Navarra intervenida

El pasado 7 de octubre se reunió en Pamplona la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, tras unos prolegómenos de sainete. Para empezar, la comisión estaba prevista para el 30 de septiembre, pero fue aplazada por los representantes del Estado. La misma mañana del día 7, inopinadamente, se anunció un nuevo aplazamiento y su sustitución por una reunión de técnicos de ambas administraciones. Es de suponer que los teléfonos arderían, y a tres bandas. El caso es que el secretario de Estado Beteta se plantó finalmente en Pamplona, bendijo la comisión y se fue a cenar con la consejera Goicoechea.

La reunión dio mucho de sí. La atención se ha centrado casi exclusivamente en el IVA de Volkswagen, materia en la que se acordó la suspensión procesal (que no retirada) del recurso ante el Tribunal Supremo, si bien se abrió la puerta a la posibilidad de compensaciones, vinculándose éstas a las negociaciones para el quinquenio 2015-2019. Poca cosa, pero peligrosa. También se asumieron los objetivos de déficit marcados por el Estado hasta 2017 (0,7% en 2015; 0,3% en 2016; 0,0% en 2017). Y el que venga detrás que arree.

Pero hubo un acuerdo al que se ha prestado muy poca atención y que tiene fuertes repercusiones para la capacidad de decisión de Navarra y su tan cacareado autogobierno en materia fiscal. En palabras del propio ministerio, la Comunidad Foral “ha comunicado la remisión de su Plan Económico Financiero al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por cerrar el ejercicio 2013 con un déficit del 1,55% del PIB regional, cuando el objetivo fijado era del 1,2%. El Plan Económico Financiero será estudiado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, será declarado idóneo en el seno de la Comisión Coordinadora”.

El asunto tiene su historia. Ya en 2012, el déficit reconocido fue del 1,74% y el objetivo del 1,5%. Ello motivó el consiguiente Plan Económico Financiero (PEF) para 2013, remitido al Ministerio el pasado diciembre. El Gobierno de UPN sostiene contra viento y marea que negocia el objetivo de déficit con el Estado. El de 2013 se fijó… en noviembre de ese año. ¡En noviembre, a un mes de terminar 2013! Curiosamente, o no tanto, coincidía con el que el Ministerio había establecido para Navarra, unilateralmente, en julio. En la primavera de 2014, el Estado cuantificó el déficit de Navarra en 2013 en el 1,55%. El Gobierno de Navarra lo objetó, basándose en discrepancias técnicas y negando cualquier consecuencia; se pospuso cualquier decisión definitiva hasta el 1 de octubre. Llegada esa fecha y, como muestra de la solidez de los argumentos del Gobierno de Navarra y de su capacidad negociadora, el déficit reconocido es, como hemos visto, del 1,55%.

¿Cuál es la relevancia de estas idas y venidas contables? La respuesta está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo soporte es la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Esta ley establece obligaciones y consecuencias en caso de incumplimiento de los objetivos marcados. Por ejemplo, la necesidad de elaborar un PEF “que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto” (artículo 21). Tal plan debe contener, entre otras cosas, la descripción, cuantificación y calendario de las medidas dirigidas a alcanzar ese objetivo, “señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán”. De acuerdo con el artículo 24, corresponde al Ministerio de Hacienda evaluar la aplicación del PEF. Incluso puede exigir medidas concretas si, a su juicio, no se aplican las previstas en el PEF.

Para asegurarse de que se cumplen sus mandatos, el Estado cuenta con algunos mecanismos, enumerados en el artículo 25. Para empezar, se da un plazo de quince días para aprobar la no disponibilidad de créditos que permitan cumplir con el PEF. Esto es, recortes presupuestarios. Igualmente, se prevé la constitución de un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB; depósito que puede constituirse en multa de no garantizarse el cumplimiento de los objetivos del PEF. Aún más, existe la posibilidad de enviar una comisión de expertos, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, para valorar la situación e imponer medidas. De llegarse a esta situación, el Gobierno podría dar instrucciones “a todas las autoridades de la comunidad autónoma”.

Es cierto que la Disposición adicional tercera de la Ley establece que la aplicación a Navarra se hará de acuerdo con lo establecido en la LORAFNA y el Convenio Económico; pero esta cautela queda en agua de borrajas si nos atenemos a lo dispuesto en el propio convenio al respecto, así como al carácter básico de la Ley (que puede alcanzar a su desarrollo reglamentario).

En suma, sobre Navarra y su capacidad de decisión en materia económica, fiscal y presupuestaria pende la espada de Damocles de los juicios del Estado sobre la idoneidad de las políticas aplicadas en Navarra. Y eso es, a todas luces, estar intervenido, con el agravante de que esa intervención se dirige al lado del gasto. Es conocida la alergia del Estado a cualquier innovación tributaria por parte de Navarra; alergia sustanciada en recursos de inconstitucionalidad con los que, bilateralidad mediante, juega en terreno propio. Por tanto, cualquier imposición estatal en materia de estabilidad presupuestaria se va a materializar en su práctica totalidad en recortes presupuestarios, que ya sólo pueden dirigirse a servicios públicos esenciales. Para muestra, un botón: el Gobierno de Barcina se comprometió en diciembre de 2013 a reducir en 1,3 millones de euros las ayudas a ayuntamientos para financiar el ciclo de 0 a 3 años en 2014, casi el doble del recorte previsto en los presupuestos prorrogados. No se lo dijo a nadie, sólo a Montoro.

Esta es la situación. Las decisiones de política económica de Navarra deben pasar por el tamiz del juicio que sobre ellas se emitan en Madrid antes de ser consideradas idóneas por la Comisión Coordinadora. Una razón más para considerar un fracaso la reunión del día 7 y para corroborar la incapacidad de Barcina para defender el régimen foral.

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