La Fiscalía General del Estado español ha prohibido, mediante una instrucción de obligado cumplimiento, a todos los jueces y fiscales españoles que colaboren en el proceso contra los crímenes del franquismo que instruye la juez argentina María Servini. Esto quiere decir que ninguna víctima (española) de la dictadura (española) puede acudir a juzgado (español) para dar testimonio de los hechos que la convierten en víctima, se trate de torturas o, quizás, de familiares desaparecidos durante la Guerra Civil o a lo largo de los cuarenta años de gobierno criminal del general Franco. El objetivo es que estos testigos no vayan a parar al sumario de la juez Servini.
Como no soy jurista, no voy a entrar a discutir hasta qué punto es o no es ajustada a derecho esta instrucción de obligado cumplimiento. Supongo que debe serlo, cuando la dicta toda una Fiscalía General de un país que formalmente es un Estado de derecho. Lo que sí se puede comprender de inmediato es que se trata de una medida absolutamente excepcional, que sólo puede tomar sentido para impedir la divulgación de informaciones que comprometan la seguridad nacional. En el caso de España, por lo tanto, los crímenes del franquismo forman parte de este tipo de informaciones. Para hacerlo aún más feo, el argumento que aduce la Fiscalía para justificar una medida tan extrema acaba de hacer saltar todas las alarmas: según la más alta instancia fiscal española, los crímenes del franquismo «ya han prescrito». Nos gustaría conocer con más detalle cuáles son los baremos de prescripción que maneja esta Fiscalía, cómo los fija y cómo los aplica.
Quizá conviene recordar que el cargo de fiscal general del Estado lo ocupa la señora Consuelo Madrigal, la misma que recientemente, en la inauguración del año judicial, soltó la afirmación de que «no es la libertad la que hace libres a los ciudadanos, sino la ley», una aberración que ya fue profusamente comentada porque constituye el fundamento de todos los pensamientos totalitarios: en efecto, los gobiernos de Franco también actuaron siempre de acuerdo con la ley, ya que eran ellos mismos quienes la hacían a su conveniencia. Conviene recordar también que el actual gobierno del PP, aunque sea en funciones, apela también constantemente a la misma aberración, al equiparar el ejercicio de la democracia con el cumplimiento de la ley. ¿Qué sucede, sin embargo, si la legalidad bajo la que trabaja un juez es la legalidad internacional, que permite la persecución universal de los crímenes contra la humanidad, como los que perpetró la dictadura franquista? Entonces surge un conflicto de legalidades que, según los criterios de la señora Madrigal, se resuelve obstruyendo la administración de justicia a los jueces y fiscales de todo el Estado mediante una instrucción de obligado cumplimiento y una mentira, la de declarar prescritos los crímenes del franquismo. Conviene recordar todas estas cosas, y también, que el ministro del Interior presume de que los fiscales, cuando conviene, «le afinan» cosas (¿pianos?) Y que el PP, nunca bajo ningún concepto, ha querido condenar el franquismo y sus crímenes. Marca España.
ARA
