¿Quién no tiene respuestas?

Somos así. Habíamos esperado fecha y pregunta con impaciencia e inquietud. Siempre con ese punto de desconfianza en nosotros mismos. Pero justo el viernes por la mañana las conocimos, y, sin tiempo para disfrutar del instante de épica serena que nos regalaban nuestras instituciones desde el Palau de la Generalitat, ya nos perseguían nuevas impaciencias e inquietud. ¿Quieres decir que se podrá hacer el referéndum? ¿Ganará el sí? Y si se vota sí, ¿cómo gestionaremos al día siguiente? Ciertamente, son preocupaciones razonables. Más que en un “proceso” -es decir, en una “sucesión predeterminada de fases”-, estamos en una exploración, en una gran aventura inédita y, todavía no hace diez años, impensable. Desde el principio, ha sido más claro el horizonte final que el camino que se debería seguir.

Ahora bien, lo primero que hay que decir a quienes tienen estas preocupaciones, y muy particularmente a los que hacen una obsesiva petición de garantías al referéndum, es que, por favor, las dirijan al gobierno y las instituciones españolas. Quiero decir que, en primerísimo lugar, quien quiere limitar las garantías democráticas del referéndum es el Estado español. Es él que está forzando una unilateralidad que nuestras instituciones democráticas querían evitar y que han intentado romper de manera formal en, al menos, 18 ocasiones. Gobierno, sociedad civil y encuestas han dicho que los catalanes preferiríamos un referéndum pactado. Pero, si no puede ser pactado, también lo haremos tal como nos lo imponen: sin acuerdo previo.

Lo mismo hay que decir sobre si los procedimientos están bien estudiados o sobre cómo se gestionará el día siguiente. Por parte catalana, todo se ha estudiado con rigor hace tiempo con el apoyo de los mejores juristas. Y, sobre el día siguiente, nunca ninguna independencia se había preparado con tanto detalle, previsión y precisión. Lo que hace falta, en todo caso, es preguntarse si el Estado español sabe cómo intentará detener el referéndum. O si tiene pensado cómo gestionará el día siguiente y dos días después, cuando comiencen las negociaciones para la separación y el reparto de activos y pasivos. Y cómo administrará la frustración colectiva por el fracaso de su unitarismo. Puede que la parte catalana no sea todavía del todo transparente, por razones obvias de prudencia estratégica. Pero, con respecto a la parte española, la opacidad es total. Encerrados en un no intransigente y arrogante -tarde o temprano condenado al fracaso-, confiados en su fuerza bruta, aún no se han parado a prever la gestión de la más que probable secesión.

La prueba de esta falta de previsión se hace evidente cuando el gobierno español reacciona con mal genio por gestos irrelevantes y en cambio se hace el distraído ante pasos relevantes. Como el del viernes pasado. Más que políticamente, siguiendo el estilo impasible de su presidente de gobierno, España reacciona a golpe de asesor de comunicación, eso sí, con una unánime e ‘inquebrantable’ -término franquista intraducible al catalán- concertación mediática. ¿Ya han pensado bien qué harán al día siguiente de suspender la autonomía y cómo gestionarán la Generalitat? ¿Cerrarán el Parlamento y pondrán a Millo de gobernador de un directorio civil, como un Sala con Primo de Rivera, hasta desmantelar la autonomía? ¿No se han dado cuenta de que para dejar de pagar a los funcionarios y tratarlos como extranjeros -y por no dispararse un tiro en pie- primero deben reconocer la independencia de Cataluña? ¿Nos están diciendo que no cumplirán las leyes internacionales y se atreverán a dejar de pagar arbitrariamente unas pensiones que están obligados a abonar incluso si el pensionista se va a vivir a la Conchinchina? ¿Nos echarán fuera de Europa sin echarnos fuera de España?

Por favor, las preguntas, en primer lugar hay que hacerlas no sólo a quien es más opaco, sino a quien quiere oscurecer completamente las aspiraciones democráticas de los catalanes.

ARA