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Federalismo, ¿para qué? PDF Imprimir E-mail
Ferran Requejo   
Jueves, 09 de Marzo de 2017 20:47

¿Irían ustedes a un médico que dice que tiene la solución a su problema antes de saber de qué problema se trata? Pretender aplicar una terapia sin establecer antes un diagnóstico puede considerarse una actitud digamos curiosa, que no deja en muy buena posición el nivel de cientificidad y de profesionalidad del implicado. Pues bien, este viene a ser el planteamiento de algunos partidos políticos cuando aseguran que "el federalismo" es la solución adecuada a las tensiones territoriales/nacionales del Estado español.

Primero hay que disponer de un diagnóstico del problema; después, tener conocimiento de las principales teorías federales y de los modelos prácticos institucionales que ofrece la política comparada, y, finalmente, aplicar el diagnóstico y los conocimientos al caso concreto. Sin embargo, cuando se analizan las propuestas de algunos partidos, la pregunta sobre el diagnóstico ni siquiera se plantea, mientras que los conocimientos de teoría política y de política comparada son, cuando menos, dudosos.

Una pregunta que parece bastante obvia antes de proponer soluciones es: "Federalismo, ¿para qué?" Es decir, ¿cuál es el objetivo fundamental que se persigue? Y, si hay varios, ¿qué jerarquización hay entre ellos? El objetivo básico, ¿es proceder a un reconocimiento y a una acomodación política de una realidad plurinacional? ¿O se trata más bien de proceder a la descentralización de un Estado uninacional que reconozca unos "hechos diferenciales" como la insularidad, el derecho civil y las lenguas propias? ¿O bien se trata de establecer un sistema que sea funcionalmente más eficiente desde la perspectiva del conjunto?

Según cómo caractericemos el objetivo principal, elegiremos aquellas teorías, aquellas perspectivas analíticas y aquellos modelos institucionales de la política comparada que parezcan más adecuados: confederaciones, estados asociados, federaciones -con grados altos, intermedios o bajos de federalización y de descentralización-, federaciones simétricas o asimétricas, relaciones intergubernamentales competitivas o cooperativas, etc.

Resulta bastante fácil ver que los objetivos y los medios institucionales para acomodar una sociedad plurinacional no coincidirán con los dirigidos a descentralizar un Estado pensado en términos uninacionales, ni tampoco con los que quieren conseguir prioritariamente la máxima eficiencia funcional del conjunto.

Cuando se procedió al famoso "consenso" de la Transición de finales de los años setenta, aquel diagnóstico no se formuló de una manera explícita. Aunque estaba el tema histórico irresuelto de la integración de Cataluña y del País Vasco, el resultado jurídico de la Transición fue una Constitución llena de ambigüedades susceptibles de varios desarrollos prácticos, incluso contradictorios, y que, además, resultó cautiva de decisiones preconstitucionales como el tipo y el número de "preautonomías", que abrió la puerta al llamado 'café para todos'.

Resulta explicable que en ese momento las cosas fueran así. Se trataba de hacer la transición de una dictadura a una democracia homologable a los estándares europeos en unas condiciones poco favorables a las fuerzas democráticas: debilidad de la oposición, amenazas de golpes de estado, liderazgo político de una élite salida del franquismo, etc. Sin embargo, el hecho de que el resultado fuera, como dicen sus defensores, "lo mejor posible" no lo convierte en un buen resultado. De hecho, las bases jurídicas adoptadas incentivan lo ocurrido después, especialmente a partir de finales de los años noventa: la ruptura de las ambigüedades constitucionales por parte de las instituciones del Estado (Gobierno, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo... ) en favor de una concepción nacionalmente unitarista y uniformizadora de la Constitución. En el caso de Cataluña, la descentralización se ha concretado básicamente en el ámbito de la gestión administrativa, en contraste con una clara falta de capacidad de decisión política en los ámbitos simbólicos, legislativos, económico-fiscales, europeos e internacionales. El autogobierno de Cataluña, como a veces he dicho, es un 'autogobierno emmental', es decir, agujereado en prácticamente todos los ámbitos de actuación. Es un autogobierno de baja calidad.

Vista la evolución del Estado de las autonomías, ¿tiene sentido hablar de federalismo como una alternativa realista? Los documentos sobre el tema de los principales partidos políticos estatales -'Cataluña en claro' (Fundación FAES, vinculada al PP, 2014) y 'Hacia una estructura federal del Estado', conocido como la Declaración de Granada (PSOE, julio de 2013)- muestran unos niveles analíticos francamente deficientes, tanto en términos de teoría federal como de política comparada internacional. Bastante más informado y bien encaminado, en cambio, ya que parte de la caracterización plurinacional del tema básico a resolver, es el documento 'Por una reforma constitucional federal' (Fundación Campalans, vinculada al PSC, mayo de 2013, con prólogo de Miquel Iceta). Sin embargo, este documento fue descartado casi inmediatamente por el PSC, ya que asumió la posición del PSOE dos meses después. Cuando los pretendidos médicos federales no aciertan con el diagnóstico y muestran un nivel de conocimientos claramente mejorable, quizás es mejor buscar otro tipo de especialistas y de soluciones, ¿no les parece?

EL PUNT-AVUI