado lo tolera, como ocurrió con el proceso participativo no vinculante prohibido por el TC, el 9-N, el Parlamento se compromete a aplicar el resultado sea cual sea el quórum. Esta es la diferencia con el 9-N. Que la única manera de frenar la independencia democráticamente sea ir a votar ‘no’ .
Sin duda, una baja participación generaría razonables cuestiones de legitimidad, tanto para los poderes internacionales, como para España y los partidos unionistas. La respuesta es el diálogo: quien quiera impugnar el resultado de un referéndum celebrado con una mano atada a la espalda, que organiza o legitime otro con las manos libres. Si no, seguimos adelante. Puestos a tener un conflicto, más vale hacerlo en defensa de un derecho de todos.
Evidentemente, hay que estar preparado. Por eso también es importante que el Gobierno haga lo que prometió. Pero todos los problemas de implementación del referéndum son los mismos que los de implementación de un proceso constituyente y su referéndum. Si el problema es la supremacía de la ley española que te veta un derecho, es razonable aprobar eso que se llama eufemísticamente desconexión o ley de transitoriedad, siempre que el objetivo y horizonte sea dar la palabra a la gente. En cuanto al resto de problemas técnicos, Oriol March y Nuria Orriols nos informaban el viernes en este diario de que el Gobierno ya trabaja en ello.
Cuanto más claramente concretemos los principios del Congreso más difícil será que prevalezcan los intereses del departamento de Estado. Esta es la elección que nuestros políticos tienen sobre la mesa, lo reconozcan o no.
ARA
