Visto el proyecto de presupuestos del Gobierno español y del trato que dan a Catalunya, me inclino a pensar que una intervención europea en toda regla sobre la economía española nos sería mucho más beneficiosa que la intervención de facto que nos aplica el Gobierno del Estado. Con el actual proyecto, el Gobierno español nos ha dicho bien en las claras que España no está en condiciones de cumplir sus propias leyes ni de pagar las deudas adquiridas de manera formal con Catalunya. Asimismo, a la hora de distribuir el presupuesto de inversiones, se empeña en mantener la vieja práctica –que el nuevo Estatut tenía que cambiar– de subestimar las necesidades productivas de esta parte del territorio actual del Estado. Se prevé invertir en Catalunya tan sólo un 11% de los recursos disponibles –y ya veremos una vez acabado el año si se ha cumplido–, aunque los catalanes aportamos casi el 19% al PIB estatal, que tenemos el 16% de población y que el Estado se queda el 43% de los impuestos que recauda aquí. Y todo eso, mientras atiende inversiones que no tan sólo son improductivas sino que, como pasa con los kilómetros de tren de alta velocidad, tienen unos costes de mantenimiento –100.000 euros por kilómetro y año– que no van a ser soportables para una economía a punto de ir a la quiebra.

Con respecto a Catalunya, como he dicho, en la práctica ya estamos intervenidos por España. El expolio fiscal es una forma clara de intervención. Si, además, el Estado puede incumplir arbitrariamente sus compromisos, quiere decir que estamos en una situación de indefensión jurídica total. Añadamos que, como explica el profesor Xavier Sala i Martín, las cuentas del Estado hacen disminuir su déficit a base de transferirlo contablemente a las autonomías, para después culparnos de desvíos que, para más inri, han sido provocados por leyes aprobadas en Madrid. Para acabar –y sin ser exhaustivo–, si tenemos en cuenta que la posibilidad de un mayor endeudamiento también está acondicionado por la arbitrariedad del Gobierno central, ya tenemos el panorama bien perfilado. Es decir, en las actuales circunstancias, el Govern de la Generalitat no puede ser otra cosa, en el mejor de los casos, que un buen administrador de la miseria a la que está abocado por un Estado voraz y maltratador.

Es cierto que España también está supervisada por Europa. Y no me refiero al hecho de tener que cumplir criterios presupuestarios acordados solidariamente por el conjunto de los miembros de la Unión Europea. Hasta aquí, estos pactos no tendrían que ser considerados propiamente una pérdida de soberanía sino el resultado expresado por la voluntad española de participar en un proyecto políticamente ambicioso. Una participación que, por otra parte, hasta ahora ha reportado generosas sumas de recursos. La supervisión, de momento, se limita a comprobar que el Estado cumple sus compromisos, dada la desconfianza que se le tiene por la incapacidad demostrada hasta ahora para hacerlo. Sin embargo, el hecho de que la presentación de los Presupuestos haya provocado una reacción tan negativa en los mercados, sugiere que la actual supervisión va a ser del todo insuficiente. Lo cierto es que la intervención de España, si es que quiere estar dentro de la zona euro, cada día es más probable, y si todavía no se ha producido es más por las dificultades que presenta que por que no se crea necesaria.

En este escenario de una Catalunya intervenida de facto por España –en términos políticos, también podría calificarse de ocupada–, y de una España bajo vigilancia pero incapaz de tomar las decisiones necesarias para salir del agujero, no es difícil llegar a la conclusión que, para los catalanes, sería deseable la intervención de España en toda regla. La intervención, de entrada, no tendría por qué añadir más presión a la reducción del déficit previsto. En cambio, es probable que, además de calmar a los mercados y abaratar la financiación de la deuda actual, un criterio presupuestario europeo más racional pondría el énfasis en el gasto público productivo y, lógicamente, cambiaría las prioridades políticas ahora exhibidas impúdicamente por las cifras presentadas por el ministro Montoro. No tengo ninguna duda de que en esta nueva circunstancia, para seguir con el ejemplo anterior, se detendría la construcción de las líneas de tren de alta velocidad en Galicia y Portugal que sólo tienen valor político, y se priorizarían las inversiones productivas como la del eje mediterráneo, la conexión ferroviaria con el puerto de Barcelona o la de la alta velocidad con el túnel del Pertús, cuyo retraso ya ha costado 128 millones de euros en dos años de indemnizaciones al concesionario.

No es que sea favorable a la pérdida de soberanía de unos estados que hoy por hoy son los únicos que garantizan un control democrático de las decisiones que toman. Y es cierto que el déficit democrático de la Unión Europea no la sitúa en la mejor posición cuando actualmente ni siquiera está gobernada por los mecanismos formales establecidos sino por dos estados, Francia y Alemania, que se comportan como poderes fácticos. Pero en la medida que a Catalunya tampoco se le respeta el autogobierno, que cada día se la amenaza con una involución autonómica y que, por activa y por pasiva, se advierte que no tiene otro horizonte que el actual de “pagar y callar”, por lo menos que podamos escoger amo. Por así decirlo, si debemos estar gobernados por un directorio, prefiero que sea por aquel que use criterios lo más racionales posible para salir cuanto antes de la crisis.

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