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Luces y sombras del Convenio PDF Imprimir E-mail
Juan Carlos Longás García   
Martes, 23 de Enero de 2018 11:58

Como ocurre con cualquier asunto en Navarra, del más banal al más relevante, la actualización del Convenio ha traído consigo multitud de debates y discusiones, tanto sobre el resultado de la negociación en sí como sobre el destino de los fondos que revierten de golpe a Navarra. Un hecho llamativo es que gentes que hasta ahora reclamaban sistemáticamente transparencia y consenso frente a quienes se apropiaban del Convenio y se dedicaban a adjudicar credenciales de buenos y malos navarros, parecen haber asumido, a su vez, tal papel, colocando en el lado de la anti-Navarra a cuantos se permiten objetar o matizar el discurso triunfal. Y pese a lo que pudiera parecer, tampoco las circunstancias en que se ha desarrollado la negociación son nuevas. El precedente más cercano es el de 2010, firmado en 2011 y en el que se cerraron las cuentas de 2007, 2008 y 2009 con un cuantioso saldo a favor de Navarra. Y salvo la de 2010, no se ha firmado ninguna actualización del Convenio, ni siquiera en el año inmediatamente posterior al del vencimiento del quinquenio.

Ciertamente, hay resultados positivos en la negociación, aunque sin grandes saltos ni rupturas con la trayectoria previa, lo que no debe sorprender dado el elevado componente técnico de los temas a tratar. Se ha mejorado sustancialmente el método de estimación de los ajustes del impuesto sobre hidrocarburos, al igual que la fórmula del ajuste del IVA: se incrementa el porcentaje de imputación (consumo relativo de Navarra) del 1,699 al 1,76% y se modifican los demás parámetros en un sentido favorable.

También baja, todo hay que decirlo, en un 13% la valoración de las competencias ejercidas en materia de policía. De hecho, el módulo por policía negociado para 2015 (50 873,95 euros) es un 11% inferior al de 2010 y un 18% inferior al de 2005.

La otra gran partida, junto con el ajuste del IVA, de los flujos financieros con el Estado, la aportación, presenta más sombras. Desde el punto de vista de la trayectoria histórica podemos calificarla de continuista. Ahora bien, si atendemos a las declaraciones del Gobierno de Navarra y a la hipótesis del consejero Aranburu del sobrecoste que estaba soportando Navarra, el resultado es pobre.

En su momento el Gobierno hizo pública la famosa horquilla de 341-494 millones en la que se debía mover la aportación. En realidad, el límite inferior corresponde a la estimación correcta y los 494 millones al escenario negativo, por lo que el resultado debería estar más cerca del mínimo que del máximo. Ahora bien, para probar la bondad del acuerdo se ha comparado esta horquilla con el resultado final, descontando la compensación por los impuestos del sector eléctrico, esto es, 480 millones. Visto así, el resultado estaría dentro de la horquilla, aunque muy cerca de lo que se consideraba el “escenario negativo”. Pero no es así. Veámoslo.

El índice de imputación, es decir, la aportación de Navarra a las cargas no asumidas, es del 1,6%. Aranburu, en una maniobra incomprensible, propuso de partida incrementarlo al 1,69%, algo que, afortunadamente, no cuajó, porque hubiera sido catastrófico para Navarra. Pues bien, la horquilla está calculada con un índice de imputación del 1,69%. Para homogeneizar datos y poder comparar el resultado final con la horquilla tenemos dos procedimientos.

El primero, volver a calcular la horquilla con el 1,6%. En este caso hubiera estado entre 163 y 307 millones. Por tanto, ese resultado final de 480 millones queda muy lejos de lo pretendido.

El segundo método consiste en aplicar el 1,69% a los datos finalmente negociados y compararlos con la horquilla original. El resultado hubiera sido de 670 millones (701 menos los 30 de los impuestos del sector eléctrico), muy lejos nuevamente del límite superior de la horquilla. No hay, pues, mucho margen para ese triunfalismo oficial desaforado.

La base sobre la que se calcula la aportación es el gasto del Estado en competencias no asumidas por Navarra. Pues bien, esa magnitud también tiene una evolución curiosa: mientras en 2005 representaba el 60% del gasto total del Estado, en 2010 fue del 71% y en 2015 del 75%. La diferencia hasta 100 es el ámbito de competencias que ejerce Navarra y, por tanto, la amplitud de su capacidad de decisión. Cierto que el elevado endeudamiento del Estado y la consideración de la carga de la deuda (intereses y amortización) como competencias no asumidas explica en buena medida esta evolución. Pero ello no mitiga un ápice lo crudo de la situación. A pesar del mito y de las grandes palabras, no hay muchos motivos para el optimismo. La profundización del autogobierno debería implicar una reducción de ese porcentaje que, por el contrario, se incrementa. Esto debe ser una llamada de atención frente a la tentación de posiciones acomodaticias, la asunción acrítica de discursos sin contenido o la preeminencia buscada de la liturgia sobre los contenidos en beneficio de la inacción.

El Convenio es una buena herramienta que hay que desarrollar y defender (de cumplirse los pronósticos demoscópicos es posible que se aproximen malos tiempos), pero limitada y con claras carencias. Para empezar, y por mucho que la gestión corresponda a la Hacienda Foral, la totalidad de la capacidad de decisión en materia de impuestos indirectos, hoy día la mayor parte de la recaudación, está en manos del Estado y Navarra apenas puede hacer más que copiar en sus reglamentos lo que aparece en el BOE. Por no hablar de la imposibilidad material (Tribunal Constitucional mediante) de desarrollar políticas propias en ámbitos tan sensibles como los que afectan directamente al bienestar de las personas (atención a personas sin papeles o prestaciones farmacéuticas a personas sin recursos, por ejemplo). El propio debate sobre el destino de los 215 millones que retornan a las arcas forales es significativo. De aplicarse literalmente y a rajatabla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como pretende el Gobierno de Navarra, nos encontraríamos con la aberración de que el Estado se dedicaría a retener fondos que no son suyos para pagarlos de golpe y que sólo se puedan destinar a reducir deuda, mientras nadie controla el cumplimiento por Montoro de la regla de gasto y debemos seguir pagando religiosamente la deuda desbocada del Estado.

Si realmente se aspira a aumentar nuestra capacidad de decisión, no ya en los grandes temas sino en el día a día que resulta decisivo para el bienestar de la población, queda bastante camino por recorrer.

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