El último barómetro político del Centro de Estudios de Opinión (CEO) establece por primera vez que una mayoría de catalanes, el 51%, votaría a favor en un referéndum por la independencia, un 21% votaría en contra, un 21% no votaría y un 7% no sabría qué hacer. Sabemos que las encuestas pueden reflejar mal lo que pasaría si realmente se hiciese un referéndum. Así que pongamos todos los condicionales necesarios. Con todo, es clara en Catalunya la tendencia favorable a mayores cuotas de soberanía política y económica, cuando no a la soberanía máxima –en el marco de la integración europea, claro está–.

Como reacción al barómetro, los dos principales dirigentes catalanes de partidos estatales, Alicia Sánchez-Camacho, del PP, y Pere Navarro, del PSC, coincidían (por separado) en afirmar que la independencia empobrecería Catalunya. Es una valoración legítima, heredera de décadas en que se creía que la prosperidad se basaba en tener mercados cautivos para exportar productos y tener superávits comerciales. Pero no se acomoda con lo poco que sabemos de la economía: la riqueza de las naciones se basa en la acumulación de capital –con un papel crucial del ahorro-, de las capacidades humanas –a menudo llamado capital humano– y de la capacidad de innovación. Y a todo esto ayudan mucho más los mercados abiertos y la competencia, que espolean actitudes y aptitudes, que los mercados cautivos y otras nostalgias autárquicas.

Muchas decisiones colectivas son complejas, y casi siempre se pueden encontrar aspectos positivos y negativos en los cambios o en la preservación del statu quo. Por eso los debates de política pública se miran desde diferentes perspectivas. Pero promover el miedo no es una táctica ganadora en sociedades abiertas y libres, porque es un camino que sólo ofrece resignación y frustración. En este ámbito me parece destacable la aportación de la delegada del Gobierno de España en Catalunya, cuando por abril nos advertía que una Catalunya independiente sería uno de los estados más pobres de Europa: la independencia nos haría salir de la UE y se aplicarían aranceles del 40% mientras no se produjese el reingreso, y esto “en el mejor de los casos, y si nadie lo vetara”. Debemos creer a la delegada del Gobierno si nos avisa de que el Gobierno del que es delegada haría posibles e imposibles para empobrecer a ciudadanos que hoy dice considerar propios. Claro que de ahí a decir que un posible Estado de Catalunya no llegase al nivel de relaciones económicas y comerciales que ya tienen países como Marruecos e Israel (y eso por no hablar del Espacio Económico Europeo, que ya deben de ser palabras mayores) es demasiado semejante a la reacción del maltratador ante la amenaza de divorcio.

Los responsables políticos y representantes institucionales de ámbito estatal contrarios al Estado propio tendrían más capacidad de persuasión y más éxito si se dieran una vuelta por el Reino Unido y –al volver– dijesen lo que allí es costumbre: “Como no puede ser de otra forma, los poderes estatales respetarán la voluntad libremente expresada” por los catalanes. ¿O no?

Germà Bel i Queralt (Las Casas de Alcanar, 15 de marzo de 1963) es un economista y político de Cataluña, España. Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, máster en Economía por la Universidad de Chicago, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. De 1987 a 1990 fue becario Fulbright y becario MEC de investigación. De 1990 a 1993 fue asesor en el Ministerio para las Administraciones Públicas y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ingresó en 1980 en la Joventut Socialista de Catalunya, y en 1982 en el Partit dels Socialistes de Catalunya. En las elecciones generales de 2000 fue elegido diputado al Congreso por circunscripción electoral de Barcelona. Desde 2004 ha continuado su labor docente en la universidad y como profesor visitante en la Universidad de Cornell, Universidad de Harvard y en el European University Institute.