Territorio y credibilidad política

Junto con la ley electoral, la cuestión de más trascendencia para el autogobierno de Catalunya, y a la que hasta ahora no se ha sido capaz de dar solución, es la de la organización territorial de su administración descentralizada. En este asunto, además, ningún partido puede alardear de tener las manos limpias de responsabilidad en los sucesivos fracasos de los diversos intentos de acometer la tarea. Miquel Roca, el autor de un informe sobre la cuestión y al que luego me referiré, dijo en una ocasión: “Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el modelo territorial, no vamos a ser creíbles como país”.

Corría el año 2001, y ya estamos en el 2010. Los gobiernos de CiU no pudieron resolver la cuestión, pero no es menos cierto que el PSC no sólo no ayudó, sino que contribuyó a encallar cualquier propuesta. Y seis años de tripartito tampoco han dado ningún fruto.

Igual que con la ley electoral, los cálculos partidistas para el reparto de poderes y contrapoderes se han impuesto por encima de la necesidad de racionalizar territorialmente la administración pública catalana y de buscar su máxima eficiencia.

Ni la astuta propuesta de provincia única de finales de los ochenta del president Pujol para primero simplificar el sistema territorial y luego poder reorganizarlo, ni el técnicamente impecable modelo elaborado por los expertos que redactaron el anteriormente citado informe Roca a finales del 2000 -por encargo de Duran Lleida- llegaron a buen puerto. De momento, todos se han ahorrado comprobar la dimensión del principal escollo que plantearía cualquier transformación: la necesaria conversión de las provincias en veguerías, asunto que sólo puede resolver un decreto ley aprobado por la Cortes Generales españolas. De manera que, incluso habiendo ya incorporado el modelo de las veguerías en el Estatut del 2006, en realidad, el actual anteproyecto de ley de Organización Veguerial de Catalunya elaborado por el conseller Jordi Ausàs no tiene ninguna posibilidad de desarrollo sin tal acuerdo previo de las Cortes. El proyecto contiene una disposición transitoria por la cual, mientras las Cortes no permitan la alteración de los límites provinciales, las veguerías deberán coincidir con las cuatro provincias y solo se podrían constituir los consejos de veguería con los mismos recursos, personal y funciones que las anteriores. Pero como los límites provinciales tienen que ver con la distribución electoral de escaños en las Cortes y el Senado, y esto sumado al asunto del reparto en el Parlament, es fácil imaginarse que no va a ser nada fácil que los números cuadren y que los acuerdos políticos se produzcan.

De todas maneras, el obstáculo que supone el sistema provincial no puede ocultar las determinantes resistencias internas a cualquier transformación. Si entran en la página web de la Diputación de Barcelona, su actual presidente saluda con la siguiente frase: “La Diputación de Barcelona ha sido, es y tiene la voluntad de seguir siendo una referencia del municipalismo en Catalunya y España”. Se trata de una afirmación que puede calificarse de antiestatutaria, en una muestra de insumisión ante lo que contempla nuestra ley principal, y que no es otra cosa que su desaparición. La lealtad al Estatut, ciertamente, exigiría otro saludo. En la misma línea de defensa de la división provincial se ha manifestado el alcalde de Lleida, Àngel Ros, que en la propuesta de veguerías de Ausàs ha visto recortada su provincia. Y con el fácil recurso a un combate absurdo contra una cocapitalidad con Reus aun por discutir, es evidente que las reservas del alcalde de Tarragona tienen mucho que ver con la defensa, también, de su antigua provincia y de los mecanismos de poder local supramunicipal que estas han establecido y al que nadie quiere renunciar. Lamentablemente, la mayor posible eficiencia de una organización administrativa territorial descentralizada es lo único que no ha aparecido en la discusión política.

No digo que los localismos no tengan su importancia e incluso que estén reverdeciendo. O que las viejas rivalidades territoriales -a las que por otra parte son ajenos la inmensa mayoría de los ciudadanos que no han participado nunca en ellas- reaparezcan con virulencia ante cualquier propuesta que rompa el actual statu quo, por absurdo que sea. Pero en el reciente debate diría que las disputas locales han sido más bien resultado de una exacerbación artificial y que se han utilizado para ocultar las verdaderas razones de la resistencia a un cambio que exige la ley. Y, en cualquier caso, las posibilidades de avanzar serían mayores si la discusión sobre la organización territorial se centrara menos en su dimensión partidista y electoral y más en las cuestiones técnicas, en la necesaria simplificación de niveles administrativos, en la posible reducción de funcionarios, en el mejor equilibrio territorial, etcétera. El anteproyecto de ley ahora ha quedado frenado principalmente por la oposición de destacados responsables municipales del propio partido mayoritario en el gobierno. Y queda la duda de si ERC no precipitó el desencuentro para significarse dentro del tripartito. El debate público del anteproyecto, lamentablemente, no pasó de la discusión de las fronteras y las capitales. Y no se aportaron datos sobre qué mejoras supondría para todos: qué mayores ahorros, qué mejores equilibrios y qué gobernanza más eficiente se obtendrían con la nueva organización territorial. Parece como que a algunos les conviene que sigamos sin ser creíbles como país.

Publicado por La Vanguardia-k argitaratua