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Salesianos: hay cosas que no cambian PDF Imprimir E-mail
Juan Carlos Longás García   
Lunes, 21 de Agosto de 2017 22:52

Cuando se habla de la envenenada herencia que dejó UPN, se suele citar el conocidísimo rosario de monumentos al derroche y a la ruina. Por si ello fuera poco, el obligado oreo de las alfombras palaciegas ha ido mostrando agujeros, deudas, fruto de la negligencia, la incapacidad o el afán de ocultación (ahí están los cincuenta millones de la Ciudad del Transporte). Una última serie de trapazas en forma de gravosas hipotecas (no sólo económicas), es la de las sombras: la de los peajes y la no menos alargada de tantos PSIS, amenazas casi ciertas de agresiones urbanísticas, paisajísticas, ambientales o de otro tipo, de difícil resolución por la previa y premeditada generación -y ése es el truco- de derechos indemnizatorios.

Uno de estos es el de Salesianos, pésimo ejemplo de la Administración metida a especuladora inmobiliaria para sacar las castañas del fuego a agentes privados. El resultado es una aberración urbanística que va a desnaturalizar una parte muy sensible de la ciudad durante generaciones. Haciendo gala de ese buenismo adobado con resignación que viene caracterizando su actuación en los asuntos espinosos, el Gobierno de Navarra apela a la inviabilidad jurídica y económica de cualquier modificación del PSIS, al tiempo que toma medidas necesarias para “velar por la defensa de los intereses públicos”, como limitar la responsabilidad pública en la operación, establecer un tope para los recursos a obtener por la propiedad de 37 millones de euros (eso lo tendrán que explicar mejor), que deberán dedicarse exclusivamente a la construcción del nuevo colegio (algo que ya había prometido hacer UPN). No es lo que al Gobierno le gustaría, pero no se puede hacer otra cosa.

No se trata de negar las dificultades jurídicas de cualquier modificación, puesto que, como decía, se han generado ya derechos susceptibles de indemnización. Otra cosa es que ha habido posibilidades de modificación negociada con los Salesianos, sin que sepamos si efectivamente se han explorado y, en su caso, cuáles han sido las posiciones respectivas y por qué no ha habido acuerdo. Un asunto de esta envergadura merece que se negocie y que la opinión pública tenga la información necesaria para asignar responsabilidades, sociales y políticas.

Para justificar que la operación deba llevarse a cabo se apela a “informes jurídicos y de impacto económico”. Desconozco los primeros, aunque es de imaginar su tenor. Pero se esgrime un informe de Nasuvinsa (una vez más, la propia Administración contra el interés público) en el que se habla de la pérdida que supondría o, incluso, del coste de oportunidad de no ejecutarlo. Se hacen las cuentas del gran capitán, como ni los mismos Salesianos hubieran sido capaces, y se manejan conceptos y cifras con gran alegría. A no ser, claro, que lo que se pretenda sea llevar adelante como sea la actuación. Así, por ejemplo, se calculan los costes adicionales de ejecutar dos manzanas siguiendo el esquema del Segundo Ensanche, y a eso se le llama coste de oportunidad de no ejecutar el PSIS tal como fue aprobado. El procedimiento es, conceptualmente, más que discutible. Primero, porque para calcular un coste de oportunidad es necesario considerar la mejor alternativa disponible y está por demostrar que sea la del PSIS. Segundo, porque dicho coste sólo tiene sentido si la oportunidad es fija y limitada; pero precisamente en el ámbito urbano todo depende de las decisiones administrativas que se tomen. Tercero, porque si es la Administración pública la que calcula ese coste de oportunidad, debe tener en cuenta, en tanto que garante del interés público, la totalidad de costes (y beneficios) de las alternativas disponibles; y no parece ser el caso. Quizá sea ocioso recordarlo, pero si bien en proyectos privados es lógico que se tengan en cuenta únicamente consideraciones de eficiencia, en los sociales hay que añadir las de equidad a la hora de calcular costes y beneficios. A todo ello se suma el baile de tasaciones de la finca. En 2015 se hablaba de entre 28 y 37 millones; ahora Nasuvinsa le adjudica un valor mínimo de entre 45 y 50 millones.

El suelo urbano no es un bien como la mayoría, porque genera lo que los economistas llamamos renta (rent, en inglés), en una acepción distinta a la habitual de flujos de ingresos (income). Dicho de forma sencilla, una renta es la remuneración de un bien o factor por encima de su coste de producción. Pensemos, por ejemplo, en dos solares exactamente iguales, uno en el centro de la ciudad y el otro en la periferia. Su coste de producción vendría a ser el mismo, pero no así su precio. ¿De qué depende éste? De factores como su ubicación o lo que en él se pueda hacer, es decir, de su calificación y, en su caso, edificabilidad. De ahí que la demanda de suelo sea una demanda derivada, se demanda suelo por lo que en él se puede hacer. Una de las consecuencias de ello es que el suelo se encarece si la vivienda está cara y no al revés, como tanto se repetía -interesadamente- en los años de la burbuja.

La renta del suelo urbano es, por tanto, resultado en gran medida de la acción del sector público (por eso no es casual que el municipal sea el ámbito por excelencia de la corrupción política). De ahí su consideración por los economistas clásicos como ingreso no ganado (que tradicionalmente, por cierto, se ha considerado una razón de peso para que fuera fuertemente gravado). En el caso de Salesianos, al cúmulo de despropósitos del Gobierno de UPN se añade la actitud de la congregación, en una actuación al alimón dirigida a maximizar la renta de la parcela. El actual Gobierno no hace sino hurgar en la herida empeñándose en aplicar el PSIS tal cual. Una cuenta fácil: si la parcela vale 50 millones y la ejecución de dos manzanas tipo supone un menor valor del 25%, estamos hablando de 37,5 millones, todavía por encima del tope fijado a los Salesianos. A partir de aquí, hablar de pérdidas de 52 millones o decir que no hay margen para negociar es tomar el pelo a la opinión pública, con la coartada de lo técnico: el viejo truco de neutralizar éticamente un problema reduciéndolo a cuestiones administrativas.

El Gobierno de Navarra y la Comunidad Salesiana deberían reflexionar sobre la responsabilidad que asumen al incidir de forma tan brutal en una zona sensible de la ciudad y contra el parecer del propio Ayuntamiento. En el caso de la segunda, un debe que oscurece y minimiza el haber de tantos años de eficaz acción educativa y social (con un fuerte apoyo público, todo hay que decirlo).

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