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Joan B. Culla i Clarà   
Lunes, 25 de Septiembre de 2017 13:52

El Gobierno que tan felizmente encabeza don Mariano Rajoy parece haberse fijado como uno de sus objetivos para las próximas semanas invisibilizar —y, por tanto, abocar al fracaso— el referéndum del 1 de octubre por medio de la incautación policial del material electoral y la prohibición o el entorpecimiento de los actos públicos destinados a espolear la participación y/o el voto afirmativo. Es una idea estupenda pero que, para ser realmente eficaz, debería ser aplicada con criterios menos estrechos y mucho más contundentes.

Por ejemplo, si quería de veras desincentivar a los catalanes soberanistas en fecha tan señalada como el Once de Septiembre, el señor Rajoy debería haberle puesto un bozal al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, antes de que aquella tarde hiciese la chulesca comparación entre “el trasatlántico del Estado” y “la zodiac pinchada” del independentismo; cuando despreció “la ANC, el Ómnium y el resto de engendros nominales” y asoció a unos manifestantes de conducta modélica con “los sectores más fanáticos y radicalizados”. A los cientos de miles de pasajeros de la “zodiac pinchada” se les multiplicaron las ganas de responder a los menosprecios de Casado con una papeleta, el 1-O.

Las capturas de carteles, correspondencia y otros impresos pro referéndum que la Benemérita realiza con el mismo celo y la misma puesta en escena que si desarticulase comandos terroristas o descubriese alijos de droga están muy bien. No obstante, si el Ejecutivo español quisiera realmente neutralizar los focos generadores de independentismo y disuadir a los secesionistas de movilizarse, estos días y dentro de dos domingos, sería muchísimo más efectivo que sus terminales mediáticas y opinadores afines —y los de su aliado el PSOE, claro— dejasen de insultar a los manifestantes del 11-S como “asistentes de autocar y bocadillo”; que prescindieran de todos esos editoriales, columnas y declaraciones donde se habla de una “violencia” inexistente y donde —para dar alguna base a tales aspavientos— se confunde deliberadamente la cloaca de Twitter con la realidad.

Más que registrar imprentas y redacciones de periódicos, lo que unos defensores astutos y efectivos de la unidad de España deberían desactivar es a esas legiones de separadores de cuyas plumas salen asertos del tipo “el nacionalismo es una vivencia fracasada de la identidad”. A esos académicos cuyos artículos llevan años asociando —con un argumentario cada vez más cansino— el proceso catalán con la “democracia aclamativa” y con Carl Schmitt (el jurista de cabecera del nazismo). A aquellos editorialistas que han tachado a las gentes implicadas en la reciente Diada de “golpistas”, “secuestradores”, “insurrectos”, “personajes dudosos”, “sediciosos”, “atracadores”, “trileros”, etcétera. Porque cada una de esas descalificaciones colectivas empuja a decenas o cientos de ciudadanos tal vez indecisos a votar, y a votar sí.

Sin ánimo de censurar a nadie —aunque algunas ideas ya están censuradas—, opino que contribuiría más a una baja movilización referendaria el silencio de quienes insisten en rebajar el independentismo a la escapatoria de una élite política corrupta (Cataluña, ¿un país con dos o tres millones de chorizos...?), el mutismo de quienes, sin dato ni prueba algunos, repiten la cantinela de “las élites intelectuales apalancadas en las instituciones catalanas”... ¡Ay, el día en que podamos analizar en serio los pesebres intelectuales de las instituciones del Estado, y a sus beneficiarios!

Si el presidente Rajoy desea en serio impedir o minimizar el referéndum, tampoco estaría de más que desactivase a su fiscal de corps, José Manuel Maza; porque imputar a más de 700 alcaldes catalanes es la mejor manera de estimular y legitimar la escalada independentista en esos municipios antes, durante y después del 1-O. Y, ya puesto, Rajoy podría desactivar también alguno de sus recursos dialécticos de los últimos tiempos. Insistir (en el Senado, el pasado día 12) en que el Estado ha salvado a Cataluña de la quiebra económica —como si Cataluña fuese un país ruinoso sin la población, la riqueza, el tejido productivo, las exportaciones y la fiscalidad suficientes para autofinanciarse— es otro insulto al sentido común y un escarnio a la ciudadanía que padece un sistema de financiación vergonzoso y un déficit fiscal flagrante. Pero, en vez de reconocerlo y corregirlo, el presidente acusa a los catalanes de pedigüeños y mantenidos.

Claro que, si Rajoy tuviese la inteligencia política y emocional necesarias para entender cómo se generó el auge independentista en Cataluña, entonces ya no hubiésemos llegado hasta aquí.

EL PAIS