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El futuro de Garoña, en la recta final PDF Imprimir E-mail
Julen Rekondo   
Miércoles, 02 de Agosto de 2017 20:50

el desacuerdo entre los dos socios propietarios de la central nuclear de Garoña, Iberdrola y Endesa sobre la continuidad de la planta ha impedido que la empresa titular desista de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización de explotación. Mientras tanto, y aunque el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear dio su visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) el pasado mes de marzo, el Gobierno español no ha tomado aún una decisión. El anuncio se hará, según informó el propio ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, después de conocer las consideraciones de las 11 entidades personadas en el procedimiento, para las que el Gobierno abrió un periodo de alegaciones de 10 días que finalizó el pasado 21 de julio.

De ellas sólo dos -la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipio de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC)- han manifestado su apoyo a la continuidad de la explotación de la central, que lleva parada desde diciembre de 2012 y han presentado alegaciones a favor de la prórroga de explotación. Por el contrario, las ocho restantes todas se han mostrado en contra. Greenpeace, el Parlamento vasco, el Gobierno vasco y la Diputación de Álava, Ecologistas en Acción-Burgos, la Asociación Ecologista Centaurea, el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de Navarra han presentado alegaciones dentro del periodo establecido. Este diario informaba el jueves día 27 de julio de la presentación por parte del Gobierno de Navarra de nueve alegaciones contra la reapertura de la central nuclear, en la que una de ellas hacía alusión a que “cualquier incidencia en la central de Garoña puede tener implicaciones directas en amplias zonas de esta comunidad”. Sin duda, la central de Santa María de Garoña es la avanzadilla y la que puede marcar el futuro de la energía nuclear en el Estado español, aunque su aportación real -con una potencia de 500 MW- es muy pequeña. La central burgalesa puede hacer de punta de lanza para el resto del sector nuclear. Si Garoña consiguiera los permisos para operar más allá de los 40 años, se abre un precedente para los siete reactores nucleares que actualmente funcionan en el Estado, que, si no tendrían que empezar a cerrar a partir de la próxima década, al rebasar ese límite temporal. La siguiente en la lista es Almaraz I, ubicada en la provincia de Cáceres, cuya licencia de explotación expira en 2021 y que entró en servicio en 1981, pero que se ha visto envuelta en varios problemas de seguridad en los últimos años. El resto de reactores nucleares irán agotando su vida útil entre 2023 y 2034. Tras Almaraz I, vendrán Ascó I, que entró en funcionamiento en Tarragona en 1983; después Almaraz II, también en 1983; la planta valenciana de Cofrentes, en servicio desde 1984, más tarde Ascó II, también en Tarragona, en 1985; luego le seguirá Vandellós (Tarragona), planta que está en servicio desde 1987; para acabar con Trillo en Guadalajara.

En realidad, no existe ninguna normativa que estipule por ley cuánto tiempo puede estar funcionando una central nuclear. Siempre que se cumpla con los requisitos de seguridad, avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los operadores pueden solicitar una prórroga tras otra. Aun así, la decisión es más política de lo que parece. Pese a los informes que realice el Consejo de Seguridad Nuclear sólo son vinculantes cuando son negativos, es decir, cuando una instalación no cumple con los requisitos necesarios para seguir operando. Pero si una central cuenta con el aval del CSN, la última palabra la tiene el Ministerio de Industria, que es quien debe aprobar o desestimar una renovación de la licencia de explotación. Y lógicamente el partido político que está en el Gobierno es el que tiene la última palabra, y el PP es pronuclear.

Hoy es un hecho, que sólo lo rebaten los más acérrimos defensores de la energía nuclear, que el parque eléctrico español está sobredimensionado, y su cierre no ocasionaría ningún problema de abastecimiento. Otra cuestión es que el alargamiento de la vida de las centrales nucleares supone un beneficio económico indudable, ya que se trata de unas plantas que están ya amortizadas. Pero esta pretensión choca con varios problemas. El primero es el de la seguridad. A medida que las plantas envejecen van teniendo más achaques, y, por tanto, más posibilidad de accidentes. El segundo es el hecho de que la garantía de suministro se va minando progresivamente, puesto que las centrales nucleares sufren más paradas no programadas que detraen súbitamente una gran potencia del sistema eléctrico, con efectos muy negativos para la red.

Por otra parte, en el caso del Estado español, no son pocos los estudios que consideran factible contar en 2050 con un parque eléctrico completamente desnuclearizado formado exclusivamente por energías no contaminantes, que darían además trabajo a cientos de miles de personas entre empleos directos e indirectos, y si hubiera alguna carencia, podrían completarse con el gas natural de forma transitoria.

Por tanto, podemos vivir sin nucleares, y no exponernos a un grave accidente nuclear. La energía nuclear civil es una apuesta fallida del desarrollismo en la segunda parte del siglo XX por aprovechar y amortizar las investigaciones militares en el armamento atómico -los próximos 6 y 9 de agosto se cumplirá el 72 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki- y ofrecer en teoría una energía limpia, barata y segura, que se ha demostrado en la práctica que no lo es. Hoy en día sabemos que hay que prescindir de ellas, y que tenemos tecnologías y alternativas energéticas que la hacen innecesaria.

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