Garoña marca el futuro de la energía nuclear

EL Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el pasado 8 de febrero un dictamen favorable para la reapertura de la central nuclear de Garoña, situada en el valle burgalés de Tobalina y muy cerquita de Euskadi, la más antigua del Estado Español y paralizada desde 2012. Da luz verde, pero con condiciones: la apertura solo será posible si el operador de la planta Nuclenor (empresa propiedad de Iberdrola y Endesa) cumple con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Sin duda, detrás de la reapertura de Garoña está el hecho de que esta central puede hacer de punta de lanza para el resto del sector nuclear en el Estado Español. Si Garoña consigue los permisos para operar más allá de 40 años, se abre un precedente para las centrales nucleares que están actualmente en funcionamiento y que de no ser así tendrían que empezar a cerrar a partir de la próxima década al rebasar ese límite temporal. Concretamente, se trata de las centrales de Almaraz I (2012), Asco I y Almaraz II (2023), Cofrentes (2024), Asco II (2025) y Vandellós II (2028). De esta manera, se está abriendo un precedente sin que exista un debate público sobre el futuro de la energía nuclear.

La central de Santa María de Garoña es la avanzadilla. Su aportación real -con una potencia de 466 megavatios-, es muy pequeña, cuando estaba en funcionamiento solo producía el 1% de la potencia eléctrica instalada en el Estado Español, y está amortizada, por lo que su cierre no debería costar un euro a los ciudadanos. La amortización de las centrales nucleares más antiguas se produjo en torno a los 25 años de funcionamiento, gracias, en buena medida, a las aportaciones extras que ha recibido la energía nuclear en el Estado Español. Hasta 1997, funcionaba el Marco Legal, en que se pagaba el kilovatio/hora (kWh) al precio fijado por el productor. Además, las empresas poseedoras de las centrales recibían unos pingües ingresos directos o indirectos por lo pagos de la moratoria nuclear, por el almacenamiento del uranio, y por la gestión de los residuos radiactivos.

Durante los cuatro años que ha estado la central nuclear de Santa María de Garoña sin generar electricidad no ha habido problemas de suministro eléctrico, ni mucho menos, ya que en estos momentos el sistema energético español está sobredimensionado y cuenta con más potencia instalada que la energía que se consume. No hay riesgo en absoluto de suministro si la central nuclear de Garoña sigue cerrada, al igual que tampoco si se cierran las otras cinco centrales nucleares actualmente en funcionamiento.

La decisión es muy grave, inaceptable y extraordinariamente irresponsable, porque el propio CSN conoce las deficiencias de la central. El estado de la central es lamentable y no hay más que ver los propios informes del Consejo para ver en qué estado están los sistemas de seguridad, cómo la corrosión del circuito primario, que se ha reparado en muchas ocasiones, sigue avanzando. Además, se trata de la primera vez que el CSN ha concedido un permiso con carácter previo a la realización de las modificaciones.

El CSN ha propuesto para volver a abrir la central un amplio plan de reformas que supondrá un coste de unos 200 millones de euros. Entre estas reformas incluye cambiar el cableado eléctrico de la planta o asegurar el techo de la sala de turbinas. Pero el núcleo de la central es el que es, al igual que el circuito primario.

La central nuclear de Garoña es de agua en ebullición e idéntica al primer reactor de la central japonesa Fukushima -ambas centrales fueron conectadas a la red el mismo año, en 1971-, que sufrió en 2011 de uno de los accidentes más graves de la historia nuclear. Esto quiere decir que el circuito se pasea por toda la central, por lo que una rotura significa un escape radioactivo fuera de la cúpula donde está contenida la mayor parte de la radiactividad. Por otra parte, está situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña y Navarra; y la nube radiactiva llegaría a Euskadi.

Uno de los argumentos utilizados por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para favorecer el permiso de la reapertura y extender el parque nuclear más allá de los 40 años es económico, aunque la energía nuclear operaría a la baja solamente si es capaz por sí sola de desplazar la demanda, que es de alrededor de 7.400 kilovatios, algo que es complicado. Lo que sí es verdad es que en el actual mercado eléctrico español las nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

La electricidad renovable, sea de origen eólico, hidráulico o solar, es más barata que la nuclear. El problema fundamental de que la factura eléctrica sea más cara y que haya subido hasta cuatro veces en el último año -de 24,1 euros en abril de 2016, se ha pasado a 91 euros en enero de 2017-, es que se ha paralizado prácticamente la generación solar, resultado de la política aplicada en los últimos años a base de no conceder ayudas y poner enormes trabas. ¿A quién se le ocurre poner un impuesto al sol? Sin duda, hay mucho sol en la Península Ibérica. ¿Cuál es la potencia instalada? Hay instalados solo 4,5 gigavatios de potencia solar porque con el gobierno del PP se paralizó en seco su implantación. Alemania, por ejemplo, que tiene bastante menos sol que el Estado Español, tiene 40 gigavatios, diez veces más. Puede que haya habido menos viento o lluvia, como ha dicho el ministro de Energía, pero que no nos digan que la subida de la luz es un problema ocasionado por la escasez de lluvia y la falta de viento: es debido a la política energética del gobierno del PP. Estos periodos de cambios meteorológicos, en los que hay sol, pero llueve poco y baja el viento, serían compensados sin ningún problema por la solar termoeléctrica y la fotovoltaica.

No son pocos los estudios que consideran factible contar en 2050 con un parque eléctrico completamente desnuclearizado formado exclusivamente por energías no contaminantes, que darían además trabajo a cientos de miles de personas entre empleos directos e indirectos. Sería posible seguir el ejemplo alemán y proceder al cierre programado y progresivo de las centrales con un despliegue planificado de las energías renovables y, si hubiera alguna carencia, podrían completarse con el gas natural de forma transitoria. Ocurre que las centrales nucleares son un gran negocio para las compañías eléctricas, cuyas instalaciones amortizadas son las que determinan esos beneficios.

Sea lo que fuere, y a pesar de que la sociedad y las instituciones vascas se han movilizado y pronunciado en repetidas ocasiones en contra de la central nuclear de Santa María de Garoña, se viene haciendo caso omiso a la exigencia de su cierre definitivo.

DEIA