Ayer, domingo 20 de noviembre, y con motivo del 41.º aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco, el diputado del PDECat Francesc Homs compuso un tuit con la imagen de dos presidentes franquistas del Congreso de Diputados, de los cuatro que lo fueron. Las imágenes iban acompañadas del siguiente mensaje: “Hoy, 20-N. En el Congreso están expuestos franquistas en la pared, y el próximo martes algunos votarán que es normal juzgar por poner urnas. Seguro que no tiene nada que ver”. ¡Pues sí que tiene mucho que ver!
Ningún antiguo diputado de CiU habría enviado este mensaje a través de la red, empezando por Miquel Roca i Junyent, cuyo retrato está en la pared de la mítica sala de la Comisión Constitucional, aquella donde Pedro Sánchez firmó el frustrado acuerdo con Ciudadanos. Esto es así, aunque la constatación desagrade a la carcunda convergente abonada del puente aéreo, o sea, los lobistas unionistas, o a los izquierdistas que se creen que son los únicos con derecho a denunciar los crímenes del franquismo pero que a menudo se alinean con los unionistas, cuya mayoría son sus herederos.
El diputado Homs será víctima el próximo martes, como insinúa él mismo, de la conspiración del silencio que ha permitido que durante años colgaran de las paredes del Congreso de Diputados los retratos de Esteban de Bilbao Eguía, Antonio Iturmendi Bañales, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda y Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, presidentes de la institución entre el 16 de marzo de 1943 y el 30 de junio de 1977. Da grima que todavía estén allí exhibidos los retratos de unos servidores de la dictadura como esos –y no son los únicos, porque habría que añadir a los presidentes durante la dictadura de Primo de Rivera–. Esa anomalía seguramente no pasa en ningún lugar del mundo.
Las Cortes españolas bajo el franquismo actuaron como el Parlamento alemán después del llamado Decreto del Incendio del Reichstag y la Ley Habilitante de 1933: como una cámara para aclamar las políticas de la dictadura. La diferencia entre ellas consistió, en todo caso, en que los nazis prescindieron del Reichstag en 1942 para no mantener una comedia que los franquistas prolongaron hasta el final y que los demócratas validaron con la aceptación de la máxima que caracterizó la restauración borbónica de 1976: “De la ley a la ley”.
Ese fue el espíritu que inspiró la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero), que fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas con el apoyo de 435 de los 531 procuradores (81% a favor). Fue un acto de supervivencia de los franquistas, quienes, incluso así, se aseguraron que aquella ley tuviera el carácter de ley fundamental, convirtiéndose de esa manera en la última de las Leyes Fundamentales de la dictadura. El régimen de 1978 tiene en ese pecado original las consecuencias de los conflictos que hoy lo trastornan.
Esa es la razón, y no otra, por la que los cuatro presidentes franquistas del Congreso de los Diputados cuelgan de las paredes del edificio de la carrera de San Jerónimo. Y esa es la razón, también, por la que el próximo martes los diputados del PP y del PSOE –con la adhesión vergonzante del PSC–, y los neofranquistas travestidos de liberales, voten a favor del suplicatorio para poder juzgar al diputado Francesc Homs por motivos políticos.
Miquel Iceta puede intentar justificarse como quiera, pero la realidad es que él y sus diputados se apuntarán al linchamiento político de uno de los encausados del 9-N, lo que resulta paradójico si se tiene en cuenta que el presidente del PSC, Àngel Ros, optó por votar en aquella gran jornada de participación ciudadana. No valdrá la excusa esgrimida por los socialistas de que ellos siempre han votado a favor de los suplicatorios, porque este no es un caso de corrupción, aunque Ciudadanos quiera plantearlo así, sino político. La iniciativa es tan bestia, que el debate y la votación serán secretos, demostrando una vez más la fragilidad del estado de derecho español y que los intereses de los unionistas están convergiendo día a día.
Al cabo de 41 años de la muerte del dictador, Felipe VI piensa que nada ha cambiado. Una parte de España, por lo menos la que representan el centenar de diputados españoles que le afearon la fiesta de inauguración de la XII legislatura y la mayoría de los diputados elegidos en Catalunya, ya no se tragan la repetición de las frases altisonantes que pronunciaba su padre en los años de la Transición.
La imagen de la monarquía se ha devaluado y este rey no sabe ni siquiera aparentar que puede ser un árbitro. A finales de los años setenta, la amenaza de los militares, los auténticos garantes de aquel paso “de la ley a la ley”, acalló a mucha gente, a aquella multitud que según las encuestas de que disponía Suárez se habrían cargado la monarquía para proclamar la República. Hoy en día esos militares no son una amenaza, por suerte, de una democracia sostenida por la UE, y muchos ciudadanos ya no tragan con el mito del rey campechano que les protege.
El régimen actual ha sustituido la amenaza militar por la de jueces y fiscales. Quizás se saldrán con la suya e inhabilitarán al diputado Homs y después a los demás imputados por el 9-N, pero esa será su sentencia de muerte. En Catalunya, sólo los viejos políticos –algunos de ellos enfangados en casos de corrupción– defienden la Transición y, por extensión, a la monarquía. Las nuevas generaciones son republicanas e independentistas, a pesar de los esfuerzos de En Comú Podem para desvincular la reivindicación del nuevo Estado de la posibilidad de implantar mejoras sociales. Los hashtags #EsPotFerAra y #PerUnsPressupostosSocials, compartidos por los comuns, con el PSC y CC.OO., forman parte de la estrategia unionista en Catalunya. Todos los analistas honestos saben que la autonomía está capada y asediada por el Estado centralista y que el Govern puede regular lo que puede regular.
La conspiración del silencio, que es lo que fue la Transición, con la adhesión entusiasta del PCE y el PSUC, no liga para nada con las ansias de libertad que sobrevuelan Catalunya. Ocurrirá ahora o después, pero la política retrógrada que impera en España, con la complicidad de las viejas glorias socialistas, tan ajadas como la pana que vestían cuando eran jóvenes, quizás podrá resguardar los intereses de la oligarquía estatal sin descolgar ningún cuadro de las paredes del Congreso, que es el que habría hecho una democracia madura de verdad, pero no podrá evitar que más temprano que tarde el pueblo de Catalunya se pronuncie sobre su destino.
Sólo los conservadores –lo que incluye al PSOE y al PSC– y los hiperventilados independentistas que sospechan de todo el mundo piensan que gente como Francesc Homs se apeará del carro soberanista porque los amenazan con inhabilitarlos o con cosas peores. Homs y los demócratas saben que su juicio será un juicio político, que tendrán que combatir políticamente. Ya se verá quién está a la altura de las circunstancias y quién prefiere engalanar las paredes del Congreso de los Diputados en compañía de esa pandilla de sátrapas. Pueden copiar al PNB cuando dejó en la estacada a Atutxa, Knörr y Bilbao o tener la osadía de encararse con el Estado. El PNB se alía hoy con el PSOE para mantener el statu quo en el País Vasco, veremos quién se aliará con quién en Catalunya. Pronto lo sabremos.
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