A propósito de Salesianos

En DIARIO DE NOTICIAS del pasado domingo 27 de agosto, Carlos Pérez Conde comentaba el impacto visual que provocará la construcción de 400 viviendas en el emplazamiento ocupado actualmente por Salesianos, y otros aspectos al respecto. ¡Totalmente de acuerdo!

Puede señalarse igualmente que nada preocupó ni a institución política, ni a la religiosa, ni a empresa constructora la calidad de vida de los residentes actuales ni futuribles, saturación de tráfico (que ya sufren los accesos a la zona, Baja Navarra, calle Amaya…), aumento de contaminación acústica y ambiental, dificultades de aparcamiento (aunque, claro está, se hagan subterráneos)…

Pero qué se puede esperar de unas entidades que solo entienden y contemplan derechos crematísticos.

Consintió la transacción una administración que demostró con creces el valor que daba al patrimonio histórico y el respeto a la ciudad que había sido capital del reino con actuaciones como las de la Plaza del Castillo, retirada del adoquinado, cambio del modelo de farolas del casco histórico, necrópolis de calle Mayor y un largo etcétera que no solo afectó a gran parte de los hallazgos arqueológicos, sino también a la posibilidad de investigaciones que dieran luz a nuestro pasado.

Todo ello esgrimiendo el potente argumento de la modernización. Y, claro está, cargando a la ciudadanía los costes de obras, costas de pleitos e indemnizaciones a concesionarias de aparcamientos.

Acepta el proyecto millonario parte de una institución eclesiástica que ha sido capaz de inmatricular como propios bienes de la colectividad, patrimonio histórico, e incluso vender parte de ello. ¿Cómo pueden pretender que se les considere ser transmisores de valores ni humanos, ni espirituales cuando lo importante es el dinero?

Adquieren el espacio unos constructores que, lejos de intentar armonizar su obra con el entorno, contribuir a la calidad de vida de la ciudadanía, y mejorar el aspecto y personalidad de la ciudad, solo se preocupan de rentabilizar al máximo sus beneficios. Como ha ocurrido en los entornos de la ciudad. ¡Cuántas más viviendas mejor!, aunque ello provoque destrucción de buena tierra de cultivo, desplazamiento de población, vaciando el casco histórico (en lugar de rehabilitarlo) y creando crisis de servicios (en unos lugares sobran y a los nuevos hay que dotarles de ellos).

Finalmente interviene un sistema judicial que ignora los derechos de la ciudadanía y patrimonios colectivos, se centra en unos aspectos legales elaborados por poderes neoliberales para beneficiar a los pudientes.

¿Dónde están las ordenanzas municipales que obliguen a construir respetando determinadas características? ¿Dónde los artículos de ley que exijan responsabilidades a políticos que actúan a espaldas de la ciudadanía con criterios partidistas e intereses propios, descapitalizando las arcas públicas?

 

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