En una encuesta realizada a principios de año por GESOP para El Periódico sobre la intención de voto ante un hipotético referéndum por la independencia, la mayoría de catalanes ya optaban por el sí -cerca del 54 por ciento, algo menos de un tercio se decantaban por el no, y el resto se lo estaban pensando-. El dato era suficientemente relevante como para haber provocado un gran descalabro político. Pero es evidente que, visto el calendario político oficial, resultaba demasiado incómoda para su caso, y se prefirió hacerse el despistado. Ya hace meses que la voluntad mayoritaria de los catalanes rompe las costuras políticas institucionales, incapaces de encorsetar las aspiraciones soberanistas. Ahora bien, la reflexión más interesante la proporcionaba la pregunta sobre cuántos creían que ganaría el sí en caso de que el referéndum se hiciera entonces mismo. Y la respuesta era que sólo 3 de cada 10. O sea, que los catalanes no nos fiamos de nosotros mismos y, con esta desconfianza, sin querer, saboteamos la voluntad de la mayoría. Por ahora, pues, el principal obstáculo para la emancipación nacional somos nosotros mismos y la poca confianza que aún nos tenemos.

Recuerdo ahora esa encuesta porque a primeros de junio Feedback ha hecho otra para La Vanguardia y ha mostrado que el apoyo de los catalanes a un concierto económico con todos los atributos ya llega al 80 por ciento. Fantástico. Pero la pregunta que deberíamos hacer a continuación es cuántos catalanes creen que España suscribirá un nuevo pacto fiscal en las condiciones electoralmente promesas. No aventuras ninguna respuesta, pero les aseguro que no conozco a nadie que confíe. Yo, claro, tampoco. Por un lado, porque en pleno proceso de desmantelamiento autonómico, el gobierno del PP no puede dar un paso de esta naturaleza: los medios de comunicación españoles se encabritarían, las instituciones del Estado se tirarían de los pelos, las comunidades autónomas se alzarían en armas, el recurso de inconstitucionalidad estaría cantado y los ciudadanos españoles pasarían todos a votar la UPyD de Rosa Díez como un solo hombre. Pero, y definitivamente, no habrá pacto simplemente porque al otro lado no hay un interlocutor de fiar con quien firmarlo. Y es obvio que una promesa para dentro de diez años ya no serviría: sería aquello de "cuando estuvo muerto comulgó".

Pues bien: es a raíz de esta grave disonancia entre lo que quiere el 80 por ciento -y que el gobierno se ha comprometido a defender- y lo que una mayoría probablemente aún mayor sabe que no es posible conseguir, que, ahora mismo, la gran pregunta que se hace todo el mundo ya es otra muy diferente. No sé si llega a los oídos de nuestros representantes, pero lo que uno se pide es si cuando el no de Madrid se haga efectivo, el Gobierno y el Parlamento sabrán responder como esperamos que lo hagan. Tanto es así que las especulaciones en la calle, en la cafetería, en la sobremesa, en la playa, en el trabajo, ya no son sobre la clase de pacto a alcanzar, sino sobre el día después. Y la discusión de los partidos sobre el modelo preciso de pacto, si ponen condiciones, si lo empequeñecen, lo rechazan o se abstienen, ya sólo les interesa a ellos mismos.

Incluso reconociendo que ha sido un gozo ver a Artur Mas a la CNN explicando a todo el mundo y en inglés que somos objeto de expolio -lástima que Rajoy no entienda el inglés-, su intervención aquí ha sonado a reivindicación caducada. Se puede entender que el ritmo del gobierno no sea el de la calle, pero ha sido una ocasión perdida a la hora de empezar a hacer saber al mundo la gran esperanza que anida en este país y que llegará antes de lo que pensamos. Es así: vamos tan embalados que el no de Madrid el concierto ya sólo preocupa a los que lo quieren impedir, y que no pasan -según La Vanguardia - de un misérrimo 15 por ciento. En todo lo demás, lo que nos interesa es saber qué pasará al día siguiente y como nos ponemos trabajar para asegurar el éxito.

http://www.ara.cat/