Tribuna abierta. Derechos humanos a tiempo parcial y tortura

Conviene hacer un poco de historia sobre Álvaro Gil Robles. Siendo éste Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, fue el autor de un informe el año 2001 para el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria europeas que recibió una sonora descalificación del Gobierno Vasco por “parcial y falto de rigor”. El informe recogía todas las tesis del Foro de Ermua y Basta Ya, además de graves reproches a las instituciones vascas del momento.

Sin embargo, la parte más interesante es aquella que dedica a los malos tratos o torturas por parte de las instituciones del Estado. Aquí el Sr. Gil Robles es claro:

“Es conocido que la denuncia sistemática de torturas – independientemente de la concurrencia de hechos o indicios para acreditar la concurrencia de tales prácticas- forma parte de las obligaciones de todo militante de ETA a partir del momento de la detención, como se deduce de documentos intervenidos en pisos ocupados por militantes de esta organización terrorista y obrantes en actuaciones judiciales.

El objetivo, tal y como explican los mandos de ETA a sus militantes en dichos documentos, no es otro que la desestabilización de las fuerzas de seguridad y, con ellas, del sistema y las instituciones democráticas y la búsqueda de apoyo y solidaridad de los simpatizantes del movimiento independentista y, más allá, de los sectores juveniles radicales y ciertos sectores de la sociedad vasca, poco proclives, por razones históricas, a aceptar la versión policial”.

En el año 2005 el señor Gil Robles es autor de un nuevo informe, complementario al anterior y destinado también al Comité de Ministros y a la asamblea parlamentaria europea, donde referido a la tortura vuelve a manifestar:

“Las denuncias de tortura emanantes de los militantes de ETA y su entorno están, en muchos casos, desprovistas de fundamento y obedecen esencialmente, a motivaciones de naturaleza política como la deslegitimación del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas en su conjunto.

Tengo, por mi parte, el convencimiento, como las ONG con las que me entrevisté durante esta visita, de que los casos de malos tratos ocurren, en la España democrática actual, de manera esporádica y no sistemática. Fruto de conductas desviadas y no de una política deliberada o plan alguno por parte de las autoridades. También es cierto que el Estado de Derecho dispone de los medios necesarios para investigar y castigar severamente aquellas conductas que menoscaben la integridad física y la dignidad de las personas detenidas”.

Hasta aquí lo que decía el señor Gil Robles en 2000 y 2005. Cabría pensar que, a la luz de las investigaciones que está llevando la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco a instancias del Parlamento Vasco, y que cifra en más de 4.000 los casos de torturas durante el periodo 1960-2013, este informe dirigido por el profesor Etxeberria y un equipo de acreditados especialistas, establece por su carácter científico y riguroso esa dimensión permanente de la tortura y no su carácter accidental. En vista de lo anterior y no pudiendo alegar desconocimiento, se podría pensar que el señor Gil Robles hubiese podido rectificar sus planteamientos. No parece que sea así ateniéndonos a una entrevista que concede a un diario local el 7 de este mismo mes de julio y donde preguntado sobre el proyecto de Ley de Abusos Policiales del Parlamento Vasco, contesta:

“Hay que reconocer a todo el que ha sufrido realmente un abuso de esa naturaleza. Pero eso es una cosa y otra reescribir la historia, que ya está escrita. Ni todos son iguales ni todo lo que ha pasado ha sido lo mismo”.

Elocuente respuesta donde parece que no termina de dar mucho crédito a lo que él denomina abusos y, por otro lado, consideraría reescribir la historia el que se aclare la verdad de lo ocurrido. El hecho de que todos no son iguales quizás se refiera a que las violaciones de Derechos Humanos son solo violaciones en función de quienes son los que las sufren. Las posiciones negacionistas de la tortura de Álvaro Gil Robles y la falta de empatía hacia los que las sufrieron vuelven a quedar, incluso ahora, meridianamente claras.

Estas son las posiciones del señor Gil Robles, invitado por el señor Lezertua, que fue director de la Oficina de Gil Robles desde 2004 y con quien también comparte la teoría del manual de torturas de militantes de ETA, manual que nadie ha visto nunca, al manifestar en una entrevista en prensa local el 7 de noviembre de 2015 y siendo ya Ararteko:

“Toda persona de la banda terrorista que fuera detenida sabía que tenía que denunciar malos tratos”. Si bien termina el párrafo de esta forma: “Al mismo tiempo, no se estudiaron bien cada uno de los casos y esto lo ha dicho reiteradamente el Tribunal de DDHH y por esto ha sido condenada muchas veces España. Un país que no investiga las denuncias por tortura es como si las cometiera”.

Aunque ha costado casi 40 años, la verdad sobre la tortura en España se va abriendo paso gracias, entre otras, a esta iniciativa del Parlamento Vasco. De sus conclusiones se despeja que ha sido estructural y que la responsabilidad directa ha sido de la Policía y Guardia Civil, de los ministerios del Interior y de aquellos magistrados que se han negado a investigarla.

Pero también se puede añadir que hubiese sido muy difícil llegar a esas escalofriantes cotas sin la colaboración activa de quienes tenían por obligación denunciar y no lo han hecho.

Esta página negra de la tortura en España y la de los más de 3.000 torturados solo quedará cerrada el día en que las víctimas sean reparadas, las condenas sustentadas sólo en base a declaraciones hechas en dependencias policiales sean revisadas y las responsabilidades de los autores depuradas.Profesores de la UPV/EHU

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