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¿Justicia?: Antonio Machín PDF Imprimir E-mail
Ferran Requejo   
Lunes, 13 de Marzo de 2017 18:23

A Rosalia Conesa

Las instituciones del vértice de la justicia española van camino de alcanzar cotas abisales de legitimidad negativa.

• La retórica de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley contrasta con la percepción de buena parte de la ciudadanía sobre algunos casos judiciales (Nóos, Bankia). Tal como venía a decir George Orwell, todos los ciudadanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Justicia?

• El espectáculo que está dando la fiscalía caracteriza una monarquía bananera. El hecho de que unos fiscales, en causas políticamente sensibles (9-N; corrupción), defiendan primero "blanco" y luego reciban la orden de una instancia superior de defender "negro" no refuerza precisamente la profesionalidad y legitimidad de la institución. La última joya procedimental ha sido la decisión de la Fiscalía de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlamento por haber permitido una votación, exceptuando, sin embargo, a uno (J. Nuet, de CSQP), a pesar de haber votado en el mismo sentido de que los otros implicados. Se le excluye porque actuaciones anteriores indican que no es independentista (!). E incluso se viene a decir que se equivocó al votar. Es decir, se consideran más la ideología y las intenciones que los actos realizados. Los estados autoritarios no lo hacen mejor. ¿Justicia?

• Las próximas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS) sobre el 9-N darán una visión más completa del cuadro. Existe un consenso general entre juristas independientes que desde el punto de vista jurídico no hay base para unas sentencias condenatorias, ni en los casos de Mas, Ortega y Rigau, ni en el de Homs. Lo que penalmente se entiende por "desobediencia" es un concepto muy restringido que no se da en ninguno de los cuatro casos. Y sin desobediencia tampoco hay prevaricación. Estos dos tribunales, que previsiblemente consensuarán las sentencias, deben optar entre decidir una condena por criterios más políticos que jurídicos -lo que los dejaría profesionalmente muy mal parados en el ámbito internacional- o una sentencia absolutoria jurídicamente congruente pero que dejaría al gobierno central y al Tribunal Constitucional (TC) a la intemperie y más deslegitimados todavía a ojos de muchos ciudadanos de Cataluña. Es decir, los magistrados del TSJC y del TS, o se deslegitiman ellos mismos o deslegitiman al gobierno central y al TC. No hay puntos intermedios. Pero todo indica que un "juicio político" tendrá una "sentencia política". ¿Justicia?

• En las dos últimas décadas el TC ha ido acumulando un desprestigio creciente, no sólo por estar teledirigido por el gobierno central de turno, lo que lamina la separación de poderes, sino también por algunos de sus procedimientos prácticos.

En primer lugar, se constata que las instituciones del Estado se saltan a la torera la ley sobre los plazos de actuación de los magistrados. A pesar de que la Constitución establece un periodo de nueve años de ejercicio, esto se incumple reiteradamente. A veces los retrasos duran años. Este incumplimiento de la ley es tan notorio que se quiso paliar reformando la ley orgánica del Tribunal Constitucional en 2010. Sin embargo, esto se hizo de una manera burda: los atrasos se compensarán recortando el tiempo de los nuevos magistrados cuando finalmente sean nombrados -¡como si fuera su culpa!-. Es el juego de los despropósitos. Eso sí, se trata de "despropósitos constitucionales", ya que ninguna sentencia del TC ha anulado estos aspectos de la ley del TC. Este aire de inconstitucionalidad es un indicador más de la baja calidad del Estado de derecho español. Y en algunas ocasiones hay más que dudas sobre el "reconocido prestigio" de los magistrados propuestos (que a veces, además, son militantes de partidos).

En segundo lugar, a pesar de que el Estado autonómico se presenta como uno de los pilares de la Constitución, las comunidades autónomas juegan un papel irrelevante en la designación de los magistrados del TC. La apariencia de canalización a través de la iniciativa de las comunidades autónomas en el Senado resulta en la práctica una mera comedia institucional, en contraste, por ejemplo, con el peso que tiene la cámara alta en Alemania (Bundesrat). De hecho, el Senado español, en contra de lo que dice la Constitución, no es ninguna cámara de representación territorial, sino una institución disminuida elegida fundamentalmente por provincias administrativas sin contenido político. En este punto la Constitución simplemente miente.

Finalmente, la legitimidad del TC también se resiente por el lugar procedimental que ocupa en la aprobación de los estatutos de autonomía. La posibilidad de que el TC pueda laminar sustancialmente un Estatuto tramitado en dos Parlamentos y ratificado en referéndum por la mayoría de la población afectada ha implicado que el Estatuto catalán actual no haya sido nunca aprobado por los ciudadanos. Se trata de una aberración liberal-democrática de primera magnitud. ¿Justicia?

En términos de legitimidad, el vértice de la justicia española constituye una grave "debilidad" en términos de estado de derecho. Y recuerden lo que cantaba Antonio Machín: "Tengo una debilidad,/¡ay qué calamidad!/Mi vida es un disgusto./Tengo una debilidad/no se me pasará/si no me doy el gusto. [...]/Yo no sé qué voy a hacer,/o me curo de este mal/o me voy a enloquecer".

Machín canta "si no me doy el gusto"; "O me curo de este mal..." En fin, no sé si me entienden...

ARA