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Iñaki Egaña   
Lunes, 06 de Marzo de 2017 18:46

Ni siquiera en los números tenemos coincidencias. El Informe PISA nos anunció hace unas semanas que los alumnos vascos mantienen la media europea en la asignatura de Matemáticas. No así en otras facetas, como la de la comprensión lectora. Lo que me induce a dudar sobre el destino de las siguientes letras, articuladas en una sucesión de números que, equivocadamente, nos inducen a conformar una opinión política de nuestro entorno, actual e histórico.

No quiero cargar, sin embargo, las deficiencias en los alumnos. Más aún cuando las fuentes de los desaguisados numéricos son adultas, alguna que otra académica, y la mayoría con cargos de responsabilidad en esta sociedad que, apuntan, es la más adelantada que jamás haya conocido nuestro planeta. Vuelvo a dudar sobre esta afirmación. Nuestra distancia genética con los primates se mantiene en las mismas coordenadas que hace centenares de miles de años. A pesar del whatsapp, las bombillas LED y las nuevas técnicas de trasplante capilar.

En mayo de 2016, el Instituto Pedro Arrupe de Derechos Humanos de la Universidad de Deustu entregó al Gobierno vasco el “Informe sobre la injusticia padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de ETA (1990-2011)”. Según el Informe, ETA mató a 11 ertzainas, ejecutó 23 atentados contra el Cuerpo Autonómico y, en ese periodo, se produjeron 1.335 actos de violencia callejera contra los agentes o sus familias. Hace unos días, Roberto Seijo, portavoz del sindicato Erne de la Ertzaintza, apuntaba que «35 de nuestros agentes han muerto a manos de ETA». La diferencia entre una cifra y otra, abismal. No parece, sin embargo, que la Universidad de Deustu pertenezca al entorno de ETA.

Como saben, delegados sindicales policiales, siguiendo la estela de otros portavoces en la intoxicación, afirmaba que la Ertzaintza jamás había torturado porque no había sentencias condenatorias. Afortunadamente, el derecho a la privacidad que pagan algunos por salir de Google no afecta a los medios de comunicación. Miren quién era el jefe del cuartel de la Ertzaintza en Deba y verán que fue condenado por torturas a un detenido y la pena confirmada por el Supremo. Si se trata de «lesiones» y «malos tratos», la lista se amplía.

Recordarán, en este baile de números, cómo hace una década el doctor en filosofía Mikel Azurmendi y Fernando Fernández-Savater, «referente imprescindible para toda una generación de España» según Wikipedia, decían que más de 200.000 vascos se habían exiliado por la acción de ETA. Más exiliados que habitantes en Donostia (186.064 al día de hoy). La cifra más alta la dio El Confidencial Digital: 383.700 exiliados originados por ETA en 25 años. ABC añadió que ETA ha causado más exiliados que Franco durante la guerra civil. Un bulo espectacular. Los exiliados vascos de 1937 fueron 151.500, identificados todos ellos con nombres y apellidos. No rían la gracia. En un reciente informe publicado por Soledad Becerril, defensora del pueblo español, se afirma que «aunque el número exacto de desterrados es difícil de cuantificar, 200.000 vascos y navarros han tenido que abandonar sus hogares por la presión terrorista de ETA».

Y ya que de números se trata, se podía también atinar en las cifras mortales del conflicto. Aunque no hay una definitiva relativa a los muertos ocasionados por organizaciones armadas vascas (tanto el ministerio del Interior, en su oficina de atención, como las asociaciones de «víctimas del terrorismo» mantienen diferencias aunque son 864 para la Audiencia Nacional), creo que los números nos deberían llevar, si hablamos de conflicto, a integrar a los originados asimismo por el Estado en sus diversas facetas, es decir a 1.350. Si la referencia es de heridos, los mismos no serán 3.000 como señala el Gobierno vasco (deja fuera a los originados por los estados), sino más de 10.000.

En la última fase de ese conflicto histórico que todos conocen y algunos niegan, las organizaciones armadas vascas han reivindicado 3.069 acciones (ETA, Iraultza, CAA, Iparretarrak, Hordago, EGI, etc). La Audiencia Nacional dice que son 2.472. Es lógica la desviación a la baja del tribunal de excepción porque su espacio es hispano. El Gobierno vasco afirma que las acciones de kale borroka han sido 4.500. La Guardia Civil las aumenta a 6.000. Pero, sin rigor científico, únicamente con la cifra de 4.979 de los últimos 25 años (en estudio de prensa), supongo que la cantidad pasará de 10.000 (Lemoiz, Autovía, Itoiz, conflictos laborales, simbología franquista...).

Con relación a las organizaciones vascas, la citada Defensor del Pueblo señala que «un 44% del total de crímenes cometidos por la organización terrorista ETA han quedado sin resolución judicial». Me parece un exceso superlativo si aplicamos el porcentaje a las cifras anteriores. Algunas asociaciones de víctimas dicen que los casos sin esclarecer son 349, la Audiencia Nacional 224 y el Gobierno vasco, en cambio, 129.

Si nos referimos al conflicto son «números-trampa». Al menos 649 personas han sufrido atentados en su contra ejecutados por grupos parapoliciales (BVE, GAL, Triple A, etc.). Un total de 83 fueron atentados mortales. La impunidad ha sido total. Los atentados contra intereses, negocios, etc. reivindicados por estos grupos llegan a los 1.700. Vuelvo a recalcar que no tengo contundencia para señalar científicamente el grado de impunidad. Pero, por cercanía, imagino algo así como el 90%. Si a esos crímenes sumamos los que se siguen sin resolver y tuvieron origen en cuarteles, centros penitenciarios, custodia policial, etc. (tortura fundamentalmente), volveremos a sobrepasar el número de 10.000. ¿Con qué porcentaje de resolución judicial? ¿1%? ¿2%?

No quiero ahondar en el fraude, porque es evidente. Pero salten el marco cronológico y la espectacularidad nos hará temblar. Más de 5.500 hombres y mujeres vascos muertos en retaguardia desde 1936 a 1955. Las condenas judiciales a los verdugos, y creo escribir con conocimiento de causa después de revisar decenas de miles de expedientes, son cero. Con mayúsculas.

Más aún. Recientemente la familia de un guardia civil muerto en Orbaizeta por el maquis en 1961, ha exigido los 250.000 euros preceptivos por ser «víctima del terrorismo». La Audiencia Nacional ha sido expeditiva. Ni un euro porque aquella acción del maquis, la guerrilla antifranquista como la citan ahora los historiadores, no fue un acto de terrorismo. El terrorismo, dicen, comienza en 1968 con la muerte del agente Pardines y el inspector Manzanas. Tan claro como que, sabido es, el Gobierno central ha recurrido las leyes de víctimas originadas por el Estado de los ejecutivos de Gasteiz e Iruñea. Paradójicamente, la Ley de Amnistía de 1977 protege a los funcionarios del Estado, no así a los terroristas. Y desde entonces, como ya adelantó Antonio Basagoiti en 2011, el Estado ha sido inmaculado. Ejemplo en el mundo mundial: cero víctimas.

Y ahora que se acerca ese 80 aniversario del bombardeo de Gernika, recordar que, durante décadas, los muertos habían sido obra de las hordas rojo-separatistas. El Gobierno vasco, desde su exilio, apuntó una cifra de víctimas: 1.645 muertos y 889 heridos. Nunca sabremos el número real. Una jueza nos cerró incluso, hace apenas 10 años, el acceso al Registro Civil. Aún así, cuando comenzó la inmaculada (bis) Transición, la apertura también se reflejó en el relato sobre Gernika. El que sería ministro de «Cultura», Ricardo de la Cierva, fue claro: las bombas sobre Gernika habían matado a 12 vecinos.

A estas alturas, creo que es el único número dispuesto a ser aceptado por el relato oficial español. Lo dijo Radio Nacional tiempo después, cuando la crítica arreciaba «No queremos bombardear población civil; sufrimos del dolor que causamos a los españoles. Pero hay deberes más elementales que nuestras inclinaciones sentimentales». Efectivamente, señores y señoras lectoras. Hay deberes elementales. Aunque haya que eliminar la asignatura de Matemáticas

GARA