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En apoyo al referéndum de Catalunya PDF Imprimir E-mail
Ramón Zallo   
Jueves, 07 de Septiembre de 2017 19:26

Las representaciones máximas de la mayoría sindical vasca y un pequeño grupo de profesorado universitario estamos animando a firmar en www.activism.com un manifiesto solidario con el referéndum de Catalunya del próximo 1 de octubre bajo el lema U-1ekin BAT (Elkartasuna Kataluniako erreferendumarekiko/ Apoyo al referéndum de Catalunya).

En el manifiesto resaltamos la legitimidad democrática que les asiste a las instituciones catalanas electas para que sea el pueblo de Catalunya quien, mediante pronunciamiento expreso, decida pacífica y cívicamente si quiere o no «que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república».

No hay momento más álgido para una democracia que poner el destino de un país en manos del pueblo soberano y no del juego entre elites, cuyo papel acaba cuando le toca el turno al pronunciamiento popular. Tiene como precedentes próximos de celebración las consultas realizadas en Quebec y Escocia.

Pero además se realizaría desde la legitimidad de cuatro premisas: una, el intento previo y fracasado de una negociación con los poderes del Estado que se han negado a asumir que había un problema nacional, como ya lo hiciera en la década pasada con el Estatuto Político y con la ley de consulta del Gobierno Ibarretxe. Dos, desde una institucionalidad democráticamente homologada y con mayorías holgadas, en base a una interpretación legítima de la legalidad y apta a tiempos de tránsito político de un cuadro institucional a otro en la organización territorial del Estado. Tres, con una pregunta muy clara. Y cuatro, todos los datos confirman que, independientemente del sí o no en la respuesta, la inmensa mayoría de la sociedad catalana es partidaria de ser consultada al respecto.

Se han alegado distintas críticas al referéndum algunas de las cuales se comentan a continuación.

La primera que es ilegítima «por ser una convocatoria unilateral». Tal versión no se sostiene cuando el intento reiterado de bilateralidad ha topado con la negativa del Estado a negociar y abordar la problemática de fondo. Lo que quiere decir que la unilateralidad es una decisión del Estado y no de Catalunya. La vía escocesa ha sido imposible por la negativa del PP que ha optado, al mejor estilo autoritario, por un 1-O con choque entre la ciudadanía de Catalunya que quiere ejercer el derecho a decidir y el Estado que quiere impedirlo.

Ha forzado a Catalunya a que el derecho democrático a decidir se formule como un derecho a la secesión con negociación ulterior de las consecuencias, tal y como ya apuntara como caso extremo la doctrina de la Corte Suprema de Canadá al señalar que Quebec no tiene el derecho a separarse unilateralmente, pero que el Gobierno de Canadá tendría que entrar en negociaciones con Quebec si los quebequenses expresasen una clara voluntad de separarse. Que el pueblo de Catalunya apueste en una dirección u otra crearía una situación de hecho que habrían de tomar muy en consideración las instituciones tanto del Estado como internacionales sin perjuicio de sus propias decisiones.

La segunda es que «divide a Catalunya». Tampoco se sostiene. Como cuando hay que tomar cualquier decisión que genera situaciones nuevas, gustará más a uno que a otros, como el no tomarla gusta más a otros que a unos. Lo razonable, si lo que parece una mayoría lo demanda, debería ser solventarlo por mayorías como en cualquier acto democrático con la obligación de intentar pactar los procedimientos. La negativa a hacer lo uno (el acto) y lo otro (el procedimiento) ha sido un chantaje antidemocrático de la minoría en las instituciones catalanas, sin que pueda alegar que se haya excluido a nadie ni se hayan conculcado derechos humanos presentes y futuros de toda la ciudadanía.

La tercera es que «no es legal». Falta a la verdad. Ha habido un empeño exquisito en construir un andamiaje tanto para el referéndum como para una hipotética desconexión mediante una legalidad que despeje incertidumbres jurídicas o de estatus incluso para la fase de transición tanto si el referéndum da como resultado la opción de independencia como si no.

La cuarta es que «genera inseguridad jurídica». Es una crítica sesgada porque produciéndose inevitablemente inseguridad porque hay cambio político, lo relevante es que haya seguridad democrática acompañada de una minimización de la inseguridad jurídica. Es muy razonable y necesario que una ley prevea los efectos hipotéticos de un referéndum antes de que se celebre precisamente para evitar tanto un chantajeado horrore vacui para la libertad del voto ciudadano como la inseguridad jurídica para el caso de resultar positiva la apuesta por la independencia.

Superando esas posverdades lo cierto es que el Gobierno Rajoy, con el apoyo de PSOE y C’s, quiere impedir ese referéndum, conculcando el derecho a decidir de una nación sin Estado, no por razones de legalidad sino por miedo a la democracia, por el precedente que significa y, sobre todo, por el hipotético resultado. Las clases política y mediática españolas tienen un concepto demediado de la democracia y del Estado de derecho al subordinarla a la integridad estatal como principio (nacionalista) supremo.

Continúa el escrito hecho público manifestando «nuestra solidaridad inequívoca con Catalunya» y lamentando dos actitudes: «la incoherencia de quienes siendo partidarios de la autodeterminación de los pueblos se echan atrás cuando tienen ocasión para demostrarlo atribuyendo a los demócratas la responsabilidad de la falta de garantías que el Estado provoca» y la inaceptable insolidaridad del Gobierno Vasco para con el pueblo catalán «ya que sus acuerdos con el Gobierno Rajoy fortalecen a este y debilitan a las instituciones democráticas catalanas».

Por ello terminamos expresando «nuestro apoyo a cuantas movilizaciones se convoquen en favor de la celebración de dicho referéndum comenzando por el respaldo a la Diada del 11 de septiembre en Barcelona y, especialmente, a la convocatoria de la manifestación de Gure Esku Dago para el 16 de septiembre en Bilbao a favor de la democracia y el ejercicio del derecho a decidir de Catalunya».

*Los otros promotores del manifiesto son Petxo Idoiaga (UPV-EHU), Helena Franco (UPV-EHU), Pedro Ibarra (UPV-EHU), Ane Larrinaga (UPV-EHU), Iñaki Lasagabaster (UPV-EHU), Francisco Letamendia (UPV-EHU), Mila Amurrio (UPV-EHU), Txiki Muñoz (ELA), Garbiñe Aranburu (LAB), Ana Pérez (STEILAS), Biktor Galarza (HIRU), Alazne Intxauspe (Etxalde), Txejo Ortega (ESK).