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La libertad de los demás y la dictadura de los propios PDF Imprimir E-mail
Joan Ramon Resina   
Miércoles, 31 de Enero de 2018 09:22

Si algo llama la atención de las declaraciones del señor Zoido sobre la violencia policial del 1 de octubre, no es tanto su minimización como la idea de una acción defensiva. Según el ministro, la policía reaccionó a la violencia de los votantes o, en todo caso, de infiltrados que nadie ha visto y que, siguiendo la explicación ministerial, deben ser los elementos que las cámaras mostraron con caras ensangrentadas, ojos dañados por proyectiles prohibidos, lanzados escaleras abajo y amontonados sobre alguien en estado de parálisis cardíaca. El mismo relato de violencia reactiva apuntala la justificación oficial de los actos vandálicos de policías en Calella y en otras poblaciones donde fueron acuartelados sin respetar el derecho de admisión, con una prepotencia gubernamental que recuerda el alojamiento obligatorio de tropas en situaciones de ocupación y acantonamiento. En sustitución de esa prestación arcaica, que se remonta al imperio romano y que modernamente no se da si no es en estado de guerra, el Estado se vale de una peculiar aplicación del delito de odio para disuadir a los hoteleros refractarios a poner sus establecimientos a disposición del Estado.

Hace tiempo que España se ha convertido en un laboratorio de transvaloración semántica de las palabras. Los violentos son los que reciben, los nazis los perseguidos y encarcelados, son nacionalistas quienes resisten la asimilación a una de las naciones más agresivas del planeta, intolerantes quienes reivindican el derecho a decidir de todos, delincuentes quienes organizan el escenario primordial de la democracia y defienden la libre emisión del voto. Y al revés: la regresión al escenario primordial de la dictadura se disimula retóricamente con vacías apelaciones al estado de derecho y a la legalidad, conceptos, por otra parte, no incompatibles con la dictadura. Todo absolutismo adapta el derecho a su conveniencia. Franco todavía apelaba al derecho divino, y la actual monarquía apela a una constitución hecha a medida; pero tanto una legalidad como la otra son herederas de una rebelión contra el régimen instituido. Dicho de otro modo: la democracia sólo puede existir en un estado de derecho, pero no todos los estados de derecho son democráticos.

Desde 1978, los españoles viven en la ilusión de una democracia, que hoy ya no es más que un sofisma. Ha bastado que presionar sobre esta democracia con el derecho a decidir para que el Estado reaccionara exhibiendo sus entrañas. 'Estos son mis poderes', ha respondido a dos millones de movilizados por sus derechos. Ahora bien, si la acción democrática presiona a los estados inmovilizados en situaciones arcaicas, y por tanto injustas, la dictadura es la reacción clásica a esa presión. Carl Schmitt la definió así, calificándola de un acto de autodefensa. El enemigo no acata las normas que el dictador considera que son la base legal vinculante. Legal y vinculante lo es, en tanto que el Estado se ha dado una constitución, pero Schmitt precisa que no lo son los medios técnicos de la acción dictatorial. Y aquí tenemos el artículo 155 y la acción preparatoria del 20 de septiembre, rebasando el marco legal del estado de derecho. La justificación de la dictadura es que suspende la constitución a fin de preservarla; así, el rey, Rajoy y el senado suspenden las garantías constitucionales en un tiempo y un espacio delimitados para 'hacer respetar' la constitución y restablecer la 'normalidad'. Lo vivido en Cataluña desde septiembre, y aún desde antes, si se tiene en cuenta toda la amplitud de la operación Cataluña, no es sino un estado de excepción localizado. Una actualización de aquella ley de jurisdicciones de 1905 aprobada apresuradamente por el Estado a raíz de la violencia de las fuerzas armadas contra los rotativos del Cu-Cut! y 'la Veu de Catalunya' ('La Voz de Cataluña'). Entonces también el gobierno de turno de aquel simulacro de democracia que fue la Restauración rearmó judicialmente al agresor, y se encontró delante, como hoy, y más que hoy (porque la indignación llegó a catalanistas y anticatalanistas, mientras que hoy los 'comunes' se desentienden), el amplio movimiento de la solidaridad.

Schmitt ve un problema en que se haya que implementar la ley mediante la autonomía metodológica, como él lo llama. En términos de legalidad, hay efectivamente una contradicción en la arbitrariedad con que el dictador reacciona con el fin de restablecer las condiciones en que la ley tendrá vigencia efectiva. Dicho de otro modo: el dictador pretende crear las condiciones en que la ley se aplica. La normalidad a la que apela desde la anormalidad no es sino el medio en el que la norma puede aplicarse homogéneamente. Esta normalidad es a la vez el objeto y el pretexto de todo golpe de estado y de toda suspensión constitucional. Recordemos cuál ha sido el guión de Rajoy para imponer elecciones en Cataluña tras disolver inconstitucionalmente el parlamento. O el ataque de García Albiol a los medios públicos catalanes para poner personas 'normales'. La norma puede tener validez abstracta, pero hay que imponerla en situaciones concretas, que pueden ser dúctiles o intratables. Por eso la dictadura, dice Schmitt, es un problema de realidad concreta sin dejar de ser un problema legal. Una constitución no deja de tener validez nunca, ni temporalmente, ni en un fragmento del territorio ni para una parte de la población que, mientras sean ciudadanos, no pueden ser tratados como enemigos o rebeldes y despojados de sus derechos. Pero justamente estas excepciones a la validez íntegra de la constitución son intrínsecas a la dictadura. Y son posibles, añade, porque la dictadura es la comisión de una acción definida por la situación concreta.

No es necesario glosar a Schmitt para darse cuenta de que describe en términos teóricos la reacción del Estado español a la implementación catalana del derecho a decidir. Se podría precisar que, aunque la constitución prohíbe la organización de referendos -un derecho ejercido con normalidad en Estados Unidos mediante proposiciones, que equivalen a las iniciativas legislativas populares-, el desacato de este único punto, claramente contingente y esencialmente antidemocrático, no viola el resto. En relación con el derecho a decidir y su expresión formal -el referéndum-, implica, pues, una grave distorsión de los hechos hablar de un ataque generalizado a la constitución y de un acto de sedición. Y aunque es una distorsión más grave ampararse en la constitución para decretar la suspensión para un colectivo de personas definido como 'enemigo' a descabezar, quitándoles derechos fundamentales como el 'habeas corpus' y sometiéndolos a inquisición política ante unos jueces que, con plena 'autonomía metodológica', hacen de la ley una excepcionalidad. Schmitt, quien por cierto reivindicó la relevancia de Donoso Cortés como precursor en la teoría de la dictadura, reconoce que, si la suspensión del principio de separación de poderes es la llamada dictadura, entonces la cuestión de si un Estado es dictatorial no ofrece ninguna duda. Si es de España de donde surge el concepto moderno de dictadura, no puede extrañar que también sea España la matriz de la evolución de la democracia garantista occidental hacia el estado de excepción democrático.

Sobre la situación concreta, tal vez se puede aventurar que, si es cierto que Cataluña no tiene suficiente fuerza para liberarse, España tampoco la tiene para sustraerse a la fuerza de la gravedad de su historia. Cada vez que Cataluña se siente con fuerzas para intentarlo, la reacción del Estado arrastra a España hacia la dictadura. Y es así como, negando la libertad de los pueblos con los que se encuentran obligados a convivir, los españoles abdican de la libertad en la propia vida.

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