Catalunya contra el territorio del dogma Imprimir
Gorka Knorr   
Miércoles, 18 de Octubre de 2017 15:28

NO resulta fácil escribir sobre la situación en Catalunya y tratar de explicar, siquiera brevemente, el origen de los acontecimientos que estamos viviendo, justamente cuando la situación política ha llegado a un punto de difícil retorno, y cuando las presiones de todos los aparatos del Estado han condicionado, por ahora, lo que iba a ser la definitiva Declaración de Independencia del Parlament de Catalunya.

Invierto no pocas horas en tratar de explicar a compatriotas vascos cómo se ha llegado a esta situación y en responder a la pregunta de cómo se ha podido llegar a tamaño desencuentro sin que por el camino hubiera habido alguna propuesta desde el poder central. No son los únicos que no lo entienden. En la Diada de hace dos años, compartí mesa con un grupo de funcionarios europeos de alto nivel. Habían visto con sus propios ojos la inmensa manifestación -otra más- de aquel mismo día en Barcelona y uno de ellos, hoy embajador de un importante Estado, me preguntaba: “¿Cómo es posible que desde el gobierno de Rajoy no se haya producido ni una sola oferta para encontrar una solución política a un problema evidentemente político?”.

Rajoy, ese irresponsable que ha empleado miles de horas más en leer el Marca que en buscar un punto de encuentro con las autoridades catalanas, sigue impertérrito hablando de su disposición al diálogo para añadir que hay algo sobre lo que no puede hablar ni dialogar, porque él no puede disponer sobre la cuestión de revisión del concepto de soberanía consagrado y cerrado con candado entre los artículos 2 y 8 de la Constitución de 1978.

España tiene un problema político de altísimo calado, que pone en cuestión su “indisoluble unidad”. Porque que 2.266.498 ciudadanos, más del 43% del censo, hayan votado en un referéndum para cuyo fracaso se pusieron todos los medios y miedos, que como era ilegal no tendría consecuencias efectivas, y en torno al cual, una vez abiertos los colegios electorales, se desplegó una represión que no se veía desde los tiempos más duros del franquismo, constituye en sí la manifestación de un problema político en el que se encuentra movilizada una gran parte de la población catalana.

Hay que decir que las mesas que no se cerraron o no se pudieron constituir representaban a 770.000 votantes, muchos de los cuales habían ejercido su voto y ya no podrían votar (porque aunque se puso en marcha el sistema de censo universal, el sistema no dejaba votar más de una vez, aunque fuera en un colegio electoral diferente). Y mucha gente, sobre todo de cierta edad, no se iría a una localidad diferente a votar, y menos en un día de lluvia, por lo que una gran parte de esos votantes se perdieron.

Un segundo dato, que complementa el anterior. Allá donde no se produjo una retirada de urnas, la participación fue abiertamente superior. Sin embargo, como no se tienen resultados de mesas no constituidas o cerradas violentamente, no se pueden aportar datos concretos del que hubiera sido su impacto.

 

LA FUERZA DEL

SÍ También resulta relevante la fuerza del sí en el referéndum del 1 de octubre. Con los datos finales, resulta que para que el sí no ganara, la participación se habría de elevar a aproximadamente el 75% del censo y, además, todo ese 32% de censo añadido tendría que votar unánimente no. Un dato importante para calibrar lo que está sucediendo en Catalunya y el sentimiento de la gente, sean partidarios del sí, del no o de la abstención.

Lo sucedido tras el referéndum se ha podido seguir en los medios; además con un cierto grado de ponderación, porque hay algunas cadenas de televisión estatales que finalmente aceptan algo tan básico como dar voz a los representantes de los diferentes sectores políticos catalanes. Se han precipitado acontecimientos, sobre todo en la esfera de los poderes económico-financieros, y la presión sobre el president Puigdemont y su gobierno ha sido asfixiante para que retrasara la definitiva Declaración de Independencia, mientras la Unión Europea se lavaba tímidamente la cara de su increíble absentismo condenando la salvaje represión sobre los votantes (¿qué podía hacer, una vez que lo había visto todo el mundo?) e inhibiéndose, una vez más, en aras al respeto al marco constitucional español.

Resulta obsceno este marco de presión sobre las empresas. Uno puede llegar a entender la posición de entidades financieras que soportan una presión terrible, basada en el mero hecho -ojo al dato- de su origen catalán; pero que el Gobierno español airee el traslado de empresas fuera de Catalunya mientras aprueba un decreto para facilitar en modo exprés ese cambio, resulta bochornoso. Y doblemente bochornoso que esa autopista para deslocalizar fiscalmente empresas (otra vez sin peaje, eso queda para Catalunya), la pongan en marcha los mismos que cuando en 2005 Gas Natural se quiso quedar con Endesa salieron a defender la españolidad de Endesa al grito de “antes alemana que catalana” y se fueron a buscar a la alemana E-On para que se quedara con Endesa, que finalmente quedó en manos de la italiana Enel.

De aquellos polvos, estos lodos. Guerra sucia económica, guerra sin cuartel del PP contra el Estatut, con recogida de firmas ya en el 2005, recurso contra el Estatut votado en Cortes, refrendado en referéndum y firmado por el rey (2006), crisis de infraestructuras (2007), llegada de la gran crisis económica que pone en evidencia, aún más, la infrafinanciación de Catalunya, primeras consultas populares que siguieron al referéndum del Estatut recortado (2009), sentencia del Constitucional (2010) y primera gran manifestación, a la que han sucedido tantas a lo largo de estos años, encuentro Rajoy-Mas (2012), en el que Rajoy rechaza hablar de un pacto fiscal… A partir de ahí, un mar de gente organizada desde 2012 en torno a la ANC y Ómnium Cultural, que hizo bascular el centro político catalán hacia la reclamación de un Estado propio, hasta 18 intentos por las vías constitucionales de acordar una consulta en Catalunya, y finalmente, las elecciones de septiembre de 2015 y el compromiso con llevar al país a la independencia, sin perjuicio de reclamar el diálogo hasta el último minuto.

Cuando Zapatero se cargó él solito una solución federal porque se le sublevaban los suyos a pesar de tener, en teoría, federalistas mandando en España y Catalunya, también se hablaba de ley y democracia. Cuando la sucesión de acontecimientos, ciertamente en forma de tormenta perfecta, nos ha llevado hasta la ruptura total, se vuelve a hablar en términos de “sin ley no hay democracia”, e intentan vender al pueblo español que millones de catalanes están abducidos por algún caudillo de turno. Lo dicen quienes, por ejemplo, defienden tanto la ley que han enviado miles de agentes a apalizar votantes en un territorio en el que no tienen competencia, como bien argumentó Mikel Legarda en el Congreso. Esto tampoco les vale, nada les vale. Frente a un diálogo de fondo, han impuesto el monólogo de sordos de La Moncloa. Y han convertido la ley, la norma, en un dogma a defender sin fisuras, so pena de detenciones, palizas, querellas, multas millonarias y cárcel. Y se extrañan de que haya quienes quieren huir del territorio del dogma.

DEIA