Política lingüística para un país en construcción

Durante los últimos veinte años, el País Valenciano ha sido el laboratorio de una política lingüística bien planificada, que perseguía un objetivo claro y correctamente definido: exterminar el valenciano de la vida pública. Por razones de conveniencia electoral, este objetivo nunca se ha expresado abiertamente. Al contrario, se ha disfrazado con una pátina de folclorismo regionalista sazonado con encendidas declaraciones de amor a la lengua (formuladas la mayoría de las veces en castellano), convenientemente dosificadas en los momentos electoralmente oportunos. Esencialmente, podemos decir que el papel que los gobiernos del PP reservaban para la lengua de los valencianos se restringía a gritar ‘¡Visca la Mare de Déu -la Virgen-!’ y ‘Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà’ (‘Señor pirotécnico, puede comenzar la mascletà’). Y, siempre que encontraban que podía servir para atizar la discordia y el conflicto, el afirmar (de nuevo, habitualmente en castellano) que valenciano y catalán no eran la misma lengua. Durante todo el resto de la vida pública y privada, estaban muy contentos si transcurría íntegramente en castellano.

Han sido veinte años largos de esta medicina, y los resultados son muy visibles tanto en el paisaje lingüístico de pueblos y capitales valencianas, como en el panorama desértico de los medios de comunicación. No en la lengua hablada, que -sorprendentemente- mantiene una vitalidad perfectamente audible si prestamos oido, y al mismo tiempo, convenientemente invisibilizada por la omnipresente norma de subordinación lingüística.

Con el cambio político, uno de los aspectos que mucha gente espera que cambie notablemente es, precisamente, el lingüístico. Y esto pone sobre la mesa una serie de retos, que me gustaría resumir en diez objetivos prioritarios.

1. Recuperar el prestigio institucional. Una lengua que no hablaban prácticamente nunca las autoridades, difícilmente puede tener algún tipo de prestigio. Recordemos que tanto el anterior presidente de la Generalitat, como la alcaldesa de Valencia o la de Alicante no estaban capacitados ni para pronunciar correctamente una frase entera. Los cargos electos de este nuevo periodo tienen la responsabilidad de hacer un uso correcto, digno y consistente del valenciano, sin subordinarse automáticamente a la lengua de los interlocutores. Será importante que no cometen errores absurdos como hacer ellos mismos de traductores de sus declaraciones públicas. Hacer esto les rebaja a ellos y a la lengua, porque transmite claramente el mensaje de que el conocimiento del catalán es innecesario, y por tanto, irrelevante.

2. Cambiar la lengua de uso normal en las administraciones públicas. Con el liderazgo del partido castellanista, la administración valenciana ha sido, en cuanto al funcionamiento interno, indistinguible de la vallisoletana. ‘Todo en castellano y para el castellano’, parece que ha sido la máxima rectora de los últimos veinte años. Como ciudadanos, teníamos que pedir explícitamente (a menudo, varias veces) que la administración se nos dirigiese en valenciano, para conseguir comunicaciones -a menudo llenas de faltas de ortografia- en nuestra lengua oficial. Hay que normalizar, y establecer por defecto, el uso de la lengua propia en las comunicaciones internas y externas de las distintas administraciones valencianas.

3. Trascender el ámbito educativo. Uno de los aciertos de los exterminadores lingüísticos ha sido de inculcar la idea de que ‘la lengua’ es un tema que afecta exclusivamente al ámbito educativo (y, después, intentar también el minorizarla este ámbito). Para entender la falsedad de esta idea sólo hay que comprobar cómo con la otra lengua oficial (la única que es oficial de verdad: el castellano) no se produce ninguna restricción de este tipo. La lengua es precisamente uno de los elementos más transversales de toda sociedad. Ni la sanidad, ni la economía, ni el urbanismo, ni ningún otro aspecto de la vida social se pueden desarrollar sin lengua: todo se hace en un idioma o en otro, y el regreso del valenciano al estatus de normalidad que le corresponde no puede confiarse exclusivamente al sistema educativo.

4. Ser transversal. Estoy convencido de que se hará mucho y buen trabajo desde la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, situada orgánicamente en la Consejería de Educación Cultura y Deportes. Hará falta, sin embargo, que todas y cada una de las acciones de las instituciones valencianas se hagan con perspectiva lingüística; es decir, sin ignorar que todo se hace en una lengua o en otra, y que la responsabilidad de los gobernantes es la de avanzar hacia la igualdad lingüística. Recordemos que ya hay una parte de la población valenciana, la que prefiere expresarse en castellano, que tiene todos sus derechos lingüísticos perfecta y efectivamente reconocidos. Son los derechos de los demás hablantes, los de los que preferirían vivir en valenciano, los que hay que defender e impulsar el fin de equipararlos a los de sus vecinos. Ninguna sociedad democrática debería tolerar la existencia de ciudadanos de primera y de segunda; y eso es lo que ocurre ahora mismo en el País Valenciano.

5. Dignificar la toponimia. Los pueblos castellanos tienen un nombre: el suyo. Por el contrario, los pueblos valencianos tienen dos: el suyo y una versión convenientemente castellanizada. Las carreteras llenas de absurdos como Elx/Elche, Sagunt/Sagunto o Benicàssim/Benicasim, que no aportan ninguna información relevante y, en cambio, transmiten claramente una imagen de subordinación indigna. Cada pueblo o ciudad debe tener un solo nombre propio, que cada persona, al leerlo, pronunciará tan bien como sus habilidades fonéticas se lo permitan. La normativa que otorga a cada corporación municipal la facultad de decidir qué forma gráfica debe tener el nombre de su pueblo es un absurdo que sólo pretendía contribuir a la desregulación y desprestigio de la toponimia valenciana. Esto se debe corregir mediante una nueva normativa aprobada por las cortes.

6. Abandonar el bilingüismo supremacista. El principio rector de esta perversión es: todo lo que está en catalán debe estar también en español, pero no a la inversa. No se aplica exclusivamente a la toponimia, y pretende transmitir la idea de que la lengua propia es absolutamente prescindible. Más aún, que no es necesario que nadie se contamine leyéndola. Es por eso que, convenientemente, se proveen traducciones para mensajes tan difíciles de descifrar como ‘Nord/Norte’ o ‘Direcció/Dirección’. Es insultante, tanto para el catalán como para la inteligencia de los lectores. Cualquier persona capaz de entender qué significa ‘Norte’ también sabe qué quiere decir ‘Nord’, sin necesidad de traducción. Un multilingüismo eficiente debería sustituir esta práctica: lo que sea importante que mucha gente entienda (por ejemplo, instrucciones de emergencia o información de interés turístico) debe estar en varios idiomas. Y se ha de asumir institucionalmente que, tal como explica perfectamente el profesor Moreno Cabrera, cualquier persona que domina el castellano también está perfectamente capacitada para entender instrucciones escritas en catalán.

7. Llegar al sector privado. Otro de los grandes logros de la política exterminacionista que hemos tenido que soportar es haber dejado en herencia una legislación que desprotege absolutamente el valenciano en el ámbito de la actividad privada. Comercios, negocios o grandes superficies no tienen obligación legal de respetar los derechos de los valencianoparlantes. Todo queda, por tanto, a merced de la buena voluntad de las empresas. Incluso antes de modificar esta legislación descaradamente pancastellanista, el poder político puede influir mucho en la proclividad del sector privado a usar (y así prestigiar) el valenciano.

8. Recuperar la colaboración con la sociedad civil. Los anteriores gobiernos identificaban como ‘el enemigo’ al rico tejido asociativo valenciano, y específicamente, las asociaciones que trabajan por la lengua y cultura valencianas. No sólo las han despreciadas sino que las han combatidas con todos los medios a su alcance (recordemos, por ejemplo, las multas millonarias -y finalmente, declaradas ilegales- contra Acció Cultural del País Valencià). Ahora se abre un periodo en el que ayuntamientos, diputaciones y la propia Generalitat podrán cooperar honestamente con la sociedad civil para lograr el objetivo común de restablecer la normalidad cultural y lingüística que toda sociedad necesita.

9. Desconflictivizar la lengua. Si es necesario identificar el mayor éxito entre todas las políticas antivalencianas que han perpetrado los gobiernos anteriores, yo señalaría la conflictivización. Connotar como conflictivo el uso de una lengua es una manera altamente efectiva de reducir su uso y de desanimar tanto a los hablantes actuales como a los que la podrían aprender. Son muchos los aspectos que se han estigmatizado por la vía de asociarlos con situaciones conflictivas (incluyendo el uso impune de la violencia contra personas, por el hecho de hablar en valenciano). La palma, pero, seguramente se la lleva el tema onomástico: ¿valenciano o catalán? Los valencianos hemos dicho y decimos ‘valenciano’ en el idioma que hablamos, desde hace siglos. Y probablemente continuaremos haciéndolo así. No es un fenómeno paranormal; ni siquiera extraño. Lo hacen así mallorquines, menorquines o ibicencos, en nuestro mismo ámbito lingüístico, andaluces o argentinos en el del español, o muchos americanos de Estados Unidos, en el anglófono. Y eso no quiere decir que ignoren o que nieguen el nombre con el que su lengua es conocida internacionalmente. Creo que este es un buen horizonte para el valenciano; una denominación perfectamente homologable que no implica ninguna negación de identidad con el resto de variantes de los territorios catalanoparlantes, y a los que no se debe contraponer de ninguna manera. Habrá, por tanto, que reconocer por ley la equivalencia de la doble denominación ‘catalán’ y ‘valenciano’ a fin de superar definitivamente el uso interesado de la contraposición.

10. Generar modelos. No sólo en el ámbito político o institucional debe visibilizar el valenciano como un idioma de uso normal y perfectamente legítimo. También es necesario que se hagan visibles modelos en ámbitos como la música, el espectáculo, el deporte, el ocio, las fiestas, etc. La transversalidad es precisamente eso. Y es eso que dota de ‘normalidad’ el uso de un idioma; que lo hagan unos y otros, en todo tipo de registros, desde los más coloquiales hasta los más cultos, y en toda clase de situaciones. Los idiomas normales ya tienen eso. Sintonicemos cualquier canal de TV en francés, inglés o español y lo podremos comprobar de inmediato. La recuperación de unos medios de comunicación propios y autocentrados será un elemento central para poder lograr este último objetivo.

Probablemente hay más, y es seguro que todos son interdependientes, y que se han de conseguir de manera sincrónica. Si es necesario resumir todos los objetivos en uno solo, diría que la nueva administración valenciana debe actuar, en todas y cada una de sus iniciativas, con perspectiva lingüística. Esto es, sin olvidar que todo lo que hacemos trabaja en favor -o en contra- de la lengua que, a pesar del carácter oficial que tiene reconocido desde hace unas pocas décadas, hace más de trescientos años que no ha tenido ni siquiera un mínimo apoyo institucional. Avanzar hacia la igualdad lingüística es un deber moral y democrático, que el nuevo gobierno no debe rehuir en ninguna de sus actuaciones.

VILAWEB